La Defensoría del Pueblo envió un comunicado al Ministerio del Interior (Mininter) para informarle sobre los hallazgos encontrados tras la supervisión desarrollada, luego de desarrollarse el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y al posterior traslado de las personas detenidas a la Dirincri, Dircote y la División de Asuntos Sociales.
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En el documento se da cuenta de diversas situaciones irregulares que han afectado o puesto en riesgo los derechos de las personas detenidas el pasado 21 de enero.
Por tal motivo, la Defensoría ha solicitado se investiguen las denuncias de maltrato efectuadas por las personas intervenidas.
“A juicio de la Defensoría del Pueblo, corresponde al Mininter impulsar la adopción de protocolos o lineamientos policiales que garanticen los derechos de los detenidos. Resulta indispensable que los mismos cuenten con perspectiva interseccional además de los enfoques de derechos humanos, género, niñez y adolescencia, ciclo de vida, interculturalidad, discapacidad, entre otros”, se lee en una parte del pronunciamiento.
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“Las acciones de supervisión realizadas por la institución el día del despliegue policial realizado, sin la presencia de representantes del Ministerio Público ni de las autoridades universitarias, hace imprescindible incidir en la necesidad de que, durante las intervenciones y detenciones policiales, se respete el trato digno y los derechos fundamentales de las personas intervenidas”, se agrega en el oficio.
La Defensoría desataca el hecho que no se previeron ni ejecutaron protocolos o prácticas para atender la situación de las personas vulnerables que se encontraban al interior de las instalaciones de la UNMSM:
Niñas (1), mujeres gestantes (2), personas con condiciones médicas preexistentes (2) (párkinson e hipertensión), personas adultas mayores (8), personas con discapacidad y personas integrantes de comunidades campesinas e indígenas, que tienen al quechua y aimara como lenguas maternas.
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En tanto, se advirtió que, durante el despliegue defensorial, las diligencias de investigación con las personas detenidas empezaron sin la presencia de sus abogadas/os, hecho que contradice abiertamente la Constitución y el artículo 71 del Código Procesal Penal.
Además, existió ausencia de intérpretes en lenguas originarias (quechua y aimara) durante los primeros momentos de detención pese a que un número significativo de personas indígenas detenidas los requerían.
En otro punto, se verificó que en las dependencias policiales no existieron previsiones para garantizar alimentos y agua a las personas detenidas.
“Las instalaciones no contaban con la infraestructura adecuada para recibir el gran número de personas detenidas, generando hacinamiento en las celdas de varones y mujeres, destacando en gravedad que no se contara con un espacio adecuado para atender a una mujer gestante y su hija de 7 años”, resalta la Defensoría.
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