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El congresista José Balcázar es presidente de la comisión de Educación, juez destituido, tristemente célebre defensor del matrimonio infantil y autor del más reciente intento por eliminar los últimos candados para garantizar la calidad universitaria en el país.
Ayer, la Comisión de Educación debatió el dictamen decaído en el Proyecto de Ley 5805/2023, que proponía el licenciamiento permanente de las universidades, eliminando así el proceso de renovación que busca verificar la mejora de las condiciones básicas evaluadas en el primer licenciamiento. Actualmente, la Ley Universitaria N° 3022 establece que la licencia institucional es temporal, renovable y con una vigencia mínima de seis años. El proceso de renovación inició este año y las 97 universidades públicas y privadas licenciadas tienen hasta el 2024 para presentar sus expedientes ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Lo que pretendía Balcázar (Perú Bicentenario) era modificar el artículo 13 de la Ley N° 3022 para que la autorización sea de “carácter permanente”.
“La calidad es una herramienta que se ha usado en estos casos para ir contra la institucionalidad”, dijo el parlamentario para defender el proyecto que también eliminaba los requisitos de idoneidad profesional y académica para quien ocupe el cargo titular de la Sunedu.
Aunque la votación final desestimó la iniciativa (12 votos a favor, 7 a favor y una abstención), la congresista Flor Pablo (Bloque Pro Reforma Universitaria) advierte que este fue un eslabón más en la larga cadena de acciones para terminar con la reforma universitaria.
“Un sistema educativo tan precario como el nuestro necesita contrapesos, pero se han traído abajo el rol rector del Ministerio de Educación y la autonomía de la Sunedu. Lo único que nos queda es el licenciamiento institucional porque hasta el licenciamiento de carreras como Medicina se cortó. Lo que quieren es que nadie controle los negocios educativos”, dijo a este Diario la exministra de Educación.
El problema de fondo, añade Jorge Mori, ex director general de Educación Superior Universitaria de Minedu y director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), es que se intenta mezclar los conceptos de licenciamiento y acreditación para reducir las evaluaciones al servicio que brindan las casas de estudio. De hecho, el proyecto desestimado se denominaba “Ley que fortalece el sistema de acreditación universitaria”. “La acreditación apunta al cumplimiento de condiciones para la excelencia y el licenciamiento a las condiciones mínimas. Son dos procesos diferentes que el Congreso ha intentado aprobar de contrabando”, dijo.
En diálogo con este Diario, Mori añadió que lo que sí se necesita es promover la acreditación internacional de las universidades licenciadas. Una vez asegurado esto, se podría ampliar la vigencia del licenciamiento solo de aquellas que cuenten con dicha acreditación. La realidad, sin embargo, es que la mayoría de universidades apenas ha podido asegurar condiciones básicas. “Muchas universidades aprobaron el licenciamiento con tareas pendientes en materia de infraestructura, docentes e investigación. La Sunedu tiene que fiscalizar si se cumplieron las recomendaciones de cumplimiento obligatorio. El Estado tiene que garantizar el apoyo a las universidades para lograr la renovación”, añadió Mori.
Al archivo
Un punto que no debe pasar desapercibido, agregó la congresista Pablo, es que al término de la votación se haya mencionado que el proyecto volvería a Comisión de Educación cuando lo normal es que sea archivado. De hecho, el secretario técnico dijo que el sentido del voto era “que el dictamen vuelva a la comisión para que vuelva a ser dictaminado en una próxima oportunidad”.
Esas palabras son calificadas como una “mala práctica parlamentaria” por la extitular de Minedu: “Eso no tiene asidero. Es una argucia. Han perdido en el voto y lo que corresponde es el archivo al menos por un año. Hay que advertir que esa mención tiene intención de volver a colocar el tema”, sostuvo.
Los congresistas que votaron a favor de la propuesta del presidente de la comisión de Educación, además de él mismo, fueron Paul Gutiérrez, Alez Paredes, Germán Tacuri, Juan Carlo Mori, Waldermar Cerrón y Wilson Quispe. Salvo Mori, que fue elegido por Acción Popular y ahora es no agrupado, todos ingresaron al Congreso con Perú Libre, pero se dividieron en las bancadas Perú Bicentenario y Bloque Magisterial.
