A fin de evitar que la fiebre de los ‘selfies’ se siga masificando, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prohibió el uso de dispositivos digitales, tales cámaras fotográficas y de video, así como celulares, en la cabina secreta de votación durante las elecciones regionales y municipales. De hecho, hoy todos los locales de votación lucían ese mensaje a vista de todas las personas.
Sin embargo, la mala instrucción a personal de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ocasionó que representantes de estas dos instituciones obstaculizaran el trabajo de un equipo periodístico de El Comercio, evitado que un reportero gráfico realice tomas dentro de un local de votación pese a estar acreditado.
El hecho ocurrió en el centro Educativo 1140 Aurelio Miró Quesada, en La Molina, mientras se cubría el acto de sufragio del candidato Juan Carlos Zurek.
Personal militar impidió el ingreso del reportero gráfico Percy Ramírez y, aunque minutos después lo dejaron ingresar, cuando se disponía a realizar tomas fue impedido de hacerlo por la señorita María Angélica Arapa Zavaleta, personal del JNE, y por Jhon Huamán Matos y Luis Enrique Saravia Burgos de la ONPE.
Todos ellos aseguraron que la norma dictada por la ONPE también incluía a los medios de comunicación, evidentemente esto no es así. El reportero sufrió, incluso, un golpe en la mano.
Ninguno conocía con certeza los alcances de la resolución de la ONPE y aunque luego se disculparon, ello revela la falta de preparación y capacitación del personal para actividades de tamaña importancia.
LA NORMA
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había señalado hace un par de días que si alguien tiene un teléfono celular, deberá estar apagado y que, en caso sea necesario, se pedirá el apoyo de las Fuerzas Armadas, encargadas de la custodia de los locales de votación para impedir el uso de cualquier dispositivo de ese tipo.
El funcionario explicó que la medida obedece a que algunos ciudadanos "venden" sus votos; es decir, que sufragan a favor de algún candidato determinado y utilizan la foto que le toman a su voto como prueba para luego cobrar el dinero ofrecido.
Según el artículo 356 del Código Penal, quien "mediante dádivas, ventajas o promesas, trata de inducir a un elector a no votar o a votar en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años".
El Comercio se comunicó con voceros de la ONPE y estos indicaron que este fue un hecho aislado y reiteraron su respeto hacia la labor de los medios de comunicación.