¿Y si nos quedamos todos? Crónica de Fernando Vivas sobre un gobierno que tampoco quería irse

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Pero, vayamos al grano, que me quedo sin tiempo para preguntar. ¿Piensan exhortar al Congreso para que aprueben el adelanto? ”Incluso hemos hablado con Economía [MEF], hemos hecho cálculos de costos de las elecciones, ¡estamos listos!”, me dice y asumo que en esas proyecciones de gasto han incluido la eventualidad de un referéndum. No suena entusiasmado con la idea de irse, pero está claro que el gobierno no le va a servir al Congreso la excusa para el bloqueo del adelanto. Ese peso no lo quieren compartir.

También le pregunté a Otárola si, ante el escenario de que se caiga el adelanto, han evaluado la repercusión que ello podría tener en la conflictividad: “Tenemos un constante monitoreo de los conflictos, nuestra evaluación ahora es que han disminuido, hay coletazos. El paro convocado por la CGTP no ha tenido el impacto que esperaban”. Tuve tiempo de tocarle un tercer tema, el de los muertos en las protestas, pero antes les cuento un antecedente. ¿Les ha quedado resonando la palabra ‘coletazos’? A mí también.

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Queremos tiempo

El miércoles 25 de enero, Alberto Otárola dejó el Consejo de Ministros y, acompañado de sus colegas de Defensa (Jorge Chávez Cresta), Interior (Vicente Romero) y Justicia (José Tello), fue al Congreso. Fueron recibidos por la Mesa Directiva. Bueno, por José Williams, Martha Moyano y Alejandro Muñante, porque a Digna Calle la puentearon como era costumbre (hasta que renunció como bien saben).

Algo no funcionaba en esa visita entre poderes que no generó ni presión ni titulares. Se corrió el rumor de que Otárola llegaba con un proyecto de adelanto para el 2023; pero no fue así. Ese mismo día le pregunté al ministro Tello por qué fue él de la partida y me dijo que era para expresar el interés en el adelanto, pero que no había un proyecto. Como Otárola, a la salida de esa visita, no declaró como un ‘adelantista’ convencido, se cerró el incidente con la sensación de que quizá había abortado el plan, si lo hubo.

Seguí indagando y descubrí lo siguiente. Otárola sí quiso llevar un proyecto ‘adelantista’. Pero no fue él quien lo abortó. Esa misma mañana, cuando lo presentó en el Consejo de Ministros para su necesaria aprobación, ¡no tuvo consenso! Mis fuentes no han querido revelarme el nombre de los ministros que se opusieron, pero sí me dijeron que uno de los argumentos que dieron era que necesitaban más tiempo para el desarrollo de sus políticas públicas. El gabinete técnico no tuvo el olfato que sí hubiera tenido uno de políticos. O el ‘efecto circulina’ –en los corrillos políticos se llama así al sex appeal ministerial- inconscientemente los embargó.

Comparando al gabinete con el Congreso, digamos que el pedido de ‘tiempo para desarrollar políticas públicas’ equivale al de ‘tiempo para hacer reformas’. Ambos cometidos son cruciales y virtuosos; pero están condenados a empantanarse si la realidad es hostil a ellos. Solo los políticos son capaces de evaluar esto. Otárola, según me quedó claro en la conversación que sostuvimos, sí cree que la certeza de una fecha podría tener un efecto virtuoso para la paz; pero a la vez radia en optimismo de tener los conflictos bajo control. Así las cosas, el gobierno ha optado por lavarse las manos sobre lo que haga el Congreso.

No quiere renunciar

En la lógica de la protesta, si se frustra el adelanto, Dina tiene que renunciar. No hay otra salida a la crisis y ella tiene que reconocer que es así. No se diga más. Pero la lógica palaciega, tal como la recojo de mis fuentes y la percibo en el primer ministro, es completamente distinta. Según esta lógica, Dina no puede renunciar porque no va a dejar el país en manos de un Congreso que ni siquiera puede ponerse de acuerdo en una fecha y que, para colmo, se apresta a iniciar una pelea intestina por su Mesa Directiva. Desde este punto de vista, resistir en el cargo no es mero afán de prolongar el usufructo del poder, es tener sentido de la responsabilidad. En el Ejecutivo, como en el Congreso, también hay los que estiman que se deben ir, los que se quieren quedar y los que dicen que se quieren ir pero en el fondo se quieren quedar.

¿Y cómo harían para quedarse? Si se frustra definitivamente el adelanto, todas las previsiones deben replantearse. El primer ministro está entre quienes piensan que la pura conflictividad tiende a agotarse. De alguna forma, encarna el sentimiento antiprotesta que se resume en una frase popular: ‘ya, cánsense’. Pero el problema no es tan sencillo, es mucho más complicado y dramático que una fatiga. Es una indignación que se expresa de muchas formas, incluida una trágica y no tiene plazos precisos. Hay muchas muertes, entre 55 y 60 (los conteos difieren), por responder y hay actores políticos que creen que ello es indispensable para dar sostenibilidad a la democracia.

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Veamos que sucede con el más importante pronunciamiento al respecto, que hemos encontrado en las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de un comunicado conjunto del 1 de febrero de la ANGR (Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales) y la AUNAP (Asociación de Universidades Nacionales del Perú), y que cuenta con la adhesión del Consejo Interreligioso del Perú. Vaya, gobiernos regionales, iglesias y parte de la academia, se unen para bien. Hacen dos exigencias básicas. La primera es exhortar al Congreso a que aprueben el adelanto. La segunda es invocar al Ejecutivo a que determine responsabilidades por las muertes durante las protestas con una coda dirigida al Ministerio Público, para que haga su trabajo.

