Canciller Schialer se presenta ante el Congreso para explicar el Tratado de Altamar: los argumentos y entretelones de la sesión

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El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores acudió a la comisión parlamentaria, que preside Auristela Obando (Fuerza Popular), para explicar los alcances del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ por sus siglas en inglés) que firmó la presidenta Dina Boluarte el 9 de junio durante su visita oficial a Francia.

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Schialer dijo que el acuerdo se viene gestando desde hace más de 20 años y que ocurre en el marco del creciente deterioro y amenaza sin precedentes de los ecosistemas marítimos. Indicó que estos desafíos globales no son ajenos al Perú, al tratarse de un país oceánico por excelencia y tradición.

Subrayó que el tratado tiene como objetivo “asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas ubicadas más allá de cualquier jurisdicción nacional”.

“El acuerdo señala de manera expresa que su ámbito de aplicación se encuentra en altamar. De tal manera que solo no afecta el dominio marítimo del Perú sino que, en modo alguno, somete la soberanía nacional a cualquier tipo de amenaza”, señaló.

Reiteró que el acuerdo “no genera ninguna vinculación directa o indirecta” con la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982) o implica alguna obligación nacional referida a dicho instrumento, que no ha sido suscrito por el Perú.

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En ese sentido, precisó que la Convención de Viena establece que un Estado no puede ser parte de un tratado de una manera “asociativa, indirecta o implicante”. “Un Estado se adhiere expresamente a través de una suscripción y luego ratificación o adhesión al instrumento de que se trate. No existe, entonces, asociaciones que nos puedan llevar a [suscribirnos indirectamente a la Convemar]”, remarcó.

Reitero que el acuerdo BBNJ deja clara la situación de los países que no están adheridos a la Convemar u otros tratados, como el Perú, y señala que no se ve afectada por este acuerdo. “El BBNJ se limita al espacio donde termina la milla 200, una zona alejada de las costas de los países firmantes”, acotó.

Detalló que, a lo largo de los años, en cada etapa de las negociaciones, la cancillería ha realizado consultas a diferentes instituciones como los ministerios de Defensa, Cultura y Producción, así como el Indecopi y otras instituciones que siempre brindaron opiniones favorables.

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Agregó que Torre Tagle socializó los avances del BBNJ a distintos representantes de la sociedad civil y gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), y se resolvieron diversas dudas.

Detalló que la última vez que se conversó con la SNP fue en enero del 2023, durante la gestión de la fallecida excanciller Ana Gervasi y que en dicha reunión se dejó claro que el BBNJ “no regula actividades de pesca ni menoscaba el mandato de otras organizaciones internacionales vigentes” relativas a la actividad pesquera.

Tras escuchar las interrogantes de los parlamentarios, Schialer señaló que, una vez solemnizados los procesos del tratado en el Poder Ejecutivo, presentarán de inmediato un dossier al Congreso para que lo pueda discutir con amplitud, seriedad y profundidad.

El canciller calificó de “falaz y simplista” la afirmación de que el tratado quite 188 millas del mar peruano en el marco de la Convemar, un acuerdo del que no es parte el Perú.

“Es falaz lo que se dice, quizás por desconocimiento [...] Esto de ninguna manera recorta a 12 millas el Mar de Grau”, aseveró.

Finalmente, indicó que los costos que se asumirán en el marco de este tratado será de acuerdo a las posibilidades de cada país.

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Durante la sesión, expresaron su preocupación por el tratado los parlamentarios José Cueto (Honor y Democracia), Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), María del Carmen Alva (No agrupados) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

Cueto dijo que se podrían afectar intereses estratégicos económicos, científicos y, tal vez, de soberanía. Por su parte, Alva pidió mayor socialización del tratado en atención al comunicado de los gremios empresariales.

En tanto, Aguinaga opinó que la firma fue precipitada y exigió una mayor precisión con respecto a la vinculación con la Convemar. “El Perú no es signatario de la Convemar, por eso esa explicación de que la mención es lírica no es tan lírica. Felizmente, los tratados tienen que ser ratificados por el Congreso”, indicó.

