Editorial: Más cabos Sueltos

El 30 diciembre, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció la suspensión por seis meses del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. La buena noticia fue rápidamente opacada por las sorpresivas declaraciones con que el suspendido fiscal respondió a la medida, revelando que hacía “48 horas” que el gobierno sabía que el prófugo Martín Belaunde Lossio se encontraba en Bolivia. Inmediatamente después, empezaron a sucederse, casi sin tregua, una serie de declaraciones contradictorias que dejan la sensación de que el iceberg de esta historia sigue estando, casi por completo, bajo el agua.

En efecto, lo que siguió al anuncio de Ramos Heredia fue una conferencia de prensa del ministro del Interior, Daniel Urresti, quien acusó al suspendido fiscal de poner en peligro una eventual captura del prófugo. “Estábamos seguros […] que se podía dar la posible noticia para Año Nuevo”, afirmó.

Al día siguiente de ambas declaraciones, este Diario conversó con el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia, César Siles, quién nos contó que Belaunde Lossio (cuya fecha y lugar de ingreso a ese país son desconocidos) se había acercado a sus oficinas en La Paz el 15 de diciembre a solicitar refugio. Siles nos dijo (en conversación grabada) que, ante este pedido, se comunicó con Interpol Bolivia, donde se le informó que el prófugo no tenía orden de captura internacional (“alerta roja”), por lo que procedió a citarlo para una entrevista el 5 de enero. Habiéndose producido la solicitud de Belaunde Lossio sin que existiera una orden de captura contra él vigente en Bolivia, su pedido habría activado un mecanismo de protección legal que impediría que sea detenido mientras se tramita su solicitud de refugio.

¿Cómo el hombre más buscado del país pudo escaparse a Bolivia cuando el ubicuo ministro Urresti había declarado estar “obsesionado” con capturarlo y, de hecho, desear que no se entregue a la justicia para ser él quien lo detenga y lleve frente a ella? ¿Fue solo un caso de aprovechamiento de “fronteras porosas”, como lo ha dicho el ministro Figallo? Por otro lado, si no existía una “alerta roja” en Bolivia, como le informaron en la Interpol de su país al jefe de la Conare, ¿resulta verosímil que el ministro Urresti estuviese seguro de poder capturarlo antes de Año Nuevo?

Es cierto que el ministro Figallo y el canciller Gonzalo Gutiérrez manifestaron, en la tarde del 31 de diciembre, que la orden de captura internacional fue pedida a Interpol en setiembre. El ministro Urresti, además, mostró un documento en el que se evidenciaría que la “alerta roja” habría estado vigente en la Central de Interpol desde ese mismo día. Pero quedan entonces estas dos dudas: ¿Por qué la orden no figuraba en la página web de la Interpol? ¿Por qué Interpol Bolivia contestó a la Conare que no existía una “alerta roja” el 15 de diciembre?

Tampoco deja de llamar la atención que tan solo 6 días antes de que Belaunde Lossio pidiera refugio en Bolivia, los presidentes Humala y Morales sostuviesen en Lima una reunión en privado para discutir “temas de interconexión ferroviaria”. ¿No es curioso que existiendo esta estrecha relación de vecindad la cancillería boliviana no avisase al Gobierno Peruano cuando el 15 de diciembre el ex jefe y financista de campaña del presidente Humala le pidió refugio? ¿Y, por qué es que el presidente Morales decidió declarar cuando estalló la noticia de la fuga de Belaunde Lossio que Bolivia no había recibido un pedido de asilo, obviando de esta forma que sí había recibido un pedido de protección, solo que bajo la forma de refugio?

Es extraña, finalmente, la versión original del ministro Urresti ya que resulta imposible según la información que él mismo brindó en una conferencia de prensa el 31 en la noche. Urresti dijo entonces, recordemos, que según un informe jurídico que él había recibido de un sargento primero de Interpol Bolivia, de acuerdo con las leyes bolivianas no se podía capturar a Belaunde Lossio así hubiera una orden de Interpol: “La orden de captura internacional, existiera o no, carece de validez en Bolivia si no ha sido emitida por un juez de ese país”. ¿Cómo esperaba entonces poder capturar al prófugo?

El ministro Urresti prometió varias veces capturar a Belaunde Lossio y declaró que la obsesión por hacerlo estaba al borde de llevarlo “al psiquiatra”. El ministro puede ahorrarse la consulta ahora que ya está claro que no será él quien capturará a Belaunde Lossio y lo llevará a la justicia (si es que ello llega a ocurrir), pero el gobierno no debería poder ahorrarse una explicación convincente al país acerca de todas estas contradicciones y misterios.