La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, es una de las pocas sobrevivientes del primer Gabinete del gobierno de Pedro Castillo. La abogada continúa al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), pero en la actualidad enfrenta una serie de cuestionamientos, entre ellos el haber realizado gestiones a favor de un club privado, cuando la Constitución se lo prohibía.
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1. La licencia (y tardía renuncia) al Reniec
Nueve meses después de haber jurado como primera vicepresidenta de la República y luego como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte renunció al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde, hasta antes de las elecciones, trabajó como jefa de la oficina de Surco.
El Reniec, a través de su cuenta de Twitter, informó que Boluarte Zegarra presentó su carta de dimisión el 11 de abril. Dos días después, esta fue aceptada.
La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) solicitó, al inicio del gobierno de Pedro Castillo, que la institución ampliar la licencia que le brindó por la campaña electoral por cinco años. Justificó esta insólita petición al referir que en cualquier momento podía dejar el Ejecutivo ante una fuerte crisis.
“Estos trabajos son de elección popular y en cualquier momento podría dejar el cargo por la convulsión del país, por eso tengo derecho a regresar a mi plaza”, manifestó.
Boluarte, abogada de profesión, trabajó en Reniec desde el 2007. Y desde el 2015, hasta meses antes de las elecciones generales de 2021 fue jefa de la Oficina Registral en Surco-Higuereta.
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2. La presidenta… del Club Departamental Apurímac
La contraloría detalló, en base a una búsqueda realizada en el Registro de Personas Jurídicas (RPJ) de la Sunarp, que Boluarte fue elegida el 15 de enero de 2017 como presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac hasta el 2019, cargo para el que fue reelegida hasta febrero de 2022.
Y, mediante escritura pública del 20 de setiembre del año pasado, se modificaron de manera parcial los estatutos del Club Departamental Apurímac para prorrogar el mandato de los integrantes del Consejo Directivo, incluyendo a Boluarte, hasta el 15 de febrero de 2024.
El órgano de control informó que, entre el 26 de agosto y el 20 de octubre últimos, la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social suscribió 13 documentos como presidenta del club. Estos tuvieron relación con el cambio en parte de los estatutos, con convocatorias a sesiones del Consejo Directivo y con constancias sobre el quórum [ver imagen].
La rúbrica de Boluarte Zegarra, en todas las oportunidades, fue validada por el notario Jorge Luis Gonzales Loli.
Ante la institución que dirige Shack, la titular del MIDIS indicó que solicitó licencia a su cargo de presidenta del Club Departamental Apurímac el 29 de julio del año pasado y adjuntó la carta.
No obstante, el órgano de control, en su informe, indica que ni la ministra ni el Club Departamental Apurímac remitieron la copia legalizada (y tampoco simple) del acta de sesión de Consejo Directivo del club del 5 de agosto de 2021, donde se habría aprobado la solicitud de licencia de la abogada.
El informe también remarcó que a pesar de estar de licencia, continúo firmando documentos, como se precisa líneas arriba.
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El artículo 126 de la Carta Magna establece que los ministros “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.
Y, además, remarca que los integrantes del Gabinete Ministerial “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Por esta razón, los congresistas Norma Yarrow (Avanza País) y Javier Padilla (Renovación Popular) presentaron dos denuncias constitucionales contra Boluarte Zegarra por la presunta infracción de los artículos 2, 38 y 126 de la Constitución. Estos parlamentarios de oposición han solicitado que la ministra sea inhabilitada por 10 años para ejercer la función pública.
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3. Tramitó licencia ante Municipalidad de Lima
En su defensa, la ministra de Desarrollo e Inclusión afirmó que solo firmó documentos para regularizar trámites registrales ante la Sunarp. No obstante, el portal “Epicentro” informó que Boluarte Zegarra tramitó, con su nombre y rúbrica, ante la Municipalidad de Lima una licencia de funcionamiento a favor del Club Departamental Apurímac, a fin de que en el recinto pueda funcionar un restaurante, bar y un salón de eventos.
