Institucionalizando el retroceso, por Oswaldo Molina

Cuando uno piensa cómo el Estado puede ayudar de manera concreta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, casi de inmediato viene a nuestra mente la capacidad de transformar vidas de los servicios públicos de calidad. Piensen por un minuto cuán transformador puede ser para un peruano vulnerable contar con un Poder Judicial probo, una educación y salud pública de primer nivel o sencillamente agua potable en su vivienda. Sin embargo, si algo nos enseñó la pandemia, es precisamente que no basta con contar con recursos económicos para alcanzar buenos servicios públicos. Es necesario tener capacidad de gestión y un verdadero compromiso contra la corrupción (recuerden, por ejemplo, cómo a pesar de que el presupuesto público de salud se ha más que triplicado en la última década, ocho de cada diez establecimientos de salud del primer nivel de atención tienen todavía una infraestructura inadecuada). Ahora bien, detrás de los servicios públicos –y justamente de la capacidad de gestión y de la lucha anticorrupción– se encuentran personas. Personas que toman decisiones en diversos puestos del engranaje estatal. De ahí que llame tanto la atención la poca idoneidad de muchos de los altos funcionarios públicos designados por este gobierno. Nada más alejado del pueblo que un funcionario público que, sea por incapacidad o por intereses subalternos, no esté a la altura de sus responsabilidades y termine por afectar el bienestar de los peruanos, en especial de los más pobres. De hecho, los peruanos ya venimos siendo testigos de las consecuencias negativas del retroceso en la gestión del aparato público: tanto en cuestiones cotidianas, como la renovación del pasaporte o de los documentos de identidad, como en la persistente caída de la inversión pública.

Pero vayamos por partes. El primer Gabinete de este gobierno estuvo conformado en su mayoría por funcionarios sin ningún tipo de experiencia en la administración pública y solo uno de cada cuatro carteras ministeriales fue asumida por personas que alguna vez ocuparon altos cargos en el sector público, la tasa más baja entre los primeros Gabinetes a lo largo de la última década. Los siguientes Gabinetes no mejoraron mucho la situación. No solo es la primera vez en 20 años que se nombra a cuatro Gabinetes en poco más de seis meses de gobierno, sino que se ha vuelto costumbre que, junto con la designación de funcionarios cuestionados, tengamos que ver desfilar a diversos trabajadores públicos con su carta de renuncia. Más grave aún, de acuerdo con la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, el gobierno de Castillo acumuló para enero al menos 60 designaciones de altos funcionarios seriamente cuestionados. De estas 60, 40 tuvieron que dejar sus cargos tras destapes periodísticos u observaciones de la contraloría. Nadie intenta plantear que antes el Estado Peruano era un paraíso de eficiencia e integridad, pero es innegable el retroceso en esta área. No obstante, no se trata únicamente de malas designaciones en altos puestos. El problema va más allá e incluye la falta de apoyo a la reforma del servicio civil. En efecto, se busca adscribir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a Servir, entidad que, a pesar de sus propias limitaciones, busca liderar la modernización de la carrera dentro del aparato estatal. Como es evidente, este movimiento debilita a la institución y atenta directamente contra la posibilidad de atraer talento al servicio civil y construir un mejor Estado en el país.

En el fondo, parece que estuviésemos presenciando la institucionalización de un proceso de desarticulación de la función pública. Y esto, como es de esperar, tiene consecuencias. Para comprobarlo, basta con ver que, en los últimos cinco meses, la inversión pública –esa que construye carreteras, escuelas y postas médicas– ha venido registrando una importante desaceleración. Así, por ejemplo, según el Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión pública en febrero del 2022 fue de S/1.725 millones, lo que representa una caída del 20% en comparación a similar mes del 2021. Para entender la magnitud del problema, el monto que se ha dejado de invertir desde octubre del 2021 respecto al mismo periodo del año anterior es de alrededor de S/2.179 millones, una cifra que hubiese permitido construir 43 escuelas o 108 centros de salud con equipamiento básico. Y es el gobierno nacional el que viene reportando una mayor caída en la ejecución pública que los gobiernos regionales y locales. Esta parálisis atenta contra las proyecciones de crecimiento de este año y, sobre todo, contra las posibilidades de recuperación de las familias peruanas.

Convocar a los mejores y fortalecer al Estado debe ser entendido como un paso ineludible y urgente para construir un sector público cercano a las necesidades de los peruanos de a pie. Lo contrario, en cambio, solo implica darles la espalda.