Silencio, blindajes, falta de transparencia, gastos y normas cuestionadas: este es el balance de la gestión de Alejandro Soto

El período anual de sesiones 2023-2024 del Parlamento y la gestión de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) como presidente del Congreso están próximos a culminar en medio de múltiples cuestionamientos por gastos, entregas de bonos, aumentos salariales, blindajes, votaciones polémicas, elevada fragmentación, falta de transparencia y un largo silencio con la prensa.

Además, según la encuesta de última Datum Internacional para El Comercio, la aprobación de Soto se ubica en solo 10% (solo 1 de cada 10 encuestados lo respalda), mientras que su rechazo alcanza el 75%.

El 18 de junio se cumplen 10 meses desde la última vez que Soto dio declaraciones a los medios de comunicación. Hasta el cierre de este informe, este Diario buscó contactarse con el titular del Parlamento, pero no respondió.

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Soto fue elegido presidente del Congreso el 26 de julio del 2023 al ganar por un amplio margen de votos a su contrincante Luis Aragón (Acción Popular). Su candidatura fue respaldada por agrupaciones del llamado Bloque País, conformado por APP, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Somos Perú que, a excepción de esta última, también integraron la fórmula.

Es así como la Mesa Directiva para el periodo 2023- 2024 quedó integrada por Soto, en la presidencia, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular (primera vicepresidencia); Waldemar Cerrón, de Perú Libre (segunda vicepresidencia) y Rosselli Amuruz, de Avanza País (tercera vicepresidencia).

Tras el fallecimiento de Guerra García, el pleno eligió a Arturo Alegría, también fujimorista, como el nuevo primer vicepresidente.

Los cuestionamientos contra Soto empezaron pocos días después de que asumiera el cargo y han ido creciendo a lo largo de su gestión. Desde entonces, el presidente del Congreso no ha dado declaraciones a la prensa, solo escuetas respuestas por WhatsApp; no acepta entrevistas en vivo y da sus descargos por la red social X (antes Twitter).

Además, no ha fijado postura frente a las polémicas en las que está implicada la presidenta Dina Boluarte, como el Caso Rolex y ‘Los Waykis en las sombras’. Tampoco dio a conocer cuál sería la agenda y los proyectos que priorizaría su administración.

Bajo su dirección el Congreso ha protagonizado conflictos con el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia. Y se han destapado escándalos como la presunta trama criminal de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en la que estarían involucrados él y otros trece parlamentarios más.

Cabe recordar que la actual legislatura concluye el próximo 15 de junio y la elección del nuevo presidente del Congreso para el periodo 2024 - 2025 se llevará a cabo en julio.

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Solo los últimos cinco meses del 2023, la actual Mesa Directiva, bajo la dirección de Soto, autorizó el pago de S/33′976,800 en bonos. En diciembre de ese año, por ejemplo, se entregaron tarjetas de consumo correspondientes al “aguinaldo navideño de fin de año”, cada una por S/1.700. El beneficio comprendió a todos el personal del Servicio Parlamentario y a los congresistas. De acuerdo a un análisis realizado por El Comercio, el monto que se desembolsó por ese aguinaldo fue de más S/6′500.000.

La mesa aprobó también en diciembre una nueva “bonificación extraordinaria” de S/2.400 por mes laborado para los trabajadores parlamentarios con cargo al presupuesto de 2023, que se suma a otro bono que ya se había girado a favor de los trabajadores parlamentarios (incluidos los congresistas) por casi S/10.000.

A inicios de enero, Soto, por medio de un comunicado, refirió que “en el presente año 2024 no se entregará ningún bono a ningún estamento laboral”, tras haber llegado a un acuerdo con los gremios sindicales del Poder Legislativo.

Sin embargo, este 2024, el Congreso aprobó que elevar en un 15% los sueldos de todo el personal, a excepción de los parlamentarios. Y, posteriormente, destinó más S/12 millones para aumentos salariales de su personal del Servicio Parlamentario (Oficialía Mayor, Dirección General Parlamentaria y Dirección General Administrativa). Esta cifra es parte de los S/ 50 millones del crédito suplementario aprobado por el Gobierno de Dina Boluarte a favor del Poder Legislativo el pasado 29 de marzo.

Posteriormente, la Mesa Directiva dispuso el aumento en la asignación por función congresal a partir de marzo. Gracias a ello, los legisladores pasaron de recibir S/7.617, 20 a S/11.000 por ese concepto. Es decir, un aumento de S/3.383. Si se multiplica ese monto por los 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos, el gasto anual ascenderá a aproximadamente S/5 millones 480.

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Las principales críticas recaen en la construcción de un almacén del Congreso en Ancón, cuyo costo asciende a casi S/ 10 millones, según reveló “Panorama” en enero. Este proyecto provocó la salida de la entonces titular de la Dirección General de Administración Marisol Espinoza por decisión de la Mesa Directiva.

