Bonos por capturas y más: ¿qué importancia dan los candidatos a la seguridad ciudadana?

Para los ciudadanos, este debería ser uno de los problemas que el próximo presidente, a elegirse este 11 de abril en las urnas, debería de abordar ni bien inicie su administración. Esto luego de la corrupción, el desempleo y la crisis económica.

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Según el INEI, entre mayo y octubre del 2020, 13 de cada 100 peruanos mayores de 15 años fueron víctimas de robo de dinero, su cartera o su celular. Este es el hecho delictivo que más se repite a nivel nacional.

Y como ya ha reportado este Diario, solo el 16,8% de personas que sufrieron algún delito lo denuncia; y un 32.8% considera que hacerlo “es una pérdida de tiempo”.

Con ese marco, ¿qué tanto se han enfocado los principales candidatos a la Presidencia en este rubro tan clave entre la población?

En los planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los candidatos ensayan algunas ideas —algunos con más fundamento que otros, ciertamente— y se trazan algunos parámetros. También recogimos algunas declaraciones en medios de comunicación y en las redes sociales.

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Yonhy Lescano - Acción Popular

Sin entrar mucho en detalle, en el plan de gobierno de Acción Popular que obra en los archivos del JNE se asegura que se hará frente a la delincuencia común “en los seis primeros meses” de gobierno, “implementando medidas diferentes a las que se han venido aplicando”.

Seguidamente se plantea que la Policía Nacional, los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las autoridades regionales y locales, así como “los agentes privados de seguridad y los vecinos, organizados en juntas vecinales, enfrenten a la delincuencia de manera coordinada”.

Varias veces Lescano se ha mostrado a favor de que las FF.AA. intervengan en este flagelo que golpea al común de los peruanos. Incluso, también lo ratificó en el debate presidencial que organizó El Comercio el último martes: “Los delincuentes ven a un soldadito ahí con su arma, que representa la presencia del Estado, y ya no entran a robar”.

En el plan de gobierno se menciona que, una vez capturados, los delincuentes serán enviados a “prisiones seguras” y deberán realizar “actividades productivas mientras se cumplen sus sanciones o condenas”.

A propósito de las cárceles, el partido de la lampa mira hacia una “reforma carcelaria” con el fin de convertirlas en “centros productivos” de “readaptación de reos, de auto mantenimiento y aisladas de las principales ciudades del país”.

También se indica que buscarán una interconexión entre las cámaras de vigilancia y las unidades policiales, que estarían en zonas de mayor incidencia delictiva.

“De tal manera que la coordinación entre el que monitorea la cámara y el patrullero sea inmediata y se intercepte al delincuente. Que no sirvan solo para grabar el delito”, se acota

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George Forsyth – Victoria Nacional

El exalcalde de La Victoria asegura que dará “una lucha sin cuartel contra la delincuencia” en su gestión y promete hacer “las reformas necesarias” para convertir a las comisarías y al Ministerio del Interior “en la columna vertebral de la nación peruana”. Igualmente, no se brindan mayores acciones específicas en el plan de gobierno.

Sí adelanta una “reforma” en la educación de los policías, introduciendo una “segunda especialización” y el desarrollo de “un nuevo perfil del policía del futuro”. “El policía tiene que volver a ser la persona más confiable de la sociedad en la percepción de la ciudadanía”, se acota.

Se señala que “el policía idóneo” debe estar sujeto a un control de su conducta ética, pero que, al mismo tiempo, el Estado debe respaldarlo en el uso legítimo de sus atribuciones.

Además, se menciona que los delitos que son de alta densidad deben ser combatidos con una “inteligencia operativa aguda y [una] flexibilidad de los fiscales para actuar en cualquier ámbito geográfico” y que las Juntas Vecinales “deben ser organizadas por especializaciones temáticas”.

Forsyth asegura también que “la delincuencia común se incuba en el pandillaje juvenil” y que este que surge, entre otros, de la “exclusión y las disfuncionalidades de los hogares (alcoholismo, drogadicción, abandono, abuso sexual, etc.)”.

Es por ello, se indica en el plan de gobierno, se propone prevenir esto con “espacios de gobernanza” y así brindar oportunidades para el desarrollo deportivo y la formación de valores.

Ahora bien, durante su participación en el debate que realizó este Diario, el exalcalde de La Victoria también desglosó algunas otras ideas. Por ejemplo, mencionó que el que robe “así sea cincuenta soles, tiene que ir a parar a la cárcel y trabajar estando preso para que pague su subsistencia”.

“No podemos seguir manteniendo delincuentes. Estos presos van a tener que hacer trabajo comunitario y apoyar en la construcción de carreteras, limpieza de calles, construcción de colegios, postas, etcétera”, refirió Forsyth en su intervención.

También hizo referencia a “juicios exprés” contra la delincuencia, pues, aseguró, “ahora un choro queda libre porque el juicio dura cinco años; debe ser sentenciado en máximo un mes”.

Mencionó la implementación de cámaras de reconocimiento facial “en todo el país” y que “los malos extranjeros” deben “ser expulsados de inmediato” y que “si se atreven a volver, automáticamente se irán a la cárcel”.

