Operadoras celulares tenían más de 4.000 líneas vinculadas a delitos: ¿qué empresas registran más casos?

Desde el año 2022, se han detectado 4.340 servicios móviles con datos inconsistentes en el registro de usuarios de empresas operadoras. Lo más preocupante son los vínculos con delitos como suplantación de identidad, fraude informático, estafa, entre otros, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Todo se descubrió durante un proceso de revisión de datos. Instituciones públicas como el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, solicitaron información de los titulares de servicios móviles para investigarlos ya que algunos estaban siendo vinculados con delitos.

Entre las principales inconsistencias detectadas, se observaron nombres y apellidos formados únicamente por consonantes, BABAAB ABA ABA; caracteres formados por letras y números, 1KABZJZB AMKSZDB A JSZVBZ; o groserías y sinsentido, “Carmen como hace”, “nene malo”, “pero calma papi” o “Haland Bolt Advíncula”. Además, existen usuarios registrados con documentos errados, como el pasaporte o carné de extranjería.

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La mayor cantidad de inconsistencias corresponden a la empresa Movistar con 4.002 casos, le sigue Entel con 152, Claro con 120, Bitel con 64 y Flash Mobile con 2. Estos casos están siendo abordados por el Osiptel a través de un proceso de limpieza del registro de usuarios, el cual ha iniciado en agosto del 2022.

"Corresponden a la empresa Movistar con 4.002 casos, le sigue Entel con 152, Claro con 120, Bitel con 64 y Flash Mobile con 2".

“Las contrataciones en su mayoría provienen de la venta ambulatoria de chips. La situación vulnera los derechos de los usuarios ya que no garantiza que se sigan los protocolos necesarios para la contratación de una línea móvil”, indicó la directora de Atención y Protección del Usuario de la entidad, Tatiana Piccini.

Señaló que, cuando los datos son inconsistentes, no se puede brindar información adecuada para la tramitación de los delitos investigados y, en consecuencia, la administración de justicia es obstruida. “Los datos errados afectan la identificación de personas involucradas en hechos delictivos”, agregó Piccini.

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En el marco de las normas del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), en el 2022, el Osiptel brindó datos de 27.984 titulares de equipos móviles a pedido del Ministerio Público por supuestas irregularidades y denuncias. Dentro de ellos, 15.827 estaban relacionados a delitos.

Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo del Osiptel, explicó a El Comercio que la entidad comparó la base de datos de los usuarios de empresas de telecomunicaciones y la base de datos de los ciudadanos inscritos en el Reniec.

“Hay una contradicción respecto a quiénes son los usuarios que realmente están contratando servicios móviles. Existen números vinculados a actividades criminales. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial quieren saber quiénes son los usuarios involucrados”, indicó.

Señaló que la venta ambulatoria de chips genera incertidumbre respecto a quién está contratando el servicio y dificulta el poder desenmascarar al que está cometiendo delitos. “Hoy en día, algunas empresas muestran rebeldía hacia el cumplimiento de posiciones legalmente existentes (...). Desde Osiptel, rechazamos este tipo de actividades comerciales que ponen en riesgo a los ciudadanos”, dijo.

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Por otro lado, sostuvo que los ambulantes son el último eslabón de la cadena y quienes toman las decisiones son aquellas empresas que pretenden defender este tipo de comercios.

El Ministerio del Interior se comunicó al respecto. “La venta de chips móviles en la vía pública, prohibida normativamente, es una modalidad comercial vinculada con la informalidad que puede generar múltiples oportunidades en favor de la delincuencia”, indicó.

La entidad agregó que los ciudadanos que contratan líneas móviles ambulatoriamente entregan su huella digital a un desconocido en la calle y corren el riesgo del robo de su identidad en transacciones que, al carecer de control y fiscalización, pueden convertirse en acciones delictivas y de organización criminal.

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El Ministerio Público se unió al llamado de la eliminación de venta de chips en la vía pública. “En el marco de la seguridad ciudadana, es necesario contratar solo de manera formal los servicios de telefonía móvil (...). El Estado, como titular de los servicios de telecomunicaciones, establece una debida fiscalización”, comunicó.

Saludó que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso haya decidido “sumarse a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad” mediante un proyecto de ley que ordena el cese de la venta ambulatoria de chips móviles y sanciona a los responsables de esta comercialización.

Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital y nuevas tecnologías, comentó a este Diario que “hay una restricción normativa vigente. Existe la posibilidad de que la cantidad de ilícitos que se pueden realizar con la ayuda de estos chips vaya en aumento (...). Por otro lado, la huella dactilar, que antes era casi invulnerable, ahora se suele replicar. Eso es algo que se debe tener en cuenta al momento de hacer futuras propuestas normativas”, mencionó.

Señaló que la huella aparece junto al nombre del comprador siempre y cuando sea una persona natural nacida en Perú y se encuentre debidamente registrada en el Reniec. “Si un extranjero viene al país y necesita un chip, debería haber alguna forma de confirmar que su pasaporte es real. Por ello, percibimos una carencia normativa. No hay cómo identificarlos, no tienes con qué contrastar”, agregó.

El experto sostiene que, si una persona comete un acto ilícito, lo máximo que las autoridades suelen hacer es investigar su número telefónico. “Si el número fue adquirido por una persona que no está identificada, probablemente no se pueda avanzar mucho. Tendrían que aplicar el reconocimiento facial o alguna otra tecnología. Hay elementos que se tienen que conseguir externamente y no se trata solamente del celular”, dijo.

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Recomienda seguir los pasos formales para adquirir un chip, ir a una tienda debidamente autorizada e identificarse con el DNI o huella dactilar activa.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), encargada de las empresas operadoras Claro, Entel, Movistar, Bitel, entre otras, explicó a El Comercio que la información reportada por Osiptel corresponde a los datos de usuarios de servicios móviles de septiembre del 2022. “Los usuarios con datos inconsistentes fueron notificados de la necesidad de actualizarlos de manera presencial, caso contrario su línea sería dada de baja. Las operadoras cumplieron tal disposición”, comunicó el equipo.

Sin embargo, AFIN resalta que no se pueden realizar validaciones biométricas de ciudadanos extranjeros, esto debido a que no se cuenta con el mecanismo para tal validación. “Lamentablemente, pese a los múltiples requerimientos realizados a Migraciones para que cumpla con el deber legal de permitir acceso a información de ciudadanos extranjeros, las operadoras todavía no pueden acceder, lo que dificulta al sector móvil validar la información, así como también genera las inconsistencias que ha reportado el regulador” agregó.

“Como sector, estamos comprometidos con velar por la seguridad de los usuarios y la ciudadanía. Sin embargo, si bien el registro de usuarios fue depurado y subsanado en el 2022, se trata de una problemática que continuará ocurriendo mientras no se cuente con los mecanismos necesarios para la validación de identidad de ciudadanos extranjeros” dijeron.