

El Ministerio Público inició la investigación preliminar en el Congreso de la República, a raíz de la información de una presunta utilización de recursos y personal parlamentario para fines partidarios a favor de Fuerza Popular.
La indagación se produce luego que Cuarto Poder revelara cómo, al menos tres individuos contratados en despachos y comisiones del Legislativo desempeñaban funciones dentro del local partidario de Santa Beatriz, en el Cercado de Lima, durante su horario laboral.
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El Ministerio Público detalló que el caso está a cargo de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, en su cuarto despacho con la fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos.
Las primeras diligencias incluyen que personal policial de la Dirección Contra la Corrupción realice acciones urgentes e inaplazables, en coordinación con el despacho fiscal, a fin de esclarecer los hechos.
La investigación periodística identificó a tres militantes de Fuerza Popular: Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz. Leyva Baylón figura en el portal del Congreso como asesora II en el despacho del congresista Eduardo Castillo, con un sueldo superior a los S/ 10 mil mensuales. Llerena Portugal es auxiliar en el despacho de la congresista Auristela Obando, percibiendo más de S/ 3 500. Ulloa Depaz es técnica de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del Vraem del Congreso, con un sueldo superior a los S/ 6 mil.
Registros audiovisuales y testimonios mostraron la presencia de estos trabajadores en el local partidario, participando en reuniones y coordinaciones internas del partido durante las horas en que debían cumplir sus funciones bajo supervisión legislativa. Por ejemplo, Ulloa Depaz fue observada acompañando a Carmela Paucara Paxi, secretaria nacional de Organizaciones del partido, e incluso recibiendo correspondencia. Asimismo, Leticia Leyva Baylón fue captada recibiendo invitados y permaneciendo varias horas en la sede fujimorista.
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Ante estas revelaciones, Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, sostuvo que los implicados son trabajadores de confianza, y que legalmente no tienen horarios laborales definidos. Galarreta justificó que los congresistas son políticos y que es “natural” que requieran a su personal de confianza para realizar tareas de coordinación en el local partidario, sin que haya “nada de ilegalidad”.
A esto se suma el anuncio que el primer vicepresidente del Congreso y también parte de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, de que se suspenderá la entrega de viáticos y pasajes gratuitos a congresistas y asesores durante las semanas de representación de enero, febrero y marzo de 2026, meses previos a las elecciones generales.
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