Editorial: Las contradicciones de Tía María

Si el proyecto minero Tía María se ha convertido en una gran papa caliente para el gobierno, esto es en buena medida su propia cosecha.

La demora en la entrega de la licencia de construcción –apenas un permiso administrativo que no suele ser noticia en otros proyectos mineros– agregó innecesario dramatismo al asunto y generó expectativas sobre quienes se oponen al desarrollo de la mina. Posteriormente, el viaje del propio presidente Vizcarra a la zona para el diálogo con los gobernadores regionales, lejos de calmar los ánimos y allanar el terreno para empezar eventualmente con la construcción, dio nuevos bríos a la protesta y le otorgó una cuota extra de legitimidad al anunciar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) revisaría la licencia de construcción otorgada en función a las observaciones del Gobierno Regional de Arequipa.

No puede dejar de señalarse lo contradictorio que resulta desde el Estado otorgar una licencia de construcción con la que condición que no se construya. Si la empresa Southern Perú, dueña del proyecto, decide voluntariamente postergar su construcción hasta que el clima social mejore –como en efecto mencionó que haría en una carta dirigida al Minem–, en buena hora. Sin embargo, forzar esa decisión desde el Estado trasmite el mensaje de un país en el que las decisiones institucionales se supeditan al ánimo político del momento.

No obstante, se insiste en este mensaje pernicioso desde las más altas esferas. En una visita a Moquegua la semana pasada, el mandatario afirmó que “el proyecto Tía María, si no tiene el consenso, la aprobación de la población, de los agricultores, de las autoridades, no se va a llevar adelante. Esa es la condición que hemos puesto”. Condicionar el desarrollo de un proyecto de US$1.400 millones de inversión –que ya cumplió a lo largo de años con todos los complejos requisitos legales y ambientales para operar– a algo indefinido y fuera del marco legal como la “aprobación de la población” es poco serio, y lleva impregnado un tinte más político del que debería ser aceptable en casos como estos, en los que se necesita más bien predictibilidad.

Vista así, la autorización que emitió ayer el gobierno para permitir que las Fuerzas Armadas apoyen por 30 días a la policía para mantener el orden en el puerto de Matarani, en vísperas del paro indefinido que se inicia hoy contra el proyecto minero, es el resultado necesario de una cadena de desmanejo, improvisación, y falta de convicción que ha mostrado el Ejecutivo en todo este trance, y que ha avivado, en vez de sosegado, el conflicto. La impresión general es de un gobierno reticente a apoyar el proyecto y que, por el contrario, arrastra los pies cuando sus compromisos previos y obligaciones legales le impiden cancelar arbitrariamente aquello a lo que ya dio luz verde.

Existe, por supuesto, más espacio para el diálogo entre las partes que quieran escucharse. Compromisos creíbles de inversión pendientes para el Valle de Tambo –con recursos públicos y privados– podrían ganar una mejor disposición de la población al proyecto, en tanto que redoblar esfuerzos de comunicación para calmar las dudas ambientales –sobre todo con respecto del agua– es fundamental. Todo eso requiere tiempo y esfuerzo. Ello, sin embargo, se logra con una adecuada coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, la empresa y la población; coordinación cuyo liderazgo ha ejercido hasta ahora con desgano e impericia el gobierno.

Así, la confrontación que mantiene el Ejecutivo con el Congreso no puede ni debe eclipsar el desmanejo mostrado en Tía María. El proyecto, a estas alturas, amenaza con convertirse en un emblema de la administración de Vizcarra, como lo fue en su momento el proyecto minero Conga para la gestión del presidente Humala. Hoy, aparte de las rencillas políticas con el Legislativo, la ciudadanía está pendiente del modo en que el gobierno planea encontrar una solución a un problema que él mismo ha contribuido a labrarse.