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Siete trabajadores de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) provienen de un mismo círculo de amigos y al menos cinco de ellos intercambiaron certificados de presunta experiencia profesional para acceder a la institución, reveló “Punto final” este domingo.
Los siete involucrados trabajan en la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, al mando de la abogada Marielka Nepo Linares. Esa dirección brinda soporte técnico y jurídico a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios en la tramitación de denuncias, investigaciones preliminares y procesos seguidos contra jueces, fiscales y jefes de la ONPE y el Reniec.
Uno de ellos es Frank Fernández Echevarría, quien ingresó a la institución como practicante y escaló posiciones hasta obtener una plaza mediante la modalidad de contrato CAS, con el cargo de analista. Allí recibe una remuneración de S/ 8 mil mensuales desde septiembre del 2022.
Para conseguir el cargo de analista, Fernández incluyó en su currículum vitae una constancia de trabajo como abogado de la cevichería “La Tremenda Corte” y como personal del área legal de un gimnasio llamado “Millenium”.
De acuerdo con “Punto final”, la citada dirección de la JNJ empezó a contratar a allegados a Fernández cuando este obtuvo el cargo de analista.
Bajo sospecha
Otro de los involucrados es Johan Castillo de la Cruz, quien consiguió una orden de servicios de S/ 10 mil por 45 días de trabajo y un contrato CAS por S/ 4 mil mensuales entre 2021 y 2022. Su función fue armar y revisar expedientes.
Johan Castillo es el fundador de la cevichería “La Tremenda Corte”.
Cuando culminó su contrato CAS, la JNJ contrató a su hermana, Linda Castillo de la Cruz, por seis meses, por un total de S/ 36 mil. A ella se le encargó la revisión y calificación de denuncias contra jueces supremos, de acuerdo con “Punto final”.
Linda Castillo es pareja de Fernández, según “Punto final”. Además, señaló en su currículum vitae que fue abogada de la cevichería “La Tremenda Corte” y laboró en el gimnasio “Milenium”.
Otro funcionario allegado a Fernández que consiguió empleo en la JNJ fue Claudio Valdera Bohorquez, quien obtuvo una orden de servicios de S/ 10 mil por un trabajo de 45 días. Su labor consistió en verificar que los expedientes físicos de la Dirección de Procesos Disciplinarios cuenten con una versión digital.
Valdera, un joven estudiante, se desempeñó previamente como administrador del gimnasio “Millenium”, que le pertenece a su mamá, Edith Bohorquez Carrillo. Ella firmó las constancias de trabajo de Fernández y Linda Castillo, precisó el dominical.
En tanto, el abogado Rayan Calderón Bringas, analista en la JNJ con un salario de S/ 6 mil mensuales, también señaló en su currículum vitae haber trabajado en la presunta área legal del gimnasio “Millenium”.
Nexos
Según “Punto final”, la abogada Milena Aguilar Valle, quien obtuvo órdenes de servicios en la misma dirección entre marzo de 2022 y agosto pasado, es amiga de Fernández desde que fueron estudiantes en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ella se encargó de revisar y calificar las denuncias contra fiscales de nivel inferior al supremo.
Por último, el abogado Edson Villarroel Beraún, también amigo de Fernández, obtuvo un contrato CAS en la JNJ por S/ 6.500. Su función fue distribuir los expedientes de denuncias entre los miembros de esa institución y redactar proyectos de calificación de denuncias.
La JNJ señaló a “Punto final” que la contratación de personal está a cargo de un comité conformado por tres integrantes: un representante de la dirección general, uno de la oficina de recursos humanos y otro del área que solicita el personal.
La institución añadió: “Rechazamos el término copamiento, que puede afectar la imagen de la institución al dar la idea de algo orquestado desde la Alta Dirección en la contratación de personal con fines no legales”.
En tanto, abordado por “Punto final”, Frank Fernández respondió: “No sé a qué te refieres. Pero eso es falso”. Y acusó una “calumnia”.