Las denuncias que comprometen a importantes funcionarios de este gobierno parecen nunca acabar. A aquellas que tienen que ver con las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre y enero últimos, se han sumado hace poco las vinculadas a la concesión a dedo –dejada ya sin efecto ante el escándalo– de los lotes I, VI y Z-69 a Petro-Perú, y otras relacionadas con la cercanía de alguno de los ministros recién nombrados al prófugo exmagistrado de la Corte Suprema César Hinostroza, cabeza visible de Los Cuellos Blancos del Puerto.
La lista, como se sabe, es más extensa, pero no por eso deja de sorprender el añadido de un caso que hemos conocido solo días atrás y que coloca al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en una situación difícil. El programa periodístico “Panorama”, en efecto, propaló el domingo un reportaje en el que se revelaba que dos personas allegadas a él –Rosa Rivero Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez– obtuvieron contratos con el Estado tras haberlo visitado en su despacho.
A favor de Rivera Bermeo se emitieron en Devida –órgano adscrito a la PCM– dos órdenes de servicio por un total de S/54.000 en marzo de este año (la primera de ellas, una semana después de haberse reunido con Otárola). Y a favor de Pinedo Vásquez se emitieron en el Ministerio de Defensa (sector del que el actual primer ministro también fue titular) dos contratos por S/53.000 en febrero y mayo de este año.
La información ha llamado inmediatamente la atención del Ministerio Público, que realizó antes de ayer una diligencia para recabar documentos en la Presidencia del Consejo de Ministros y en Devida, y en la contraloría, que ha designado un equipo de auditores para iniciar indagaciones al respecto. Pero, en general, la pregunta que debemos hacernos es si la secuencia entre visitas al despacho del señor Otárola y la concesión de contratos con el Estado ha sido solo un trance afortunado para las personas mencionadas, o si existe allí una relación de causa-efecto.
Por lo pronto, las respuestas que dan a esa interrogante los directamente involucrados solo alimentan las suspicacias. Mientras Rivero asegura que fue a visitar al ministro para saludarlo y felicitarlo por su nombramiento (ocurrido algunos meses antes), este último ha dicho: “¿Qué tiene de malo que una persona se reúna con una persona [sic] para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos, si interesa o no la institución?”. ¿En qué quedamos entonces? ¿Fueron visitas puramente amicales o tenían como propósito establecer una posible relación de trabajo? Según Otárola, además, “se está cuestionando que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios con ellos”. Una afirmación que sugiere que decisiones como las que nos ocupan estarían habitualmente tomadas antes de siquiera citarse con las personas que finalmente se verán beneficiadas por ellas.
Y aun si lo que el ministro sostiene fuera cierto, ¿se toma él acaso el trabajo de revisar los currículos de todos los que aspiran a conseguir un contrato en alguna dependencia del Estado? ¿O estamos ante un trato privilegiado?
La verdad es que la defensa que ha ensayado el presidente del Consejo de Ministros es bastante deficiente. Sucede con sus palabras (“no se ha cometido ningún acto irregular”) lo mismo que con aquellas que ha pronunciado para descartar que las facultades legislativas que el Gobierno le está solicitando al Congreso esconden una intención de amedrentar a la prensa: son solo palabras. Los hechos sugieren algo distinto.
Al ser consultados por este Diario, los abogados penalistas Enrique Ghersi y Andy Carrión han coincidido en que este caso podría motivar una investigación por tráfico de influencias, delito que se sanciona hasta con ocho años de cárcel cuando implica a un alto funcionario público. Todo esto, además, sin perjuicio de lo que este inquietante asunto pueda provocar de inmediato en el terreno político. Las sombras sobre esta administración, como decíamos al principio, parecen nunca acabar.