De otro lado, dicha instancia ha autorizado viajes al extranjero de diversos legisladores, así como el pago de sus viáticos y pasajes aéreos. En mayo último, este Diario dio a conocer que solo en solo 3 meses (enero, febrero y marzo) el Parlamento desembolsó más de S/ 210.177,49 en periplos de 13 congresistas.

El Comercio también reveló que la defensa legal para Soto en la investigación que se le sigue por sus presuntos nexos en la organización criminal que estaría liderada por Patricia Benavides le costaría S/70.000 al Poder Legislativo.

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En septiembre del 2023, este Diario dio a conocer que, bajo la presidencia de Soto, el Congreso redujo su nivel de transparencia al eliminar de su página web información sobre las rotaciones internas de sus trabajadores.

El acceso a esa información fue retirado luego de que El Comercio la utilizara para verificar que Soto ascendió a dos asesores acusados de coordinar ataques a otros congresistas desde cuentas falsas de Facebook. Los funcionarios en cuestión son Sandra Rodríguez Vargas y Eduardo Quezada Yepes. La primera era asesora principal de Soto en su despacho parlamentario, mientras que el segundo fue asesor de la bancada de Alianza para el Progreso.

ESTA ERA LA INFORMACIÓN A LA QUE SE PODÍA ACCEDER:

Como se aprecia en la imagen, la página web del Congreso permitía que cualquier ciudadano revise información sobre los cambios de puestos de trabajo del personal parlamentario.

AHORA EL CONGRESO SOLO MANTIENE EL ACCESO A ESTA INFORMACIÓN QUE ESTÁ OBLIGADO A DIFUNDIR:

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De otro lado, de los 10 casos de ‘mochasueldos’ solo se ha suspendido, hasta la fecha, a una congresista. Se trata de María Cordero (ex Fuerza Popular).

El resto de denunciados han sido blindados o sus casos avanzan lentamente en la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

La primera en ser blindada fue Magaly Ruiz, compañera de bancada de Soto. La SAC, que tiene como titular a la también apepista Lady Camones, la libró de la denuncia constitucional en febrero pasado.

Es importante mencionar que la congresista de APP ya había sido blindada, previamente, por la Comisión de Ética Parlamentaria por el mismo caso, pero en junio del 2023. Aquella vez, solo aprobó sancionarla con una amonestación escrita pública y una multa equivalente a 30 días de remuneración.

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La Comisión de Ética, que preside Diego Bazán (Avanza País), también blindó a los legisladores Edgar Tello, Heidy Juárez, José Arriola, Mary Acuña e Hilda Portero. En el caso de los tres primeros, les dio una amonestación mínima, en tanto, los procesos contra las dos últimas fueron archivados.

Este grupo de trabajo también mandó al archivo dos denuncias en contra de Soto referidas a la contratación de la tía de su hijo y al uso de sus trabajadores para mejorar su imagen en redes sociales y atacar adversarios. Luego lo libró por haber votado a favor de la ley prescripción y haberse acogido a ella.

De otro lado, el pleno del Congreso también buscó evitar la inhabilitación y suspensión de María Cordero Jon Tay, como lo recomendaba el informe de la SAC.

En una primera votación, no se alcanzaron los votos. Sin embargo, tras un pedido de reconsideración, se pudo levantar la inmunidad y también se logró la suspensión, pero a inhabilitación no se volvió a tocar.

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En la gestión de Soto, la representación nacional aprobó, en marzo, inhabilitar por 10 años a Inés Tello y Aldo Vásquez. Se les imputó haber infringido la Constitución por avalar la permanencia de Tello en la junta tras cumplir los 75 años.

También restableció el retorno a la bicameralidad (Cámara de Diputados y Senadores) y la reelección parlamentaria. El texto ya había sido aprobado en primera votación en noviembre pasado y por tratarse de un cambio constitucional requería ser ratificado con 87 votos en una segunda votación, la cual se llevó a cabo en marzo.

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Además, aprobó el último jueves 6 de junio, en una primera votación, el dictamen con el que se limitan los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de julio de 2002.

También se aprobaron, en primera votación, un dictamen que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado, y la iniciativa que plantea eliminar a los movimientos regionales y solo dejar en carrera a los partidos políticos. Junto con ella, la reforma que permite la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes por una sola vez.

No obstante, no agenda hasta el momento el debate de la propuesta que busca eliminar los cargos de prefectos y subprefectos. No se prioriza tampoco el proyecto que plantea la inclusión de nuevos delitos para el impedimento de postulación de condenados, aun cuando estén rehabilitados, a cargos públicos.

Dicha norma cerraría, por ejemplo, el paso a una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó prisión por homicidio, secuestro agravado, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005, donde fueron asesinados cuatro policías. Iniciativa se mantiene en cuarto intermedio desde diciembre del 2023.

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Alejandro Soto ha estado bajo los reflectores en diversas oportunidades. Solo el primer mes de su gestión, recibió una denuncia cada cuatro días, así lo dio a conocer este Diario en agosto del 2023.