Si se frustra el adelanto, ¿qué les quedarían a los firmantes sino pedir la renuncia de Boluarte o redoblar sus exigencias ante ella? La renuncia es un término muy fuerte para esas instituciones, de modo que su camino es ponerse más exigentes con Boluarte. ¿Cómo podría manifestarse esa exigencia? Teniendo en cuenta que la ANGR agrupa a muchos gobernadores que están presionados por las protestas en sus regiones y a la vez necesitan negociar proyectos y presupuesto con el Ejecutivo; están obligados a un difícil equilibrio sobre la cuerda floja.

Las muertes

¿Qué podrían exigir o sugerir los gobernadores? Una clave está en el segundo punto de su comunicado conjunto con la AUNAP, el de la invocación a determinar responsabilidades sobre los muertos. Ya que la fiscalía demora en dar resultados de sus investigaciones, una idea que –según mis fuentes- ronda en varios círculos, es plantear la formación de una comisión de independientes que en un plazo perentorio entregue un informe señalando responsabilidades y haciendo recomendaciones. En realidad, la anterior directiva de la ANGR, ya lo había hecho en un comunicado el 19 de diciembre, tras las muertes en Huamanga, donde acordó: “Exigir al Ejecutivo y al Legislativo la instalación de una comisión sumaria”, para investigar cada deceso. Por cierto, el Congreso acordó formar la suya, pero aún no se ejecuta el acuerdo.

La idea de una comisión pondría a Boluarte, tan dependiente de las fuerzas del orden, en un aprieto; pues, al convocarla, se haría políticamente responsable de lo que esta pudiera recomendar contra las fuerzas del orden. Pero, por el otro lado, sobran razones políticas, humanas y morales que la obligan a dar alguna satisfacción a quienes denuncian excesos y reclaman acciones preventivas para evitarlos en el futuro. Provocadoramente, la PNP y el Ministerio del Interior (a cargo de Vicente Romero, un general PNP en retiro) siguen enfatizando en sus mensajes la persecución al terrorismo, simplificando así el amplio espectro de conflictividad que tienen entre manos.

Para el gobierno sería mucho mejor que la fiscalía haga su trabajo rápido y ayude a aliviar la presión de la protesta y de los defensores de derechos humanos, locales e internacionales. Si un fiscal tomara alguna acción concreta contra efectivos y mandos de la PNP o las FF.AA. (comprendida en el incidente que costó una media docena de muertos alrededor del aeropuerto de Huamanga el 15 de diciembre); Dina no sería la responsable. Una fuente palaciega me contó que Boluarte, a pesar de que tampoco es amiga de Benavides (¡esta la ha comprendido en una investigación por delito de genocidio!), le ha enviado varios mensajes diciéndole que espera que el MP haga su trabajo con celeridad y eficacia respecto a las víctimas de las protestas. Incluso, le ha dicho que no le van a faltar recursos para ello. Sin embargo, tras el protagonismo que tuvo la fiscalía en la caída de Pedro Castillo, esta ha pasado a la sombra.

Este fue el tercer y último tema que le toque al primer ministro, antes de que se despidiera a la carrera. Le pregunté si han evaluado designar una comisión sumaria. “Siempre es una posibilidad”, me dijo e hizo una pausa antes de cerrar, por ahora, esa vía. “Sería muy difícil dar atribuciones a una comisión de independientes. En el gobierno respetamos que el Ministerio Público es el titular de las investigaciones y ellos sabrán hacer su trabajo”. Le precisé que no se trataría de una comisión vinculante sino una que haga recomendaciones, pero ya se estaba despidiendo. Tampoco pude confirmar con él lo que he contado más arriba sobre los ministros que pidieron quedarse el 25 de enero.

Las muertes pesan tanto contra la gobernabilidad, que piden a gritos respuestas políticas. La renuncia, pública y notoria, de Raúl Molina, el único asesor formal de Dina Boluarte, ha dejado a la línea de ‘ley y orden’ encarnada por Otárola, sin el contrapeso del enfoque dialogante preocupado por responder al clamor de los derechos humanos. Si bien, en la cancha de la PCM está el Viceministerio de Gobernanza y su Secretaría de Gestión de Diálogo, que trabajaban estrechamente con Molina; falta que Boluarte y Otárola demuestren que le dan el peso que merece a ese enfoque que sufrió una importante baja.

Es cierto que, si uno ve el registro de visitas de la presidenta y del primer ministro, varios alcaldes desfilan por Palacio. Algunos, me lo comenta una fuente palaciega, se resisten a aparecer en fotos con Boluarte u Otárola pues peligraría su integridad al volver a sus pueblos. En Palacio han aprendido a respetar esas atingencias. El jueves sí apareció, hablando en el patio ante las cámaras, el alcalde de Machu Picchu. Fue una señal de que las paralizaciones han asfixiado tanto a algunos territorios, que es inevitable que sus autoridades se acerquen al Ejecutivo. Señal que también podría malinterpretarse, creyendo que las aguas están por volver a su cauce y no hay nada que adelantar ni renuncias en qué pensar.