Los otorongos pegan la vuelta

Dos días atrás, el Congreso aprobó en primera votación la restitución de la inmunidad parlamentaria, la polémica figura que protagonizó varios de los escándalos congresales más recordados de las últimas décadas y que fue eliminada, no sin resistencias, en el 2021. Aunque todavía falta que la medida sea ratificada en una segunda votación, es evidente que conseguirá los apoyos necesarios, pues varios de los congresistas actuales aspiran a convertirse en senadores o diputados en el 2026 y, en esa medida, no están haciendo otra cosa que asegurarse una coraza para los próximos años.

Esta figura se había convertido en la herramienta perfecta para practicar aquello de otorongo no come otorongo, y promover la impunidad en el hemiciclo.

Como se recuerda, en el quinquenio en el que se eliminó, la inmunidad parlamentaria sirvió para retrasar el arresto del ex comandante general del Ejército Edwin Donayre, condenado por una trama de robo de gasolina en la institución castrense. Pese a que la sentencia debía ser ejecutada de manera inmediata (como pasó con todos sus coprocesados), Donayre se benefició de la complicidad de sus colegas del momento, quienes recurrieron a leguleyadas para no autorizar su detención. Cuando lo hicieron, ya se había fugado. Un caso parecido fue el de Benicio Ríos, quien en diciembre del 2017 fue condenado por colusión por hechos que nada tenían que ver con su desempeño parlamentario, sino que databan de su etapa como alcalde de Urubamba (Cusco). Su inmunidad recién fue levantada en agosto del 2018, cuando ya se encontraba en la clandestinidad.

Según un informe de Proética, entre el 2006 y el 2019, el Poder Judicial le solicitó al Congreso que levantara la inmunidad de alguno de sus miembros en 40 ocasiones y solo recibió una respuesta favorable en seis oportunidades. De haber seguido vigente la inmunidad parlamentaria en este período, por ejemplo, no se habría podido procesar ni capturar –sin autorización del Congreso– a los congresistas Freddy Díaz (hoy preso por violación) y Wilmar Elera (condenado por colusión).

Resulta desvergonzado que una representación nacional llena de mochasueldos y ‘Niños’, y que ha practicado el blindaje sistemáticamente desde la Comisión de Ética o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, argumente ahora que sus integrantes necesitan mayor protección. Todo parece indicar, en fin, que en el 2026 no solo asistiremos al regreso del sistema bicameral, sino también a la vuelta de los otorongos en el Parlamento.