Keiko Fujimori tras fallo de la Corte IDH contra libertad de su padre: “Siento que no es justicia, que no son derechos humanos”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ha generado una “profunda desilusión” por segunda vez a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, tras ordenar al Estado peruano que no ejecute su liberación.

En una breve declaración a los periodistas, consideró que la demora en el trámite para la libertad del exmandatario ha sido “premeditada” y que la decisión de la instancia supranacional “no es justicia”.

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“Como familia hemos recibido esta noticia con muchísimo dolor por lo que están haciendo a nuestro padre. Siempre guardábamos un poquito de esperanza de que la corte internacional, tal como hizo la vez pasada, mantuviera la libertad de mi padre. Esta es la segunda vez que le generan esta profunda desilusión”, expresó.

“Yo lo que siento es que todo lo que está pasando no es casualidad, esta demora en todo el trámite para que él salga en libertad parece que ha sido premeditado. Siento que esto no es justicia, siento que no son derechos humanos, siento que es absolutamente injusto para una persona que está enferma y que es un anciano de avanzada edad”, añadió.

En ese sentido, Fujimori Higuchi remarcó que seguirán luchando por la libertad del expresidente y que “hoy no es un día grato” para su familia tras conocerse la sentencia de la Corte IDH.

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“Nosotros como familia nos vamos a reunir, hemos hablado brevemente con Kenji. Sachi y yo no hemos podido todavía hablar con nuestro padre, me imagino que él ya sabe la noticia, esperamos que en las próximas horas o mañana él pueda llamarnos”, sentenció.

¿Qué dice el fallo de la Corte IDH?

El fallo de la Corte IDH implica que el expresidente permanecerá preso, cumpliendo sus sentencias por delitos de los casos Barrios Altos, La Cantuta, entre otros. La sentencia se publicó este viernes 8 de abril tras evaluar el pedido de medidas provisionales por parte de los representantes de las víctimas de ambos procesos.

La sentencia de la corte dispone, en primer lugar, que se llevará a cabo una labor de supervisión específica sobre el indulto humanitario que se le concedió a Alberto Fujimori en el 2017 y el cumplimiento de las sentencias en su contra, tal y como se dispuso el 30 de mayo del 2018.

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“El Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos al indulto ‘por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre del 2017, debido a que no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 30 de mayo de 2018″, sentenció la Corte IDH.

En su fallo, los magistrados de la corte internacional evalúan que el Tribunal Constitucional no valoró si había una “necesidad imperiosa” de que sea liberado por su estado de salud y las condiciones de su detención.

“El Tribunal Constitucional efectuó un pronunciamiento que restituyó los efectos de un indulto ‘por razones humanitarias’ otorgado cuatro años atrás, sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado, atención médica y condiciones de cumplimiento de la pena privativa de libertad en el establecimiento penitenciario”, señala el documento.

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Tampoco se consideró la posibilidad que pudiera seguir cumpliendo su sentencia en condiciones diferentes fuera del centro penitenciario sin recurrir a una extinción o perdón de pena, ni el hecho de que Fujimori Fujimori no haya realizado el pago de la reparación civil correspondiente a favor de las víctimas.

La Corte IDH pide al Perú que presente, a más tardar el 13 de mayo del 2022, un informe sobre el cumplimiento de su fallo del 2018 en lo referente al cumplimiento de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

También dispone que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenten observaciones al informe que presente el Estado peruano en un plazo de cuatro a seis semanas luego de haber sido notificados.

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