Esa mina no es mía, una crónica de Fernando Vivas

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A favor de los mineros que tomaron carreteras y torcieron voluntades, podemos decir que la política actual está hecha a punto para ellos: las bancadas y partidos en vísperas de campaña electoral los necesitan como clientes. Esto es transversal a la ideología pues incluye desde el izquierdista Bloque Magisterial que domina la Comisión de Energía y Minas donde se buscó fraguar el marco normativo para (des)regular a su favor; hasta el conservadurismo de Renovación Popular que ha afiliado a dirigentes de la Confemin, su gremio más importante. Por el lado del Ejecutivo, tenemos una debilidad e indolencia tales que vimos a la PNP reaccionar tarde ante los piquetes carreteros.

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“Regular la minería y cerrar el Reinfo se volvió un problema de seguridad nacional que este gobierno, aunque débil y desganado, tuvo que asumir”.

En contra de ellos hay un factor que también es transversal: la criminalidad asociada a los mineros escaló hasta provocar acciones firmes del gobierno. Pataz, epicentro de dos masacres (diciembre del 2023 y abril del 3025), provocó que, por primera vez, las Fuerzas Armadas entraran a tallar -con una declaratoria de emergencia que les ha dado el mando del control interno- en el combate de la ilegalidad minera. La narrativa de que el REINFO es un paraguas que también protege a mafiosos que contratan sicarios para sus ajustes de cuentas, fue alentada en principio por la minería formal, pero se fortaleció con cada página roja que golpeó a todos los segmentos sociales. Regular la minería y cerrar el Reinfo se volvió un problema de seguridad nacional que este gobierno, aunque débil y desganado, tuvo que asumir. La mayoría congresal también lo asumió bloqueando el martes pasado un dictamen que rebautizaba el Reinfo. ¿Y cómo se desata el nudo?

Cuando el ministro de Energía y Minas dijo que el 31 de diciembre sería el último día del Reinfo, habló en serio. El Minem ya había entregado en el 2024 al Congreso su proyecto de Ley Mape (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) que traza un sistema de formalización con más requisitos que el Reinfo y el Congreso lo choteó, prefiriendo ampliarlo hasta junio con un último chance hasta diciembre. Si el ministro Jorge Luis Montero confía en que no habrá más Reinfo es porque sabía que la comisión de Gutiérrez había encontrado la clave perfecta para suplantarlo: cambiarle de nombre. En el predictamen de ley MAPE que fue descartado el martes 8, en su capítulo II de registro e inscripción, se creaba el RENAPMAT (Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional). Para inscribirse (art. 16) solo se pedía tres requistos: “a) DNI. B) Ficha RUC activa y vigente. C) Coordenadas georreferenciadas en UTM-Datum WGS84”. Tan simple, si me permiten la comparación, como el registro de un motociclista en una app de delivery.

El mismo artículo decía que “la inscripción en el Renapmat constituye un procedimiento administrativo de naturaleza declarativa, gratuita y simplificada, que habilita al solicitante como sujeto activo”. Más adelante dice que la inscripción es un procedimiento con “enfoque progresivo”. O sea, un nuevo Reinfo en el que uno se registraría con 3 datos aceptados de buena fe y ya está hábil para operar mientras, ‘progresivamente’ se va formalizando. Para remate, el inscrito goza de un régimen de excepción penal respecto del delito de minería ilegal. Cuando Gutiérrez, una semana atrás, salió a hablar a los mineros acampando ante el Congreso y dijo “esta ley es para ustedes”, tampoco mentía. Vaya político maximalista e improvisado, apostó todo a su clientela, lo dijo en público y forzó una sesión en la que no tenía los votos (perdió 12 a 5). Todo esto hace pensar -viniendo de un profesor y político novato en una bancada sin partido- que el fin ya no era triunfo de su causa sino mostrar su esfuerzo ante la clientela.

“Necesitaban correr firmas para que la Comisión Permanente lo vea (…) No les iba a alcanzar el tiempo, han sido irresponsables en prometer a la gente lo que no podían cumplir”.

Congresista Diana Gonzales

En la sesión de la comisión en la que se decidía la suerte de un Reinfo rebautizado, fueron invitados 4 ministros pero ni siquiera fue Montero. Este se encontraba en un foro minero en Arabia Saudita, mientras su sector está al rojo vivo. En su lugar, fue Ronald Ibarra, con apenas una semana cumplida en el cargo de viceministro de Minas. Antes, Ibarra se encargó de la dirección de gestión social del Minem y antes encabezó el área de prevención de conflictos en la PCM. Su designación es un sinceramiento: esto ya no es un complejo problema técnico, es un maldito conflicto social.

Entrevisté a Ibarra hace pocos días y reconoció la magnitud del problema social que impele a la protesta de los mineros y va más allá de la informalidad. El proyecto de ley Mape del Ejecutivo no lo resuelve, el de Gutiérrez sí pretendía, al menos, meterle diente ¿A qué me refiero? A la propiedad de las concesiones mineras. El sistema y reparto de concesiones está socialmente desfasado. Las concesiones se daban por 15 años pero en el 2017, por DL 1320 del gobierno de PPK, el periodo se duplicó a 30 años. El sustento fue la necesidad de promover la exploración e inversión, que toma tiempo cuando hablamos de gran minería formal; pero cerró oportunidades para nuevos postores que trabajan el mineral (algunas ancestralmente) y favoreció la gran especulación y subarriendo que domina el sector. Según Ibarra, el porcentaje de mineros informales que trabaja en concesiones de terceros supera ampliamente el 80%. Cifras trabajadas por el Grupo de Diálogo Minero arrojan un 92.5% y Máximo Bequer, el líder de Confemin, dice que el 97.5% de sus asociados trabajan en concesión ajena, la gran mayoría sin contrato.

