Comisión de Fiscalización aprueba informe que advierte un “festín de contrataciones y permisos irregulares” en el Congreso y señala que no se “ha evidenciado” una red de prostitución

La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos (Podemos Perú), aprobó este miércoles, por mayoría, el informe final sobre el caso de la presunta red de prostitución en el Parlamento. Fueronon 7 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

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El documento señala que “no se ha evidenciado la existencia” de dicha red, pero sí “un festín de contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista, incurriendo en el tipo penal contemplado en el artículo 381 del Código Penal”.

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“No se ha evidenciado la existencia de una ‘red de prostitución en el Congreso. Sin embargo se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial femenino”, precisa.

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Reitera que se han identificado “graves indicios de vulneración al principio de probidad en los procesos de contratación, nombramiento, encargatura y aceptación ilegal de cargos y designación de personal, en especial al personal femenino, así como el otorgamiento irregular de permisos laborales”.

“El patrón irregular observado sugiere la existencia de una estructura informal dentro del Congreso, mediante la cual ciertas contrataciones habrían sido direccionadas desde la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional en connivencia con altos funcionarios administrativos del Congreso”, dice el texto que se votará este miércoles.

Añade que, este circuito de decisiones, habría actuado al margen de la transparencia y los controles previstos por el ordenamiento jurídico vigente, lo cual amerita ser investigado.

Mira aquí la sesión de la Comisión de Fiscalización:

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Sobre el caso de Andrea Vidal, víctima de un homicidio que está actualmente en investigación, indica que su conducta corresponde al ámbito estrictamente personal y carece de conexión directa con funcionarios o personal del Congreso de la República. “Razón por la cual, aun en una hipótesis ampliada, se trataría de hechos ajenos a la institución parlamentaria”, remarca.

Es por ello que recomienda enviar copia de todo lo actuado a la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, “a fin que prosigan con las investigaciones pertinentes respecto de los hechos materia de indagación y determinen las responsabilidades correspondientes, conforme a sus competencias que les confiere el ordenamiento jurídico vigente”.

En el caso de la fiscalía señala que es conveniente que investigue la posible comisión de los delitos de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo; concusión; falsificación de documentos; y tráfico de influencias.

“De igual forma, se sugiere incluir en la investigación respecto a las denuncias por presunta pérdida de equipos móviles (teléfonos celulares) presentada por la ciudadana Isabel Cajo y de algunos indagados, así como las renuncias presentadas por los miembros de la Comisión investigadora nombrada por la Mesa Directiva del Congreso, para investigar y sancionar a Jorge Luis Torres Saravia, para establecer si constituye un acto de obstrucción a la justicia o encubrimiento”, indica.

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Pide, además, incluir en la investigación fiscal a congresistas involucrados con las personas comprendidas en la presente indagación, en especial la que corresponde a la contratación de Isabel Cajo Salvador por parte del congresista Edwin Martínez Talavera, quien habría hecho “una cerrada defensa para su contratación y permanencia” en su despacho congresal.

Busca también que el Ministerio Público investigue las contrataciones de los periodos comprendidos entre el 2021 a la fecha, a fin de determinar si hubo actos reprochables pasibles de punibilidad, en agravio del Congreso.

Finalmente, considera importante solicitar a la Mesa Directiva la evaluación y posible restitución del Estatuto Parlamentario, suspendido mediante Resolución Legislativa No. 0006- 2017-2018-CR, de fecha 11 de enero del 2018, con el objeto de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los procesos de contratación de personal parlamentario.

De otro lado, en el informe señalan que su labor se vio restringida por la ausencia de facultades de investigación y que dicha limitación afectó la posibilidad de recabar elementos probatorios suficientes para profundizar en diversas líneas de investigación.

"Esta comisión, de lo indagado a la fecha, concluye que no existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución".

Informe de la Comisión de Fiscalización

Considera que la fiscalía podría investigar a fondo estos hechos solicitando el levantamiento del secreto bancario, telefónicos y otras diligencias.

El informe considera que el Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades coercitivas, podría obtener medios probatorios como declaraciones, videos, mensajes u otros elementos de convicción, que permitirían acreditar responsabilidad penal sobre esta imputación, por lo que recomiendan poner en conocimiento de dicha entidad los actuados para que en ejercicio de sus funciones contemple investigar estos hechos.

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