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Más voces rechazan el proyecto de ley del parlamentario Waldemar Cerrón (Perú Libre), que plantea la creación de una comisión ordinaria en el Congreso que investigue a jueces y fiscales. A los cuestionamientos del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se sumaron el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y legisladores de diversas bancadas.
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Cerrón, quien tiene a su hermano prófugo de la justicia, presentó la iniciativa el último miércoles. El texto también lleva las rúbricas de los parlamentarios Flavio Cruz, María Taipe, María Agüero, Isaac Mita y Kelly Portalatino. Todos son integrantes de la bancada de Perú Libre.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana , dijo que la posición del Ejecutivo es que la Constitución está por encima de cualquier iniciativa “que pretenda cercenar” o “limitar la justicia” y que, desde esa perspectiva, este proyecto está “atentando contra la Constitución”. “No puede haber control político sobre las sentencias judiciales”, añadió.
Previamente, dicho sector indicó, en un comunicado publicado en X (antes Twitter), que la propuesta “es incompatible” con la Carta Magna “al afectar el principio de separación de poderes y “afecta al sistema democrático”.
“Establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia porque permitiría la interferencia en las actuaciones jurisdiccionales, que deben quedar excluidas de toda influencia y protegidas frente a cualquier presión indebida”, señaló el Minjus.
Añadió que el sistema de administración de justicia ya cuenta con órganos de control como la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y las autoridades de control del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Además, invocó a la JNJ, a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público “a escuchar el clamor ciudadano y la legítima preocupación del Congreso”.
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En tanto, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador contra el crimen organizado, también opinó que el proyecto de ley “es inconstitucional” y advirtió que Cerrón pretendería “investigar a todos los jueces y fiscales cuyas decisiones no le gusten”.
“Pretenden minimizar la actuación de los entes encargados de la administración de justicia a sus intereses”, agregó.
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De otro lado, Javier Arévalo, volvió a calificar ayer el proyecto de “inconstitucional” y denunciar que tiene “un tufo totalitario” .
“Hay congresistas implicados en investigaciones. Sería contradictorio que estas personas pudieran a la vez fiscalizar a los jueces. Por eso la posición institucional es de rechazo a este proyecto que creemos no va a prosperar y posiblemente sea mandado al archivo lo más pronto”, expresó ante la prensa desde un congreso de jueces en Huánuco.
“Quien tiene vocación democrática y cree en el estado de derecho no puede aceptar que un poder del Estado se imponga sobre otro [...] El Congreso al evaluar a los jueces estaría interfiriendo una función constitucional que no le corresponde”, dijo en otro momento.
Subrayó que, actualmente, los magistrados son fiscalizados a nivel económico por la Contraloría General de la República y a nivel administrativo disciplinario por la Junta Nacional de Justicia.
El titular del Poder Judicial manifestó que ejercerán las acciones que les permita la Constitución, aunque no brindó mayores detalles.
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En el Parlamento también hay posturas en contra. Una de ellas viene de su titular, Eduardo Salhuana (APP), quien dijo que “no comparte” el punto de vista de Cerrón.
“Yo personalmente no comparto ese punto de vista. Él tiene derecho como congresista, pero en mi calidad de parlamentario también, no tengo la misma opinión, no respaldo esas iniciativas. Se discutirá en las comisiones correspondientes”, declaró a la prensa.
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Posturas en el Congreso
En tanto, en diálogo con El Comercio, congresistas de Avanza País, Honor y Democracia, Somos Perú y legisladores de bancadas de izquierda como el Bloque Magisterial (conformado por experulibristas) y el Bloque Democrático Popular criticaron la iniciativa.
Legisladores de Fuerza Popular y Podemos Perú expresaron posturas tibias sobre el polémico proyecto de ley.
La congresista Karol Paredes (Avanza País) señaló que, si bien, los congresistas, como cualquier persona o institución pueden presentar los proyectos de ley que crean convenientes; sin embargo, “no pueden interferir en las funciones o responsabilidades de los otros poderes” del Estado.
“No se puede politizar [la justicia]. Considero que no tenemos que confundir nuestras funciones y responsabilidades”, remarcó.
A su turno, Jorge Montoya, portavoz de Honor y Democracia, consideró que la propuesta es “innecesaria” porque ya existe una Comisión de Fiscalización, que tiene la facultad de investigar si fuera necesario. “La separación de poderes obliga a cada poder a tener su organismos de control”, acotó.
El parlamentario Héctor Valer (Somos Perú) opinó que la propuesta de Cerrón “es una aberración jurídica”. Mientras que Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) la calificó de “amenaza a la autonomía del sistema de justicia”.
“Se busca mal utilizar el poder político para politizar las decisiones judiciales, denigrando el trabajo de jueces y fiscales. Todo ello en un contexto de investigaciones y juicios que se realizan a diversos actores políticos [...] En mi opinión, debería archivarse ese proyecto”, expresó Luque.
Por su parte, el expresidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), aseveró que no está de acuerdo con el proyecto porque respeta “la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público”.
Similares declaraciones brindó el congresista Óscar Zea (Bloque Magisterial), exintegrante de Perú Libre: “No estoy de acuerdo [con la iniciativa], se tiene que respetar la independencia de poderes”.
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De otro lado, César Revilla, vocero alterno de la bancada fujimorista, consideró que “hay que revisar la propuesta con mucho cuidado” y que “antes del debate en la comisión, lo evaluarán en bancada y decidirán la posición”.
“Toda propuesta legislativa y sobre todo de esta naturaleza tiene que revisarse con sumo cuidado”, respondió a este Diario.
El ex aliado de Perú Libre, Guido Bellido (hoy Podemos Perú), no descartó respaldar la iniciativa de Cerrón al considerar que el Poder Judicial “requiere mayor fiscalización” porque hay “muchas irregularidades”. Agregó que, si alguien opina que es inconstitucional, podrá “recurrir al Tribunal Constitucional si fuera el caso”.
“¿Antidemocrático? [...] ¿Cuántos jueces sancionados tenemos hasta ahora por los órganos que tiene el Poder Judicial? Casi nada ahí, toda una casta”, se preguntó.
En diálogo con medios de comunicación el congresista de Perú Libre y presidente de la Comisión de Constitución, Isaac Mita, señaló que “todos tienen derecho a presentar proyectos”. El parlamentario es uno de los coautores de la propuesta.
Otra iniciativa
- Américo Gonza, congresista de Perú Libre, ha presentado un proyecto que plantea que cuando el fiscal de la Nación y el presidente del PJ terminen sus mandatos también dejen de ser fiscales o jueces supremos.
