La Comisión de Fiscalización del Congreso pedirá que se le otorguen facultades investigadoras para determinar responsabilidades sobre el supuesto uso de un vehículo oficial del Ejecutivo para trasladar a Vladimir Cerrón en la clandestinidad y así evitar su captura, así como otros presuntos actos de encubrimiento a su favor.
Así lo aprobó la comisión encabezada por Juan Burgos, de Podemos Perú, en su reciente sesión del 4 de setiembre, por 11 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.
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La comisión sometió a votación la propuesta de Burgos para que se pida ante el pleno estas facultades por un plazo de 120 días, específicamente para investigar el “presunto uso indebido de un vehículo oficial de la Presidencia de la República para facilitar la fuga del señor Vladimir Cerrón”.
Los tres votos en contra fueron de Héctor Valer (Somos Perú), Noelia Herrera (Renovación Popular) e Isaac Mita (Perú Libre).
Los votos en abstención fueron de David Jiménez, Vivian Olivos, Héctor Ventura (Fuerza Popular), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) y Norma Yarrow (Renovación Popular).
La Comisión de Fiscalización también espera poder investigar en esos 120 días de plazo el “posible encubrimiento desde Palacio de Gobierno y la Policía Nacional, y las presiones y condicionamientos para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac)”.
Juan Burgos, asimismo, informó que ha cursado invitaciones para una sesión extraordinaria del viernes 6 de setiembre de esta comisión al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, así como al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé.
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Al ministro, además de preguntarle por temas de su sector sobre seguridad ciudadana, se le consultará sobre su relación con el capitán Izquierdo y las acciones para capturar a Vladimir Cerrón.
En el caso del agente de la PNP, será invitado por este grupo de trabajo luego que se conocieran en diversos reportajes periodísticos los audios en los que supuestamente se le oye conversar con el ministro Santiváñez sobre el supuesto encubrimiento desde el Gobierno a favor de Vladimir Cerrón, lo que incluiría el uso de un vehículo oficial para trasladar al prófugo lejos de una operación policial en el condominio Mikonos en febrero de este año.
