La justicia no llega para víctimas del ‘baguazo’ tras 5 años

VANESSA ROMO ESPINOZA

En Kusu, el pueblo awajun de Enrique Najantai, recordar es una obligación. Hoy, en la cancha de fulbito que hace las veces de plaza en momentos protocolares, el pueblo tendrá el acto de memoria más importante desde hace cinco años. Cada 5 de junio, los niños de la escuela primaria toman lanzas y un grupo de adultos indígenas se viste con ropa de camuflaje. La cocona es envuelta en un trapo con gasolina y la disfrazan de bomba lacrimógena. 

No es una parodia, aclara Enrique, dirigente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía (Orpian). “Es que nadie olvidará lo que pasó el día en que nos enfrentamos entre hermanos”, dice.

Sobre la cima de la Curva del Diablo, a pocos kilómetros de Bagua, Enrique cuenta esta historia mientras acomoda un pedazo de madera que yacía en el suelo seco del monte. Es la cruz que hace un año los deudos colocaron en memoria de los fallecidos el 5 de junio del 2009. 

Tanto indígenas como policías murieron en una operación policial que liberaría la carretera Fernando Belaunde Terry en Amazonas, tomada hacía 58 días en protesta por dos decretos legislativos que vulneraban las tierras de las comunidades. Lo único seguro que se sabe de ese día es que murieron 33 personas y una desapareció. Es una historia que sigue tan fraccionada como esa cruz de la colina.

LA DEMORA POR LA VERDAD

Hay cuatro procesos que el Poder Judicial ha abierto para entender qué ocurrió ese 5 de junio. Pasaron cuatro años y 11 meses para que uno de los juicios comenzara: el de la Curva del Diablo. Todos los 52 acusados por la muerte de 12 policías son civiles e indígenas.

Dos casos que aún no tienen fecha de inicio para juicio: el de la Estación 6 de Petro-Perú, donde fueron asesinados 10 policías, y el de la presunta muerte del mayor PNP Felipe Bazán.

“El caso de la Estación 6 es el que está más cerca del juicio”, cuenta el fiscal superior de Bagua, Edwin Vargas Daza. Agrega que la demora es por la cantidad de acusados que necesitaban interrogar en la investigación judicial.

El abogado del Instituto de Defensa Legal Juan José Quispe asumió la defensa de varios acusados en tres de estos casos y señala que esta demora se acentuó por otros factores que se resumen en la falta de interés de determinar culpables. 

“Tenemos un Poder Judicial que no quiere ser intercultural. Cinco años después no había intérpretes awajun ni wampis para la primera audiencia, nosotros hemos tenido que exigir la presencia de los peritos antropológicos para que expliquen algunos actos dentro de la cosmovisión awajun”, dice Quispe.

En los procesos hay indígenas, civiles y policías, pero ninguna autoridad. María del Carmen Gómez, integrante de la comisión investigadora que instaló el gobierno de Alan García para esclarecer los hechos, piensa que es absurdo porque la decisión de desalojar la carretera provino del Ministerio del Interior, entonces encabezado por Mercedes Cabanillas.

“Los nativos habían pactado retirarse ese 5 de junio a las 10 a.m. Esto demuestra negligencia”, dice. Ella elaboró un informe en minoría, ya que el oficial no responsabilizaba a ningún político. 

Cabanillas ratificó en una entrevista reciente que ella no dio la orden del desbloqueo y cree que está libre de acusaciones. “El Ministerio Público me investigó por dos años y archivó mi caso”, dijo a El Comercio.

LAS OTRAS HISTORIAS

Lejos de salas judiciales, Violeta Pittug recuerda este día como el más triste. Felipe Sabio, su esposo, era periodista awajun y murió en la Curva del Diablo. “Me llamó y me dijo que estaba ayudando a algunos heridos. Luego escuché su nombre por la radio, había muerto”, cuenta Violeta, quien estaba embarazada de 9 meses cuando eso sucedió.

Violeta Pittug recuerda a Felipe Sabio, su esposo. Él era periodista awajún y murió en la Curva del Diablo. (Lino Chipana / El Comercio)

Orfidia Mashigkash ya dejó hace tiempo que sea la justicia divina la que resuelva la muerte de su hijo David Jausito. Él tenía 19 años y estudiaba Enfermería. Hasta ahora no sabe por qué el cadáver de su hijo no tenía órganos. Nadie se lo explicó.

Orfidia Mashigkash Apatiu denuncia que a su hijo David se lo devolvieron sin órganos. (Lino Chipana / El Comercio)

El desenlace no fue diferente con los policías. Nancy Salcedo cuenta que ellos tuvieron que buscar el cuerpo de su hermano Jhonny, técnico de segunda, porque la misma policía no les quiso informar del tema.

Hoy nadie olvida, pero el recuerdo es doloroso porque no se entiende lo que sucedió. La reconciliación aún se ve lejos.

RECORDANDO A LOS CAÍDOS

Los deudos de los policías abatidos el 5 de junio tendrán hoy una conferencia de prensa donde expresarán sus reclamos tras cinco años de la muerte de sus familiares. Además, se han programado una movilización frente al Palacio de Justicia, en Lima, y una reunión en la Curva del Diablo, en Bagua.