La captura, anteanoche, de Abimael Guzmán (a) “Camarada Gonzalo”, líder máximo de Sendero Luminoso y el mayor enemigo público del país, junto con sus colaboradores más cercanos, constituye el mayor hito alcanzado en la lucha contra el terrorismo en los últimos 12 años.
Por ello, hay que empezar por reconocer y saludar la eficacia de la Policía Nacional, y muy especialmente de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), cuyo jefe, el general Antonio Ketín Vidal Herrera, ha llevado adelante un trabajo esforzado y silencioso, sobreponiéndose incluso a severas limitaciones económicas, falta de equipos y otros problemas ampliamente conocidos de nuestras fuerzas del orden.
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Asimismo, debe reconocerse también que el gobierno actual ha hecho posible este triunfo contra la subversión debido a que, en su estrategia global, privilegió lo que tanto venía reclamándose: la labor de los servicios de Inteligencia, para golpear, sobre todo, a la cúpula del senderismo.
Esto tiene que ser particularmente subrayado porque, con pocos medios, pero con entrega y hasta sacrificio, el personal de la Dincote realizó lo que bien puede considerarse como una verdadera hazaña policial. Algo que la prensa ya ha calificado como la captura de la década en el Perú.
Por otra parte, tenemos que recoger el sentir nacional en el sentido de que esta es una acción que satisface a los peruanos, porque hace renacer el optimismo, tantas veces golpeado en estos largos años de una barbarie desatada por un puñado de fanáticos maoístas contra la civilización peruana. Esto es, contra los valores y principios de un pueblo que, a cada momento, ha ratificado su vocación cristiana y de paz, en contra de la crueldad y el ensañamiento de los senderistas.
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Sin embargo, aparte de señalar todos estos aspectos evidentemente positivos y alentadores, es fundamental no incurrir en un triunfalismo equivocado. Se debe ser muy claro: esto no significa la derrota de la secta terrorista más letal del mundo, como ha sido calificada, con propiedad, por los analistas. Según han advertido los que conocen de asuntos policiales, las células dispersas de Sendero Luminoso podrían acusar el golpe con reacciones desesperadas.
Por todo esto, es necesario proseguir con el trabajo para la desarticulación de esta organización asesina.
Ello implica, de acuerdo con lo mencionado por fuentes especializadas, tres cosas. En primer lugar, la unificación de los servicios de inteligencia –de todas las dependencias policiales y militares–, para potenciar el valor de la información y actuar de manera rápida y oportuna. Luego, como es lógico, la revaloración de los institutos armados y policiales, cuyos miembros deben ser incentivados, también económicamente, para que se apliquen con más énfasis en esta lucha. Y, del mismo modo, se hace imprescindible que el gobierno busque el mayor acercamiento de la ciudadanía para que se identifique y colabore en la ubicación de los terroristas seguidores del “Camarada Gonzalo”.
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Entretanto, Abimael Guzmán, que se erigió como ideólogo, fundador y conductor del sanguinario movimiento criminal, calificado por las Naciones Unidas como “genocida”, debe responder al país e incluso al mundo por la muerte de alrededor de 27 mil personas en 12 años de accionar terrorista. Asimismo, tiene que dar cuenta por una destrucción material superior a los 21 mil millones de dólares, algo equivalente a la deuda externa del Perú.
Más aun, este corruptor de mentes y de conciencias con su prédica fanática, ahistórica e inmoral, es responsable también por una crisis moral que, entre otras cosas, originó una ola migratoria de más de un millón de compatriotas al exterior. Ello, fuera de los cientos de miles de provincianos que se han desplazado hacia Lima y otros centros urbanos en busca de paz.
A todo esto, hay que agregar daños que, si bien no se pueden cuantificar, son insoslayables.
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Entre estos se puede mencionar la situación de orfandad en que han quedado miles de mujeres y niños, esposas e hijos de policías, militares o civiles muertos por la subversión; y los traumas psicológicos y sociales que ha causado la violencia en el Perú.
Desde el punto de vista legal, según lo han señalado juristas connotados, como el ex Decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Raúl Ferrero, corresponde juzgar a Guzmán en el fuero militar.
La Constitución de 1979, en la concordancia entre sus artículos 235 y 282, establece el juzgamiento precisamente en el fuero militar a los civiles que han cometido traición a la patria.
Entretanto el reciente Decreto Ley 25659 tipifica los delitos de terrorismo como traición a la patria, por lo tanto, hay una concordancia inobjetable con el texto constitucional. Luego el D.L. 25708, del 10 de setiembre último, establece que la instrucción puede realizarse, siempre en el fuero militar, en 10 días. Incluso no existe obligatoriedad de que se presente al “Camarada Gonzalo” ante el juez en el plazo de 24 horas, tal como lo prescribe el artículo 2, numeral 20, inciso g de la Constitución.
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Ahora bien, en el fuero militar, es el Consejo de Guerra el que debe determinar que ha lugar a la apertura de la instrucción; y, el juez deberá cumplir con este trámite en los diez días mencionados. Y, aun cuando en la segunda instancia no hay un plazo perentorio, la opinión del jurista es que el proceso podría durar aproximadamente unos dos meses. Esto es, quince días de investigación, diez de instrucción y alrededor de un mes en segunda instancia.
Por lo demás, es preciso advertir sobre la necesidad de que se mantenga la identidad secreta de los magistrados y fiscales que intervengan en el caso. Asimismo, huelga decir que las medidas de seguridad deben ser extremas en la custodia de este criminal.
Finalmente, la ciudadanía debe estar consciente de que la captura de Abimael Guzmán puede ser el hecho que permita el relanzamiento del plan antiterrorista. Mas, para alcanzar la pacificación nacional, la sociedad civil en su conjunto tiene que seguir enfrentando con valor y entereza a quienes actúan criminal e insanamente, como los secuaces de Sendero Luminoso.
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