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A poco más de haber cumplido tres meses en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo es percibido como un factor desestabilizador de la economía. El 61% considera que el profesor “no genera un clima favorable” para la inversión privada, mientras que un 29%, sí, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú.
Según el mismo estudio de opinión, difundido por “Cuarto poder”, el 67% afirma que la situación económica “ha empeorado” durante la actual administración. El 26% opina que está igual que antes, y solamente el 6, que ha mejorado.
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Castillo Terrones ha tenido un “doble discurso” respecto la política económica del país. Por ejemplo, en el Congreso y en la Comisión Permanente de la OEA, descartó que su gobierno vaya a promover expropiaciones y negó que busquen ahuyentar a las inversiones. No obstante, recientemente, en Amazonas, se pronunció a favor de la “nacionalización” o “estatización” del gas de Camisea.
Al respecto, solamente el 26% respalda la expropiación del consorcio Camisea, con el objetivo de que el Estado se dedique a la extracción del gas.
El 61% indicó que el referido proyecto no se debe expropiar. De este 61%, 41% cree que ese dinero se debe destinar a la construcción de escuelas, hospitales, comisaría y carreteras, y el 20% al gasoducto. Y el 13% no precisa.
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El voto de investidura
El 44%, de acuerdo a la encuesta de Ipsos Perú, está informado sobre la presentación de la primera ministro, Mirtha Vásquez, ante el Congreso, donde solicitó el voto de confianza; mientras el 54%, no. El Parlamento decidirá el jueves 4 de noviembre si le otorga o no la investidura.
El 62% de los que están informados refirió que el Legislativo debería darle el voto de confianza al Gabinete dirigido por Vásquez, y el 31%, que no. El 7% no precisa.
Del 44% que escuchó la presentado de la jefa del Gabinete Ministerial, el 54% opina que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, no debe continuar en el cargo, independiente si el Ejecutivo logra o no la investidura. El 33% cree que sí debe seguir, y el 13% no precisa.
Una situación similar enfrenta el ministro de Educación, Carlos Gallardo. El 49% de los que está informados sobre el pedido del voto de confianza señalan que debe dejar el cargo.
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