Le pregunté a Pedro Yaranga, observador de la conflictividad minera, qué visos, sino de solución, de atenuación del conflicto, veía y me dijo: “el gran problema sigue siendo el contrato de operación minera, el que muchos no tienen con el dueño de la concesión; entonces si el Estado como garante, ayudara a las buenas relaciones entre las partes, pusiera algunos límites, eso serviría”. En un país donde se respeta a rajatabla la propiedad, incluso la de las concesiones, cualquier forma de arrebatarla o ‘expropiarla’ es extrema. Cuando le pregunté a Ibarra sobre las posibilidades de revertir concesiones ociosas, esquivó el tema. Hay un pre dictamen que fue descartado por la Comisión porque hablaba de revertir concesiones no operativas por razones ‘de fuerza mayor’, algo tan genérico que la ‘fuerza mayor’ podía ser, por ejemplo, la invasión de informales. La Confemin en su pliego de reclamos difundido el lunes pasado, exige que se apruebe ese dictamen ya rechazado.

Si se hubiera aprobado el dictamen de Gutiérrez, ya no sería necesaria una ley específica de reversión. La ley Mape descartada incluye un capítulo de ‘servidumbre minera’ que, mediante algunas figuras algo truculentas, obligaría al dueño de una concesión a cederla a informales. Pero sí es cierto, si se revisa cada caso, que hay concesiones en manos ociosas y rentistas, que subarriendan sin contrato o en condiciones abusivas. Una ley Mape podría contemplar mecanismos que revisen y concilien muchos de esos casos. Más difícil es la coexistencia de minería informal en territorios concesionados a la gran minería y que esta no opera porque se toma su tiempo para explorar y para explotar selectiva y estratégicamente. Por ejemplo, la comunidad de Pamputa, aledaña a Las Bambas, explota una boyante mina a tajo abierto, alegando su propiedad ancestral de terrenos que la minera formal asegura haber adquirido en concesión. Es una suerte de Las Bambas bamba al lado de Las Bambas firme que configura el mayor caso nacional de minería informal de cobre a gran escala.

El problema social se vuelve extremo, sin cortapisas legales, ante la minería aluvial, aquella que draga ríos en busca de oro. Ello está prohibido salvo para la minería definida como artesanal y a condición de que no emplee mercurio. Esta explotación siempre existió pero, de ser marginal, ha crecido al punto que pequeñas unidades familiares se lanzan con mínima tecnología y mercurio contaminante a buscar oro en cualquier río selvático. En Madre de Dios y en el norte de la región Amazonas, el aumento del precio del oro – de alrededor de $300 por onza en el 2000 a $3,300 en la actualidad- ha generado un ‘gold rush’ digno de la California del sXIX. Muchos campesinos dejan la deprimida agricultura familiar por la búsqueda de oro, migrando de una región a otra.

El empate se mantiene después de la derrota de Gutiérrez y su nuevo ‘Reinfo’. Las carreteras tomadas empezaron a estrangular la economía de regiones enteras sin que el gobierno se apresurara en cometer acciones disuasivas firmes. El frente ya no estaba en el Congreso sino en la negociación con los dirigentes. Le pregunté a la congresista Diana Gonzales, de Avanza País, vicepresidenta de la comisión y quien ha llevado la batuta de la oposición a Gutiérrez; si ve alguna fórmula conciliadora para mitigar el problema de la dificultad de conseguir contratos con la concesión ajena: “Hay algo que rescato del dictamen que hemos rechazado, que incluía un régimen de incentivos para firmar contratos. Habría que revisar eso”. Le pregunté por las concesiones ociosas y también ve en esos casos una vía de conciliación.

La congresista Gonzales confirmó mi impresión de que Gutiérrez y su bancada estaban más desesperados por mostrar su esfuerzo que por un triunfo casi imposible. “En un momento dudé de que podía haber ausencias y abstenciones y se aprobaba el dictamen, pero no hubiera sido gran problema. Necesitaban correr firmas para que la Comisión Permanente [estamos en receso de legislatura] lo vea, esto porque el pleno no encargó el tema a la Permanente. No les iba a alcanzar el tiempo, han sido irresponsables en prometer a la gente lo que no podían cumplir”, me dijo. Roberto Sánchez, líder de JPP, ni siquiera se tomó la chamba de Gutiérrez. Propuso, de frente, el mismo martes, postergar el Reinfo hasta el 2026. Lo que no se puede postergar es el desbloqueo de todas las carreteras tomadas. Si algo han ganado los mineros protestantes es abrir un nuevo capítulo en la narrativa de que el informal no quiere por nada dejar de serlo: hay muchos casos en los que el Estado tiene que revisar concesiones e incentivar los contratos de operación. Ahí están las vías de conciliación para la nueva ley Mape que habrá de dictaminarse y aprobarse en la próxima legislatura.