La Procuraduría General del Estado (PGE) está en un limbo institucional. Javier León, cuestionado por haber sido investigado en un caso vinculado al narcotraficante Fernando Zevallos, anunció su renuncia como procurador general el 9 de octubre; pero el Ejecutivo −hasta el cierre de esta edición− aún no la acepta, por lo que el abogado sigue en funciones.
En ese lapso, un juez constitucional ordenó al Gobierno reponer como procurador general a Daniel Soria: se determinó que su remoción, firmada por el presidente Pedro Castillo en febrero por “pérdida de confianza”, debía anularse por no respetar lo dispuesto por la ley de la PGE para cesar a su titular.
Lejos de acatar lo dispuesto por el Poder Judicial (PJ) y a pesar de que León ya había proclamado su dimisión, el Gobierno apeló la decisión del juez y afirmó que recién iban a obedecer la orden si esta era confirmada en segunda instancia.
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La resolución fue firmada el pasado martes por el magistrado Jonathan Valencia, quien dispuso explícitamente “ordenar a la demandada [el Ejecutivo] proceda a reponer al demandante [Soria] en su cargo de procurador general”.
Además, el abogado de Soria, Joseph Campos, presentó un escrito al juez esa misma noche para solicitar la actuación inmediata de la demanda. Es decir, que ratifique la orden de que Soria debía ser repuesto de inmediato, al margen de que el amparo pueda ser apelado.
El Ejecutivo respondió el jueves 13 por la mañana con un pedido para que el juez rechace el pedido de actuación inmediata. Al día siguiente, presentaron su apelación contra la resolución del juez. Todo esto consta en el expediente de la demanda, según pudo revisar El Comercio.
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Ese mismo día, el ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que aún no había recibido la renuncia de León. Para el presente informe, este Diario volvió a consultar al ministro sobre la renuncia, pero no respondió.
Sin embargo, desde la PGE informaron que León sigue en funciones. Incluso, el último sábado se publicó una nota de prensa sobre sus actividades en el cargo.
Campos dijo a El Comercio que el Ejecutivo se equivoca al afirmar que ejecutarán la reposición si se confirma en segunda instancia, ya que las demandas de amparo se deben cumplir solo con la resolución de primera instancia.
Apuntó que se cumplen todos los requisitos para una ejecución inmediata.
“La actuación inmediata es como si [la resolución] estuviese firme, solo que el juez asume la responsabilidad de que se ejecute inmediatamente. No se trata de que dependa de las apelaciones [...] Se están agotando en esfuerzos inútiles”, indicó.
El abogado Gilmar Andía, exviceministro de Justicia y exmiembro del consejo directivo de la PGE, coincidió en que la reposición de Soria debe ser inmediata, al margen de la apelación, y remarcó que la orden judicial reestablece la situación del cargo de procurador general al estado previo a su salida.
“Están haciendo un juego de querer dilatar [...] La demanda restaura todo a la situación inicial, con lo cual la aceptación de la renuncia [de León] es irrelevante. El PJ ha dicho que cualquier acto posterior a la resolución que saca a Soria tiene que ser nulo”, detalló.
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Campos y Andía coincidieron en que el Ejecutivo podría incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad si persiste en no reponer a Soria; y en que lo más probable es que la segunda instancia le vuelva a dar la razón. El primero añadió que esto también podría llevar a una eventual destitución del ministro de Justicia.
La adjunta de Lucha contra la Corrupción y de la Defensoría del Pueblo, Susana Silva, reiteró su exhortación para que se ejecute la resolución y se resuelva así el “limbo” que atraviesa la PGE. “Es importante que el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Justicia, acate la decisión. Es indispensable para dar muestras claras de respeto a la autonomía de la PGE y las disposiciones del PJ”, dijo.
Sobre lo alegado por el Gobierno, refirió que el Código Procesal Constitucional establece que, en este tipo de casos, las sentencias de primera instancia se ejecutan de forma inmediata.
En tanto, Soria optó por un “silencio prudente”. “Él quiere ponerse por encima del problema [...] Que el Ejecutivo tenga la tranquilidad de que aquí no se va a desarrollar ninguna actividad vindicativa”, destacó su abogado.
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Durante la última semana, fuentes ligadas al sector Justicia indicaron que el procurador Javier Pacheco era el favorito del Ejecutivo para ser nombrado nuevo titular de la PGE.
Las fuentes objetaron que Pacheco era cercano a Aníbal Torres y que su nombramiento resultaría en una continuidad respecto a las últimas gestiones.
El Comercio intentó comunicarse con Pacheco, hoy a cargo de la Procuraduría Anticorrupción, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
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