Edwin Donayre: la historia de blindajes y dilaciones en el Congreso

El militar en retiro Edwin Donayre fue condenado a prisión por el Caso ‘Gasolinazo’ en agosto del 2018. Desde entonces ha pasado más de un año y medio para que el Poder Judicial tenga la puerta abierta para ejecutar dicha medida. Y es que en todo ese largo trecho, la historia del excongresista de Alianza para el Progreso (APP) capturado anoche en Puente Piedra tiene varios capítulos que dilaciones y blindajes en el disuelto Congreso de la República.

Incluso hubo dos insistencias desde el Poder Judicial —que ratificó la pena de cárcel— para que el Poder Legislativo accediera a ejecutar la sentencia por el delito de peculado. Pero en medio estuvieron diversos procedimientos parlamentarios que tuvieron como protagonistas a legisladores de Fuerza Popular y APP, además de las acciones del propio Donayre, quien se mantuvo prófugo por casi seis meses desde que finalmente se ordenara su captura.

—Primer pedido y obstáculo—

El primer pedido formal del Poder Judicial al Congreso para que autorice la ejecución de la sentencia inicial de 5 años y 6 meses de prisión efectiva se dio el 13 de setiembre del 2018. Dicho requerimiento fue evaluado recién casi un mes después por la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, que entonces presidía Luciana León (Apra).

Pero aquí vino el primer acto dilatorio. La comisión decidió el 10 de octubre del 2018 devolver al Poder Judicial su pedido.

“Fuerza Popular y APP solicitaron que el expediente [sobre Donayre] sea devuelto al Poder Judicial y que ellos estimen y detallen que nosotros no vemos [la] ejecución de [la] sentencia, sino que especifiquen si quieren un levantamiento de proceso o un levantamiento de arresto, que son los dos únicos procedimientos que ve esta comisión”, explicó León aquella vez.

Efectivamente, el planteamiento fue hecho por el fujimorista Carlos Tubino y a favor del mismo votaron todos sus colegas de Fuerza Popular y César Vásquez (APP), entonces colega de bancada de Donayre. Hubo dos votos en contra y Edmundo del Águila (Acción Popular) se abstuvo.

—La insistencia del PJ y la reacción del Congreso—

El 26 de noviembre del 2018, el Poder Judicial envió un nuevo oficio al entonces presidente del Congreso, Daniel Salaverry, reiterando el pedido para que se autorice la ejecución del a condena contra el excomandante general del Ejército.

Vino entonces otro acto de demora el 3 de diciembre del 2018. En vez de someter a votación el pedido del Poder Judicial, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria acordó por mayoría solicitar a la Comisión de Constitución, que presidía Rosa Bartra (Fuerza Popular), una opinión consultiva sobre la situación de Edwin Donayre, quien había presentado un recurso de nulidad a la sentencia de primera instancia.

Nuevamente, Carlos Tubino (Fuerza Popular), quien recientemente ha confirmado que buscará postular al Parlamento el 2020, tuvo un rol clave. Él planteó una cuestión previa y votó a favor junto a sus colegas de bancada Marco Miyashiro, Tamar Arimborgo, Wuilian Monterola y Francisco Villavicencio.

“Estamos frente a una situación en la que el Poder Judicial quiere que le entreguemos al congresista cuando solo se ha visto su caso en primera instancia. Nosotros le decimos: ‘No, señor. Concluya usted el proceso, traiga una sentencia firme y ejecutoriada”, sostuvo Tubino.

En contra votaron Edmundo del Águila (AP) y Alberto Quintanilla (NP), mientras que César Vásquez (APP) dirigió la sesión y se abstuvo de votar.

“Políticamente es un blindaje. La ley es absolutamente clara. Han hecho una interpretación forzada. El recurso de nulidad interpuesto por el congresista Edwin Donayre no suspende la ejecución”, consideró Quintanilla.

El asunto quedaba entonces en manos de la comisión encabezada por Bartra, quien adelantó: “Lo estudiaremos y responderemos en el menor tiempo que nos permita la agenda”.

—La espera siguió al año siguiente—

Pero vino el fin de la legislatura y el nuevo año. Ya el 5 de febrero del 2019, seguía la espera para una decisión del Parlamento. Pero, una vez más, el proceso fue dilatado. Solo con votos de Fuerza Popular, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad decidió seguir aguardando por el pronunciamiento de la Comisión de Constitución.

Los votos a favor fueron de Carlos Tubino, Francisco Villavicencio, Marco Miyashiro y María Melgarejo. Se opusieron Edmundo del Águila (App) y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú). Un detalle extra fue que a esa sesión faltaron ocho parlamentarios, entre ellos César Vásquez, de APP, quien pidió licencia.