Forsyth también indicó que incluso los generales de la PNP “deben estar en la calle, no detrás de los escritorios”. “Lo policía debe tener incentivos, estar motivados. Le vamos a dar un bono por las capturas que realicen”, puntualizó.

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Keiko Fujimori – Fuerza Popular

La lideresa naranja advierte que los delitos callejeros “son los más difíciles de combatir, porque son muchos y muy dispersos”, por lo que -agrega- se debe enfrentarlos fortaleciendo a las comisarías. Propone crear el programa “Distrito Seguro”.

Plantea tener “mejores oficiales” al frente de estas, con un mejor entrenamiento que va “desde la adecuada atención al público hasta la persecución del delito”. También apunta al “patrullaje inteligente”, la elaboración de mapas del delito actualizado y dar un mayor equipamiento a la PNP.

También busca desarrollar un mecanismo de colaboración con la población y mejorar la coordinación con los serenazgos. Incluso, desliza la posibilidad de “explorar la implementación de una policía comunitaria”, a través de programas piloto.

Busca, además, implementar un “Centro de Comando, Control y Cómputo C4” en la capital que pueda centralizar recursos del Ministerio del Interior, municipios y entidades del Estado, “así como coordinaciones con entidades privadas”. “Países vecinos lo tienen y si aquí todavía no se establece uno es por desidia y descuido, no por falta de recursos”, se remarca.

Otra de las propuestas como parte de la lucha contra la delincuencia es disminuir el hacinamiento en los penales y establecer una “diferenciación” con establecimientos para internos según los delitos cometidos. “Para evitar que las cárceles sean escuelas de delincuentes”.

Keiko Fujimori también destaca en su plan la importancia de desarrollar “todo un marco normativo y un cuerpo dirigido a proteger los derechos de aquellos valerosos efectivos que cumplen con sus labores”.

“No puede haber seguridad si no reivindicamos y valoramos a nuestra Policía Nacional. Es vergonzoso ver cómo nuestros policías han sido abandonados a su suerte, es doloroso ver cómo el Gobierno los humilla y permite que se les falte el respeto. Eso es inaceptable. En mi Gobierno vamos a restaurar el orden, el respeto y el principio de autoridad”, indicó Fujimori durante el debate del martes.

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Verónika Mendoza – Juntos por el Perú

La excongresista también apunta en su plan de gobierno hacia una “reforma policial” como parte del paquete de medidas contra la seguridad ciudadana. Menciona un aumento en la cobertura de la PNP, “formando más policías” con una “formación superior y en derechos humanos”.

A esto se sumaría “recursos corrientes adicionales” para los serenazgos, priorizando, se detalla, personal femenino “dado que la mitad de las denuncias en las comisarías y serenazgos son por violencia doméstica”.

La lideresa de izquierda habla de “reducir la violencia en los delitos comunes y fomentar una cultura de paz en las instituciones educativas y organizaciones sociales, vecinales y comunales”. Pero no se dan mayores detalles.

También se menciona el reducir la inequidad en el número de efectivos entre los distritos de las ciudades y los rurales; así como una articulación de la policía a nivel social, vecinal y comunal para prevenir los delitos.

“Renovar el sistema nacional de seguridad ciudadana reforzando las capacidades de las juntas vecinales, rondas y comunidades campesinas y nativas; precisando para ello obligaciones de gobiernos locales y regionales, en articulación con la Policía Nacional”, se afirma.

Además, se propone adecuar las jurisdicciones policiales a las provincias y distritos “y en todos los casos establecer un solo jefe”.

Durante el debate organizado por este Diario, Mendoza también mencionó -como medida para recuperar la confianza de la ciudadanía en la policía- el “poner fin a los convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras, que deslegitiman la función de la policía”.

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Daniel Urresti – Podemos Perú

Como primer paso en la lucha contra la inseguridad ciudadana, el exministro del Interior propone crear “de inmediato las condiciones de carácter jurídico y de reconocimiento” al rol de la PNP “para que sea posible un ejercicio eficaz e inmediato de la autoridad legítima”.

A su vez, plantea políticas “de represión y prevención”, en un marco de tolerancia cero contra la delincuencia, “atacando las causas del delito, previniendo y reprimiendo con intensidad”.

Se señala la posibilidad de una “bonificación no pensionable” equivalente a S/1.200 para aquellos policías que hayan cumplido su servicio y decidan seguir activos. También se menciona, como parte de un equipamiento inmediato a la PNP, la adquisición de 6.500 patrulleros, 180.000 chalecos antibala, 100.000 armas, radios, entre otros.

Asimismo, se señala la creación de 10 escuelas técnicas para suboficiales de la policía y la construcción de tres “Mega-Complejos de Seguridad Integral”, uno de ellos en Lima, los cuales tendrán comisarías, fiscalías y sedes del Poder Judicial e incluso a la Diroes, el Grupo Terna y la SUAT.

