

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), señaló que quienes deben ser sancionados por la difusión de información reservada de investigaciones fiscales y policiales son los funcionarios públicos.
Fue al ser consultado sobre la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo, que incluye la creación de un nuevo delito que busca penalizar la difusión de información reservada, que la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) considera un “riesgo directo” para la libertad de prensa.
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En entrevista con RPP, Rospigliosi señaló que el tema es “delicado” y alegó que en el 2018 y 2019 se difundieron audios con “fines políticos” para “perjudicar a unos y favorecer a otros”, en referencia al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
No obstante, el titular encargado del Parlamento adelantó que esperará escuchar la posición del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, sobre el tema ante la Comisión de Constitución del Congreso.
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“La información de investigaciones reservadas siempre es delicada y allí tenemos un problema concreto, que lo conocemos por las cosas que han ocurrido sobre todo desde el año 2018 y 2019, cuando se han filtrado audios de determinados procesos con fines claramente políticos para perjudicar a unos y favorecer a otros”, expresó.
“Los que tienen que ser sancionados en el caso de difundir esas informaciones son los funcionarios públicos. Vamos a ver qué cosa es lo que nos explica ahora, en la Comisión de Constitución, el premier y allí tomaremos una posición claramente”, agregó.
Niega haber violado neutralidad
De otro lado, Fernando Rospigliosi aseguró que no violó la neutralidad electoral por el uso de una cámara del Parlamento en un mitin de la precandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en Trujillo.
“Es una necedad lo que han hecho. Las normas de neutralidad electoral hablan de que son violadas cuando hay alguna acción de parte de una persona. El Jurado Electoral de Pacasmayo completamente sesgado no me acusa de ninguna acción, me acusa de omisión, cosa que no está en la norma. Para empezar, está violando las normas”, manifestó.
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“En segundo lugar, desde el punto de vista práctico, es un absurdo, el Congreso tiene centenares de oficinas desperdigadas por todo el Centro de Lima. Si alguien saca una cámara sin permiso es una falta repudiable, pero no es responsabilidad del que está ejerciendo la presidencia del Congreso”, añadió.
Rospigliosi refirió que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo dice que él permitió que ese hecho ocurra, algo que calificó de “absolutamente absurdo” porque -desde su punto de vista- no se ocupa ni siquiera de intentar probar ese hecho.
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“Hay una decisión del Tribunal Constitucional que dice que quien ocupa un cargo como el que yo tengo ahora no es responsable de las cosas que ocurren en el ámbito del Congreso, en este caso, a menos que se individualice la responsabilidad, es decir, que se demuestre que yo he permitido, cosa es que absolutamente falsa”, acotó.
“El responsable es el trabajador que sacó la cámara. No lo sé (si escondió la cámara para sacarla), eso es materia de investigación porque inmediatamente se activó, como lo establecen las reglas, un comité que es el que investiga este caso. Allí se verá si hay responsabilidad de otra persona, o sea del vigilante o alguien más, aparte del trabajador”, sentenció.
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