Añadió que “no es una casualidad” que los gremios empresariales se pronuncien en contra del acuerdo.

Portalatino resaltó la preocupación de los pescadores artesanales y pidió que se aclaren los alcances y el impacto del acuerdo para ese sector.

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De otro lado, los parlamentarios Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) defendieron la suscripción del acuerdo.

Bustamante opinó “que estuvo muy bien” que el país firmara el tratado porque, de no haberlo firmado, “estaríamos fuera de las comisiones de gobernanza que van a permitir tener un papel director” en el manejo de las aguas fuera de las 200 millas.

Juárez Calle saludó la firma del acuerdo, considerando que más de 20 países ya lo han ratificado y que el Perú tiene mucho que perder si se margina de las decisiones en espacios más allá de las 200 millas.

“Este tratado fortalece la conservación de los océanos y proporciona al Perú una herramienta más en el manejo de sus recursos marinos en el marco de una gobernanza más justa y equilibrada”, afirmó.

Mira aquí la sesión:

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El exembajador Carlos Pareja y los internacionalistas Gattas Abugattas y Ramiro Escobar señalaron que el tratado no afecta la soberanía del Estado peruano y consideraron que el Congreso debe aprobarlo.

“El tratado no afecta para nada la soberanía nacional puesto que nosotros tenemos un dominio marítimo sobre las 200 millas y este acuerdo apunta a la regulación en alta mar. En ese sentido puede ser beneficioso y útil para el Perú”, afirmó Pareja.

El diplomático opinó que, una vez que el Congreso reciba el documento, debe socializarlo y analizarlo a profundidad, escuchando a todas las partes, como especialistas, gremios empresariales, para tomar una decisión.

“Ello con el fin de que el Parlamento y la opinión pública tengan la seguridad absoluta de que este es un tratado que no afecta la soberanía sino que es beneficioso para el país”, subrayó.

Pareja advirtió que si el Legislativo no ratifica el tratado quitaría al Perú la posibilidad de beneficiarse de las decisiones adoptadas en el marco del acuerdo.

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A su turno, Abugattas explicó que lo que toca ahora es enviar el documento al Congreso para que, si está de acuerdo, lo apruebe.

“Pienso que sí debe aprobarlo porque es un tratado que está destinado a proteger el mar. No es cierto que afecta a los pequeños pescadores porque van a poder seguir pescando y ellos no pescan a esa distancia. Aunque, claro, hay límites referidos a la conservación de especies, que es algo que beneficia a todos. Es pensar un poco en el futuro”, acotó.

Gattas dijo que es importante que quede claro que este acuerdo no tiene relación con la Convemar. Señaló que la firma de Boluarte en Francia solo es parte de una de las etapas de la celebración del acuerdo.

“Solo cuando aceptemos que sea obligatorio y entre en vigor será obligatorio para nosotros. Eso será cuando el Congreso lo apruebe y la presidenta acepte internacionalmente la obligatoriedad del tratado. No hemos llegado a esa etapa”, precisó.

Bajo su lectura, si - finalmente- el Congreso no ratifica el tratado y el Perú no concreta su adhesión no habría impacto a nivel diplomático. “Es común que los Estados decidan finalmente si aceptan o no y hay miles de casos de Estados que los han firmado y después no han aceptado y obligatoriedad”, indicó.

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Escobar también subrayó que el tratado se refiere a territorio marino que va más allá de las 200 millas, en lo que se llama aguas internacionales.

“Es territorio marino que no está dentro de la jurisdicción de ningún otro país, por lo tanto decir que afecta a la soberanía es absurdo o adolecer de una ignorancia suprema en materia de tratados internacionales y biodiversidad oceánica”, expresó.

El internacionalista opinó que no concretar la suscripción significaría para el Perú “un ridículo internacional” y advirtió que el país se perdería de formar parte de consensos internacionales, participar en importantes investigaciones y en la toma de decisiones.

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