También se impulsará un “programa de bienestar” para la policía y se buscará crear 21 cárceles para poder separar a los reclusos de acuerdo con su nivel de peligrosidad y así poner fin “a las cárceles como ‘universidades del delito’”.

Durante su participación en el debate organizado por El Comercio, Urresti también hizo referencia a una modificación del Código Penal pues considera que “más protege al delincuente que al ciudadano”.

“Un nuevo delito que se debe de llamar: comercialización de objetos de procedencia ilegal, para acabar con el robo de los celulares de las carteras y de estos asaltos diarios. Porque se les puede colocar como lavado de activos y como crimen organizado porque está el que roba, el que arregla el celular y el que lo compra y vende”, señaló.

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Julio Guzmán – Partido Morado

El economista plantea, de llegar a la Presidencia, crear una “comisión especial encargada de la seguridad ciudadana”, la cual se declararía en sesión permanente desde el inicio de su mandato.

Este grupo abordará, se indica en el plan de gobierno, la conformación de “unidades y servicios de élite”, que estarán integradas por oficiales PNP de “alto nivel” y fiscales especializados, que se dedicarán “exclusivamente a la investigación del crimen”.

Guzmán también habla de “presionar” para implementar un sistema de seguimiento del patrullaje policial, para así asegurar que “policías y patrulleros estén donde deben estar, protegiendo a la gente”.

Además, se habla de “consolidar” el programa “Barrio Seguro”, así como de diseñar una “estrategia nacional” entre gobierno central y local para prevenir la violencia y el delito.

Según la visión del líder de Partido Morado, cada provincia deberá contar con un “centro de formación de serenazgo” permanente, destacando la necesidad de que estén capacitados para situaciones de alto riesgo y “contribuyan con arrestos ciudadanos en situaciones de flagrancia”.

Por otro lado, Guzmán también apuesta por una “reforma policial en sus niveles formativos”, así como de su estructura, operatividad, entre otros. Todo ello en una búsqueda de una policía “moderna, bien remunerada, respetuosa de los derechos humanos y, sobre todo, con miembros íntegros que denuncien la corrupción”.

Asimismo, se remarca la importancia de que el SINASEC (Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) esté encabezado por el presidente de la República; así como los respectivos comités regionales y distritales por las más altas autoridades políticas.

“Solamente en la medida en que se formulen políticas nacionales de seguridad ciudadana y se le asigne presupuesto se logrará revertir la inseguridad ciudadana en el país. La solución es intersectorial y no de un solo sector; debe ser un trabajo intersectorial”, se considera.

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Hernando de Soto – Avanza País

Solo dos propuestas genéricas para combatir la inseguridad ciudadana han sido incluidas en el plan de gobierno de Avanza País. Al menos el que figura en el portal del JNE. De manera resumida, estas plantean “fortalecer” la actuación de los diferentes niveles del Estado sobre este grave mal, a través de “sistemas de información, monitoreo y supervisión”, para la implementación de planes de seguridad.

En declaraciones a la prensa, el candidato del partido, Hernando de Soto, intentó ser un poco más específico sobre estos planteamientos y comentó que en su gestión implementarán un plan de acción “que permitirá incluir el aparato logístico, informático y planificador de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y poner al servicio de la sociedad a las organizaciones militares y licenciados”.

A través de sus redes sociales, el candidato también atribuyó gran parte de la responsabilidad de los hechos delictivos con la migración. “Entran extranjeros que pueden tener récords criminales y nosotros no tenemos cómo poder blindarnos contra ellos”, dijo en un video.

Para enfrentar ello, de acuerdo a su argumento, vincularán “a las fuerzas del orden con las autoridades civiles de las regiones”.

“Sabemos cómo movilizar a todas esas fuerzas de reserva para no dejar entrar al Perú otra cosa que refugiados, que tienen buen currículum”, sostuvo.

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Rafael López Aliaga – Renovación Popular

Al igual que en el caso de De Soto, el plan de gobierno de Renovación Popular que figura en la web del JNE es bastante escueto. Rafael López Aliaga propone derrotar la delincuencia común, el pandillaje y la micro comercialización de drogas vía “unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, inteligencia y agentes encubiertos”.

Estas estarán integradas, se indica, por las instituciones del sistema de seguridad ciudadana: el serenazgo, la PNP, la fiscalía y el Poder Judicial, entre otras.

También propone implementar “videovigilancias que monitoreen las ciudades, en trabajo conjunto con gobiernos regionales y municipales”.

A través de sus redes sociales, Aliaga ha incidido en que deportarán “a todo extranjero que incumpla la ley”. También que los delitos de hurto “sin importar el monto”, sería sancionado con cárcel efectiva, a través de una modificación al Código Penal.

El empresario hace hincapié en incrementar la cantidad de policías en motos en las calles y en “restablecer el honor policial”.

“La mitad de los patrulleros están malogrados porque han sido comprados con corrupción […] Tenemos que cambiar de sistema. Tener motos que suban hasta la punta de un cerro”, expresó en una entrevista.

De hecho, se anunciaron conversaciones con gremios de policías y taxistas para sumarlos a un sistema de seguridad ciudadana.

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