Las acusaciones iniciales en su contra fueron por omitir una deuda en su hoja de vida al momento de postular, acogerse al beneficio de prescripción por una ley que respaldó, contratar a la hermana de la madre de su hijo, un proceso por estafa, “donaciones voluntarias” del personal de su despacho para temas de imagen (fábrica de trolls), irregularidades en la licencia para la construcción de un inmueble y supuestos pagos en entrevistas de un programa televisivo en su región Cusco.

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Soto es investigado por el Ministerio Público por dos delitos vinculados a presunta red de Patricia Benavides. Según la fiscalía, habría cometido cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico. Esto por supuestamente haber aceptado someter a debate en el pleno una moción contra la Junta Nacional de Justicia, ”solicitando como ventaja” que Patricia Benavides archive una investigación que seguía en su contra.

El 18 de junio se cumplen 10 meses desde la última vez que Soto dio declaraciones a los medios de comunicación.

La última vez que habló con los periodistas fue el 18 de agosto del año pasado. Lo hizo para responder sobre las acusaciones en su contra por presuntamente haber promovido la denominada ‘ley prescripción’ que su defensa legal usó para buscar el archivo de un proceso penal en su contra.

“Hace tres semanas vengo siendo objeto de una serie de imputaciones a través de los medios de prensa, que son necesarios aclarar y esclarecerlos”, dijo en esa oportunidad.

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Soto no es el único integrante de la Mesa Directiva sobre quien pesan cuestionamientos. La tercera vicepresidenta Rosselli Amuruz se vio involucrada en un escándalo tras revelarse su participación en una fiesta donde falleció una persona de un disparo, y luego se descubrirían hasta ocho contrataciones en diferentes áreas del Congreso de personas allegada a Paul García, con quien Amuruz tenía una relación.

En tanto, el segundo vicepresidente Waldemar Cerrón es investigado junto a otros integrantes de Perú Libre porque se habrían dedicado al lavado de activos a través de aportes ilícitos de dinero a su partido, el mismo que habría sido usado para solventar sus campañas.

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El especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi y el analista político José Carlos Requena coincidieron en puntualizar que la gestión de Soto se caracterizó por la falta de rendición de cuentas, contrapeso político y blindajes.

Para Rospigliosi se trata de la “peor gestión en la Presidencia del Congreso de la República”. Además, cuestionó que el titular del Poder Legislativo permanezca más de 300 días sin dar declaraciones a la prensa. “Rendir cuentas no es facultativo, es imperativo. Es la política de la avestruz, esconder la cabeza y no rendir cuentas a nadie. Su gestión empezó con rumores y escándalos, pero más pudieron los intereses de blindarlo que el respeto a la institucionalidad. Empezó muy mal y acaba muy mal su gestión”, opinó.

El especialista consideró preocupante que Soto haya mantenido silencio frente a los escándalos que involucran a la presidenta Dina Boluarte. Y que en su gestión se aprobaran iniciativas como la eliminación de los movimientos regionales en primera votación y otros proyectos polémicos.

Recordó que hace 20 años, expresidentes de Legislativo “como Carlos Ferrero y Antero Flores hacían todos los viernes conferencias de prensa para dar cuenta al país de la agenda parlamentaria, fiscalización, etc” y subrayó que el silencio de Soto es “insólito”. “Estamos en una época en la que a los líderes políticos no les importa rendir cuenta de sus actos”, expresó.

“El próximo presidente debe retomar las conferencias de prensa, dejar de lado los conflictos de interés como aprobar proyectos que favorecen a sus agrupaciones políticas y reducir la sobrepoblación laboral, se está pagando favores políticos con trabajo en el Parlamento. El compromiso debe ser que se someta al debate los informes de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética. Lo último es exigir la terna para el cargo de contralor general de la República”, apuntó.

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Por su parte, Requena señaló que,”en momentos polémicos de este Congreso, la voz del presidente incluso a nivel de comunicados era extrañada”.

Señaló que si, hubo algún pronunciamiento de Soto, fue por situaciones “anecdóticas” o “marginales”, como cuando se molestó por un comentario del ministro de Economía, José Arista.

El analista se refiere a un oficio que remitió el titular del Congreso quejándose por unas declaraciones que hizo Arista sobre la aprobación del retiro de las AFP.

Asimismo, calificó de “opaca” la gestión del apepista porque “consistía en no tener agenda o alinearse con los acuerdos que se llegaban en el liderazgo parlamentario, lo que resultaba instrumental para lo que esta mayoría decidía”.

“El país con un Ejecutivo que tenemos, requiere un contrapeso y acompañamiento distinto al que tenemos ahora. Muchas de las gestiones del Gobierno no han tenido una crítica adecuada, por lo contrario fueron nulos los ejercicios de control. La presidencia de Soto ha transmitido una especie de manifestación de los espíritus de cuerpo, que muchas veces era para proteger a sus iguales, que una posición institucional”, concluyó.