Editorial: Lampazo al país

Ayer, poco después de las 9 de la noche, el presidente Pedro Castillo anunció que había aceptado la renuncia de su hasta hace pocas horas ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva. De más está recordar que la continuidad de Silva en el MTC era insostenible (los cuestionamientos en su contra iban desde su nula idoneidad para desempeñar el cargo hasta las denuncias de haber convertido al sector en una agencia de empleos para los seguidores de Perú Libre), pero ello no le resta un ápice de vergüenza a la actuación, primero, del propio mandatario, que lo designó en tal alto cargo y que lo mantuvo allí a lo largo de siete meses y cuatro consejos de ministros, y segundo, del Congreso, que se rehusó a despacharlo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.

Como recordamos, hace más de tres meses el Legislativo lo interpeló en un momento en el que el ministro acumulaba más cuestionamientos que logros en su gestión. Y aunque las respuestas que dio entonces fueron largamente insatisfactorias, algo pareció congelar a las bancadas supuestamente indignadas con su proceder y la esperable moción de censura nunca se materializó, ni como moción a ser discutida…

Anoche, finalmente, el Congreso decidió retomar dicho debate, pero este se vio interrumpido por el inesperado anuncio del jefe del Estado que mencionamos al inicio. Sin embargo, mientras se llevó a cabo, la discusión sirvió para conocer la postura de algunas bancadas y una en especial llamó la atención: la de Acción Popular.

Si ya de por sí era bastante cuestionable respaldar la continuidad de Silva hasta hace unos días, luego de lo conocido el fin de semana, no apoyar su remoción resultaba vergonzoso. Como es de público conocimiento, días atrás Karelim López le contó al Ministerio Público, como parte de su proceso para acogerse a la colaboración eficaz, que “hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva” y algunas empresas chinas. Esa mafia, según ella, se dedicaría a dirigir licitaciones en el sector. Y la verdad es que lo ocurrido en el denominado Caso Puente Tarata III y otros sugiere que sabe de lo que está hablando.

No obstante, según pudimos conocer durante el debate parlamentario por el anuncio de su vocero, Elvis Vergara, la bancada de Acción Popular había decidido abstenerse en la votación de la moción de censura contra Silva. Como sabemos, en su testimonio, Karelim López ha implicado a cinco congresistas del partido de la lampa en la presunta mafia mencionada líneas atrás. Y en el equipo acciopopulista no han hecho nada para despejar estas sombras; por el contrario, solo las han acrecentado.

El sábado, por ejemplo, publicaron un comunicado vergonzoso en el que afirmaban que respaldaban “a todos los integrantes de nuestro grupo parlamentario”. Y ayer, algunos de sus miembros, incluidos Vergara y los legisladores Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo –salpicados por la declaración de López– firmaron junto a parlamentarios de Perú Libre una moción para interpelar nuevamente a Silva, haciendo mención a las últimas informaciones que se habían difundido en la prensa (en lo que pareció un poco soterrado intento de ganar tiempo). Es junto a todo lo anterior que se debe analizar el anuncio de Vergara sobre la disposición de la bancada de no respaldar la moción contra Silva. Difícil imaginar una actuación más bochornosa.

No es la primera vez, por otro lado, que la actuación de Acción Popular deja mucho que desear. Pero su actitud en torno del escándalo desatado tras la revelación del testimonio de Karelim López y del ahora exministro Juan Silva los termina de desnudar como un partido bastante alejado ya de aquel que fundara Fernando Belaunde. Después de todo, anunciar su intención de no respaldar la defenestración de un funcionario tan cuestionado equivalía a propinarle un lampazo al país. Y el hecho de que al final este se haya ido por otra puerta no los librará de dicho oprobio.