Mincul busca eliminar primer requisito para proteger restos arqueológicos ante proyectos

El jueves 12 de octubre, mientras la atención pública se orientaba al partido de selección peruana de fútbol por las Eliminatorias, el Ejecutivo publicó un proyecto de Decreto Supremo que propone eliminar uno de los requisitos esenciales para proteger el patrimonio arqueológico del país. Durante la última semana, gremios de arqueólogos, exministros del sector y especialistas en protección patrimonial han exigido la renuncia de la titular de Cultura, Leslie Urteaga, por lo que consideran un atentado a la riqueza peruana.

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Se trata de la Resolución Ministerial N.° 417-2023-MC que busca modificar el Reglamento la Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Al final del documento de 35 páginas, en la segunda disposición complementaria derogatoria, se propone eliminar la normativa que regula el Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS).

Este es un documento que expide el Ministerio de Cultura (Mincul) para certificar, a solicitud de parte, que en un área determinada no existen evidencias arqueológicas en superficie. Es un requisito para iniciar proyectos de inversión públicos o privados para actividades mineras, de explotación energética, vías de comunicación, obras hidráulicas, instalación o plantas de producción, desarrollo agrícola, etc. No es el único requerimiento para salvaguardar el patrimonio arqueológico. Después de este paso, cada proyecto debe continuar con un plan de monitoreo y evaluación arqueológica para asegurar que no se hallen restos en las excavaciones. Sin embargo, es la primera garantía de que un proyecto puede continuar sin dañar huacas, caminos, cementerios incas o preincas, o cualquier vestigio de las civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en nuestro territorio.

Para entender cómo un proyecto de inversión se relaciona con el patrimonio, solo la empresa Cálidda, que instala gas natural, ha realizado 1.700 hallazgos arqueológicos en Lima y Callao en ocho años. En este caso, la empresa cuenta con un equipo de arqueólogos y trabaja en coordinación con Mincul.

Aunque la exposición de motivos del reciente proyecto menciona que se busca “garantizar la conservación, protección, uso responsable y promoción del Patrimonio cultural de la Nación, otorgando seguridad jurídica a los administrados, así como, velar por la conservación y protección del Patrimonio Cultural de la Nación, ante cualquier intervención que se proyecte realizar”, no se explica las razones para la eliminación de los CIRAS.

Para el exministro de Cultura Luis Jaime Castillo, la posible aprobación de la iniciativa eliminaría la primera línea de defensa del patrimonio cultural y generaría un caos administrativo. Lo cuestionable, añade, es que los CIRAS ya están sujetos al silencio administrativo. Es decir, si en 20 días el Mincul no responde, entonces se aprueba automáticamente y se continúa con los siguientes pasos. Eliminar esa salvaguarda pone en riesgo todo el procedimiento de protección del patrimonio.

“El CIRA busca contestar la respuesta si hay o no patrimonio en superficie. A partir de esa primera evaluación se procede con la obra, pero con un arqueólogo que monitoree si no hay restos debajo. Si se halla algo, se evalúa si se pueden retirar o mantener en el lugar con una modificación de la obra. No se trata de impedir la inversión, sino de proteger el patrimonio. Se hace todo el tiempo y las empresas están acostumbradas. Los que protestan no son los privados, sino el Ministerio de Transportes, los gobiernos regionales y las municipalidades. El Estado es el enemigo de su propio patrimonio”, indica.

En diálogo con El Comercio, el exministro reconoció que existen demoras, pero atribuye ello a la escasa disposición de recursos para agilizar los procesos de evaluación arqueológica. Por ejemplo, explicó que en Huánuco, donde se ubica el sitio arqueológico Kotosh que data de una civilización anterior a Chavín, existen solo dos o tres arqueólogos para Dirección de Cultura de toda la región “Tienen que ver 500 expedientes e ir en moto a los sitios arqueológicos a 12 o 15 horas de camino para verificar el CIRA. A cada rato hay accidentes. No hay autos, no hay computadoras, ni Internet”, sostiene.

De acuerdo con la arqueóloga Lucía Balbuena, especialista en arqueología preventiva, lo preocupante del proyecto es que también se eliminaría el “marco circunstante” como parte de la delimitación de la zona intangible para el patrimonio prehispánico. “Una huaca, por ejemplo, necesita un área de protección que la circunde y evite que proyectos la estrangulen. La Ley de Patrimonio indica que la protección es sobre suelo, subsuelo, aire, entorno y marco circundante. La modificación de la ley define el marco circundante como el anillo alrededor del patrimonio. Lo que han hecho es eliminarlo y dejar una huaca sola, es decir que mañana se puede construir una carretera y estrangularla”, explicó en Canal N.

En un comunicado, la cartera dirigida por Leslie Urteaga ha señalado que, “considerando las opiniones surgidas”, el artículo que propone la modificación sustancial a la existencia de los CIRAS “será evaluado y analizado para su mejora, dialogada y participativamente”.

Asimismo, aseguran que la pre publicación del reglamento ha sido socializada “en un proceso participativo que ha incluido cinco mesas técnicas y publicada, hasta en dos oportunidades”. Añaden que ha recibido aportes de la academia, colegios profesionales (entre ellos el de arqueólogos y arquitectos), autoridades del Poder Ejecutivo y de otros niveles de gobierno, los gremios empresariales y la ciudadanía en general.

Para hoy se ha anunciado un plantón en el frontis del Ministerio de Cultura en el que participarán miembros del Colegio de Arqueólogos del Perú, sindicatos de trabajadores y especialistas en el tema.