Tubino defendió su posición en declaraciones a la prensa y rechazó que el Congreso esté demorando el caso: “A pesar de que hay muchas personas que inventan cosas y nos dicen cosas que al final no son ciertas, estamos actuando con corrección e igual hemos actuado con el congresista Edwin Donayre, con corrección y no con prepotencia”.

Esos días, César Vásquez se expresaba además a favor de que el caso de su colega de APP sea resuelto en segunda instancia para que recién se le levante la inmunidad: “Yo no quisiera sentirme culpable de que un anciano enfermo se vaya a la cárcel y después el Poder Judicial lo libere. Quién resarce después todo ese daño emocional, de salud, moral”.

Sobre la opinión consultiva de la Comisión de Constitución, Luciana León recordó que el informe no era vinculante y solo servía de referencia. Pero la suerte ya estaba echada.

Dicho informe finalmente fue aprobado por la Comisión de Constitución el 12 de febrero, recomendando que precise la situación de Edwin Donayre sobre si su caso correspondía o no a una sentencia firme.

"En caso de pedido de levantamiento de la inmunidad de arresto para ejecutar una condena, lo coherente normativa y constitucionalmente es que la condena sea firme, pero, en tanto, competencia exclusiva del órgano jurisdiccional, cuando no se cuente con sentencia firme corresponderá pedir una precisión o aclaración para asegurar que se ha cumplido con el control de convencionalidad y constitucionalidad", decía el documento.

—La decisión—

Casi seis meses después y ante una serie de críticas por la dilación, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria decidió el 2 de abril del 2019 —esta vez por mayoría— admitir a trámite el pedido del Poder Judicial para que se le retire la inmunidad a Edwin Donayre. Seguía entonces una serie de diligencias para determinar si el hecho procedía o no.

Estas incluyeron los descargos de Donayre, quien negó las imputaciones de la sentencia en su contra y aseveró: “Lamento que se haya suscitado una confrontación entre poderes por mi causa y que algunos congresistas hayan sido acusados de blindar, ante el vacío de la normatividad y reglamento del Congreso al que todos nos sujetamos”.

Fue así que unas cuatro semanas después, la comisión presidida por Luciana León aprobó por unanimidad el informe que planteaba levantarle el fuero a Donayre. Un día antes, el Poder Judicial había confirmado la sentencia de cárcel, aunque reformando el tiempo de la pena a 5 años.

Votaron a favor Carlos Tubino, Wuilian Monterola, Marco Miyashiro, Nelly Cuadros y Francisco Villavicencio (Fuerza Popular); así como Edmundo del Águila (Acción Popular), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), Marco Arana (Frente Amplio) y César Vásquez (APP).

El 2 de mayo de este año, el pleno de Congreso tuvo en sus manos la decisión final. Aprobó levantarle la inmunidad a Edwin Donayre, quien no estuvo en la sesión, con 102 votos a favor, cero en contra y la abstención de Esther Saavedra (Fuerza Popular). Daniel Salaverry, presidente del Parlamento, comunicó luego la decisión al Poder Judicial y la medida fue oficializada posteriormente declarando la vacancia del militar retirado, entrando más adelante en funciones su accesitario Luis Iberico.

Solo horas después de conocerse la decisión del pleno, el Poder Judicial ordenó la captura de Donayre y la Policía Nacional del Perú emprendió su búsqueda, pero no lo hallaron en su casa.

Dicha orden de captura estaba por vencer y fue renovada a pedido del procurador anticorrupción Amado Enco el 24 de octubre último.

Seis días después de dicha acto administrativo, Edwin Donayre —por quien se ofrecían S/100.000 de recompensa— terminó sus casi seis meses como prófugo de la justicia al ser capturado por la policía en inmediaciones de la Plaza de Armas de Puente Piedra. Hace dos semanas había llegado proveniente de Carhuaz (Áncash) para recibir tratamiento médico contra la diabetes, por lo que alquiló una habitación en la citada zona al norte de la capital. Su error, explicaron los agentes, fue salir del cuarto para hacer una llamada desde un teléfono público. Vistiendo un atuendo deportivo, portando una barba en forma de candado y llevando una peluca en una mochila fue intervenido y conducido luego a la sede de Requisitorias. Su próximo paradero es un penal.

DATO

Un estudio de 50+1, Grupo de Análisis Político, determinó que Edwin Donayre coincidió en el 92% de sus votaciones, desde agosto del 2016 a enero de este año, con la mayoría de Fuerza Popular. Los votos de dicha bancada ayudaron a que se dilate el caso del exparlamentario en el Legislativo.