El documento, donde se consigna a Boluarte como la representante legal de la asociación privada, fue presentado el 7 de abril.
Incluso, en octubre de 2021, la primera vicepresidenta de la República firmó una apelación que presentó el club en rechazo a la resolución de la Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones de la comuna limeña, que le había negado el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, por incumplir con condiciones de seguridad en caso de incendios.
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4. La contratación de familiares
Boluarte tampoco incorporó en su DJI a ocho parientes de segundo grado de afinidad (cuñados), a pesar de que el artículo 4 de la Ley N°31227 lo dispone expresamente.
La Contraloría, además, indicó que Nicanor Boluarte Zegarra y Alfredo Pezo Paredes, hermano y cuñado de la primera vicepresidenta de la República, fueron contratados por la Municipalidad de Pueblo Libre y en la Escuela Nacional de Control, cuando existía un impedimento. Recomendó, en ese sentido, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tomar las acciones que correspondan.
“No se ha evidenciado un presunto conflicto de intereses real de la fiscalizada respecto a las contrataciones de su hermano y cuñado efectuadas por la Municipalidad de Pueblo Libre y la contraloría, respectivamente, al no identificarse todos los elementos constitutivos del mismo; sin embargo, dicha situación configura un conflicto de interés potencial, por lo que se deben adoptar medidas preventivas”, se lee en el documento.
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5. Denuncian que crearon puesto para su sobrino
En febrero pasado, el antropólogo José Ugarte Boluarte, sobrino de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, fue designado como jefe de la oficina de la empresa pública Gestión Social en Sedacusco S.A. Este puesto, según informó el programa “Panorama”, no existía hasta el momento de su nombramiento.
Ugarte Boluarte apoyó a la también vicepresidenta de la República durante la última campaña electoral. Afirmó que tiene 12 años de experiencia profesional y una hoja de vida adecuada para el cargo.
“¿Porque soy sobrino de la señora no tengo derecho a trabajar? [...] He ganado hasta mucho más en otros trabajos”, respondió al referido programa dominical.
Bonus track: Viceministros en el MIDIS no cumplen requisitos
La Defensoría del Pueblo exhortó a Boluarte Zegarra a “reevaluar” la designación de los dos viceministros del MIDIS: María Tarazona Alvino (Políticas y Evaluación Social) y William Contreras Chávez (Prestaciones Sociales), luego de que detectar que ninguno cumple con los requisitos de experiencia mínima para los puestos que ostentan en el sector.
La institución, que dirige de manera interina la abogada Eliana Resollar, realizó una supervisión al Ejecutivo respecto al cumplimiento de la Ley N°31419 (que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública). La norma dio un plazo de 30 días calendarios, a partir de su entra en vigencia, para que todos los despachos se adecúen a los requisitos, el cual se cumplió el 17 de marzo.
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La Defensoría del Pueblo refirió que en el caso de Tarazona, el MIDIS contabilizó “su experiencia como viceministra en dicho sector como parte de los 5 años de experiencia específica”.
Además, de las labores que realizó como “subdirectora, directora encargada, jefa encargada del área académica, y editora y directora de sección de una empresa de nombre Magazine Wellas sin RUC vigente y dedicada a la edición de revistas y servicios de imprenta en Huánuco”.
Respecto a Contreras, “de igual modo contabilizaron su experiencia como viceministro en dicho sector como parte de su experiencia específica”.
El resto de experiencia del viceministro de Prestaciones Sociales es como director de varias áreas del Colegio de Abogados de Lima (CAL), “cuya naturaleza no se asemeja a las de dirección en una empresa o entidad del Estado, y como subjefe en un Programa de Asistencia Técnica, Capacitación y Estudio para los Gobiernos Locales en la Presidencia del Consejo de Ministros”.
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