Este miércoles 5 de marzo, la Corte Suprema del Poder Judicial analizará el recurso de casación interpuesto por el prófugo Vladimir Cerrón, que busca anular todo el proceso judicial y la condena efectiva que se le impuso por el Caso “Aeródromo Wanka”.
Como se recuerda, el 6 de octubre del 2023, por unanimidad, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Junín condenó a Cerrón Rojas por el delito de colusión y le impuso 3 años y 6 meses de pena efectiva.
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Por ello, por mayoría, el tribunal emitió una orden de captura nacional e internacional para su internamiento en un penal, de manera inmediata. Ante ello, Cerrón Rojas ingresó a la clandestinidad y desde hace hace un año y cinco meses, está prófugo de la justicia.
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Según la imputación fiscal, Vladimir Cerrón, en su condición de gobernador del Gobierno Regional de Junín, como autoridad máxima y en razón a sus funciones, manifestó su inconformidad respecto a la desactivación de las propuestas ante el Ministerio de Economía para la construcción de un nuevo terminal aéreo en su región (inicialmente internacional y posteriormente regional).
Contraloría intervendría iniciativa de Cerrón de aeródromo wanka
La acusación fiscal señala que previo a ello existió una “concertación” iniciada por Natali Yanina De la Vega Estrada (vinculada al consocio Aeródromo Wanka y a quien se le declaró prescrito el delito en este caso), puesto que el 26 de julio de 2013, presentó a Cerrón Rojas su propuesta de “Iniciativa privada co-financiada para la construcción de un Aeródromo Regional Wanka”.
No obstante, desde el organismo central se recomendaba realizar el mejoramiento del Aeropuerto “Francisco Carle” de Jauja o esperar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo realice puesto que este ya se encontraba previsto. Y, pese a los pronunciamientos de la Dirección Regional de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Cerrón Rojas continuó con las gestiones para la construcción de un nuevo terminal aéreo.
Es así que el 10 de octubre del 2013 suscribió la ordenanza Regional N° 167-2013-GRJ/CR, en la que se acordó declarar de Necesidad e Interés Regional el Desarrollo y Administración del Gran Aeródromo Wanka, ubicado en el ámbito de los distritos de Orcotuna de la provincia de Concepción y de Sicaya de la provincia de Huancayo.
Finalmente, se llevó a cabo la suscripción del contrato entre el Gobierno Regional de Junín representado por Vladimir Cerrón Rojas y el representante legal del “Consorcio Wanka” Luís García Morón, en fecha 04 de junio del 2014.
Tanto para la primera y segunda instancia del Poder Judicial, quedó acreditada la acusación fiscal respecto a diversos actos que conllevan a colegir la veracidad del inicio y desarrollo concatenado de actos colusorios tendiente a favorecer a la petición de Natali Yanina De la Vega Estrada (Gerente General del Grupo GMC SAC).
La suscripción del contrato generaría la obligación del Gobierno Regional de Junín, de pagar el 0.5% del monto de inversión propuesto con la declaración de interés de la iniciativa privada, pago que ascendería a la suma de S/. 2′018,180,00. Es decir, los imputados para lograr su objetivo omitieron los pronunciamientos de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Así se logró mediante acuerdo regional y Ordenanza Regional declarar de interés regional la construcción del Aeródromo Wanka, continuando en la misma línea colusoria emitir el Acuerdo Regional N° 130-2014-GRJ/CR de fecha 23 de abril de 2014, que aprobó la adjudicación directa del proyecto ‘Construcción, Administración, Operación del servicio aeroportuario en la región Junín mediante un nuevo Gran Aeródromo Regional Wanka y finalmente, concretar con la suscripción del contrato entre el Gobierno Regional de Junín representado por Vladimir Cerrón Rojas y ‘Consorcio Aeródromo Wanka’, representado por Luís García Morón, en fecha 04 de junio del 2014, soslayando y omitiendo una serie de exigencias procedimentales y normativas para favorecer a la empresa contratista, además estipulándose concertadamente cláusulas contractuales perjudiciales para la entidad agraviada.”
El tribunal superior también se pronunció sobre el pedido de “Prescripción Extraordinaria” de la acción penal, es decir el archivo del caso que había planteado Cerrón Rojas y su defensa legal.
El argumento en el cual respaldan su pedido es señalar que los actos colusorios atribuidos al exfuncionario se habrían dado el 26 de julio del 2013. Por tanto, teniendo en cuenta que el delito tiene una pena máxima de seis años de cárcel, para contabilizar el plazo de prescripción se debe adicional la mitad de la pena más un año por la suspensión del plazo (al momento de formalizar la investigación).
Es decir, un total de diez años para contabilizar el plazo de prescripción. Por tanto, contabilizando desde el 26 de julio del 2013 más los diez años de plazo, el caso habría prescrito el 26 de julio del 2023 y se debía extinguir la acción penal.
No obstante, el tribunal coincidió con la fiscalía al establecer que si bien los actos colusorios empezaron en julio del 2013, Cerrón Rojas realizó diversos actos colusorios posteriores, hasta la suscripción del contrato a favor del Consorcio Aeródromo Regional Wanka, el 4 de junio del 2014. Por tanto, indicó, a partir de esta última fecha hasta el momento en que se emitió la condena, no habían transcurrido los diez años requeridos para que opere la prescripción.
¿Qué buscan con el recurso de casación?
En el recurso de casación que será analizado por la Corte Suprema, la defensa de Vladimir Rojas ha cuestionando dos aspecto fundamentales.
El primero, vinculado a la garantía de motivación de la condena impuesta, proponiendo que se delimiten los indicios en la valoración de prueba para el delito de colusión.
Y es que, según lo alegado en el proceso, no existe prueba directa y tampoco se desarrolló alguna prueba indiciaria que acredite de qué forma, bajo qué circunstancias concretas y en qué momento específico se concertó el delito.
Como parte de ello, se ha pedido analizar su actuación como exgobernador regional de Junín, en función a la conducta de otros funcionarios públicos como el entonces gerente general del Gobierno Regional de Junín y el entonces presidente del Organismo Promotor de la Inversión Privada.
Finalmente, otro aspecto en los que han incidido con mayor fuerza, es que la Corte Suprema analice el caso desde el aspecto de la prescripción del delito por el que se le condenó: colusión.
Al respecto, han solicitado que se establezca el inicio para el cómputo de la prescripción de la acción penal, en tanto el delito de colusión simple es de ejecución instantánea.
Cabe precisar que, en un fallo de diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional anuló -de manera parcial- la condena efectiva de tres años y seis meses impuesta a Cerrón Rojas, por el Caso “Aeródromo Wanka”.
El máximo ente constitucional dispuso que la Sala de Apelaciones de Junín vuelva a pronunciarse sobre la sentencia, fundamentando adecuadamente sus argumentos, respecto al delito cometido por el exfuncionario; y además, detallar cómo es que no se aplicó la prescripción en el caso.
El TC, no obstante, rechazó el pedido de Cerrón Rojas para que se levante la ejecución de la orden de captura e internamiento en un penal, que se dictó al momento condenarlo de forma efectiva por el “Aeródromo Wanka”. Precisamente, el TC señaló que el exgobernador regional había interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema, la misma que se verá este miércoles.
