Sin héroes

Cuando hace más de seis años se creó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en sustitución del desacreditado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se dijo que el nuevo organismo responsable de los jueces y fiscales del Perú daría mayor predictibilidad y confianza al sistema de justicia. La saga de su confrontación recurrente con el Ministerio Público, sin embargo, sugiere que las expectativas fueron quizá demasiado optimistas.

Esta semana, la JNJ suspendió por seis meses a Delia Espinoza de los cargos de fiscal de la Nación y fiscal suprema. El motivo fue el desacato de una orden anterior de la JNJ que anulaba la destitución de la fiscal suprema Patricia Benavides. Como se recuerda, a mediados de este año Espinoza se atrincheró en las instalaciones de la fiscalía para evitar que Benavides retomara el cargo de fiscal de la Nación, como ordenaba la JNJ. En la visión de Espinoza y de sus allegados, la designación de la cabeza del Ministerio Público le compete a la Junta de Fiscales Supremos, por lo que la JNJ no tenía las facultades para reponer a Benavides. Esta última es investigada, entre otros temas, por reemplazar a la fiscal que seguía el caso de su hermana, Enma Benavides, presuntamente involucrada con una organización criminal de tráfico de drogas.

Esta no es una historia de buenos contra malos. Los ajustes por intereses particulares, las intrigas, los abusos del derecho, y otras prácticas impropias, se encuentran en ambos bandos –si bien no siempre en igual tiempo ni proporción–. La actual crisis del Ministerio Público debería ser una marca de vergüenza no solo para la organización, sino también para todo el sistema de justicia. Si esos son los comportamientos desde lo más alto de las instituciones que deberían ser ejemplares, ¿qué mensaje reciben los jueces y fiscales de instancias menores sobre lo que se espera de ellos?

La politización del sistema de justicia –y su contracara en la judicialización de la política– viene socavando mes a mes las bases más elementales del Estado de derecho, la igualdad ante la ley, y la predictibilidad de las instituciones. Pero los intereses de bando pueden más, alcanzan hasta el Congreso y el Poder Ejecutivo, y el drama, por lo tanto, no tiene aspecto de estar por concluir pronto. Y mientras más tiempo se permanezca vigente esta guerra de desgaste, donde nadie se salva, menos instituciones en que confiar nos quedarán al final del día.