Gobierno de Pedro Castillo realiza polémico cambio en entidad que maneja S/ 8 mil millones

El Gobierno retiró a Amalia Moreno Vizcardo de la jefatura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que este año tiene un presupuesto de S/8 mil millones. En su reemplazo fue nombrado Robert López López, excandidato al Congreso por el partido Victoria Nacional.

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Moreno Vizcardo, quien se desempeñaba en el cargo desde el 30 de octubre del 2019, dijo a El Comercio que se enteró de su salida a través del diario oficial “El Peruano”, cuando se encontraba en Tumbes en un viaje de trabajo.

La exfuncionaria manifestó, además, que en estos meses sintió “que todo estaba bien” y que su relación con los altos mandos del Ejecutivo “era bastante profesional” y que “solo ellos conocen las razones” de su destitución.

“No tengo una explicación para ello y tampoco una comunicación. La semana pasada estuve acompañando al presidente en un viaje a Tumbes en el Consejo Descentralizado y sentí que todo estaba bien. […] El presidente había reconocido públicamente mi trabajo. Yo soy respetuosa de las decisiones”, aseveró Moreno.

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Al ser consultada por este Diario sobre si recibió presiones para contratar a militantes del partido oficialista, respondió: “Solo una vez, unas personas de Perú Libre se acercaron a pedir trabajo, usaron el nombre del presidente, pero en PCM me señalaron que yo tomaba las decisiones. Estas personas no fueron contratadas”.

La exjefa de la ARCC dijo también que durante su gestión se realizaron 6.273 intervenciones y se crearon miles de puestos de trabajo.

Minutos más tarde, en diálogo con RPP, Moreno consideró que fue una falta de respeto que el Gobierno no le informara con anticipación sobre su destitución. “Si me hubiesen avisado, yo ya estaría en Lima entregando el cargo, como corresponde”, agregó.

La resolución suprema en la que se da por concluida la designación de Moreno fue firmada por el presidente Pedro Castillo y el jefe de Gabinete, Aníbal Torres.

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Por otro lado, el flamante director de la ARCC, Robert López, obtuvo su grado magíster en Ciencias Políticas en la Universidad César Vallejo y es excandidato al Parlamento por la región San Martín con el partido Victoria Nacional.

Hasta el 9 de marzo del año pasado, fue director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda.

En el 2019, cuando López era gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), un informe de contraloría –al que tuvo acceso El Comercio– lo responsabilizó, junto a otros 18 funcionarios, por presuntas irregularidades en obras de mejoramiento del hospital de Tocache. Ese mismo año, el consejo directivo del PEHCBM le retiró la confianza.

Al respecto, López indicó a este Diario que la fiscalía desestimó su participación en las presuntas irregularidades. Añadió que renunció al cargo “por razones estrictamente personales”, por lo que fue cesado “con las gracias respectivas al servicio brindado” y que el “consejo directivo no tiene la facultad de retirar la confianza de un cargo, sino quien designa, que en ese caso fue el gobernador de San Martín”.

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Para Carlos Casas, exviceministro de Economía, “quizás el cambio responda a las promesas que se hacen en los Consejos de Ministros Descentralizados; sin embargo, la idea es que se haga una buena planificación y que las obras se hagan bien”.

Casas señaló que la ARCC “ha estado sujeta a críticas porque ha empezado en 2017 y ya vamos 2022 y debió estar más avanzada el gasto y las acciones”.

A su criterio, “habría que mirar si el número de intervenciones es eficiente”. “Hacer intervenciones no dice mucho porque es poner un poquito de plata en un montón de cosas y no se avanza mucho. Yo preferiría que haya menos, pero que sí se avance y se termine”, añadió.

“Hay que estar con un ojo bien agudo [ante posible copamientos]”, destacó el exfuncionario.

En tanto, Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explicó que las intervenciones son “inversiones que realiza el Estado que permiten la prestación de un servicio a cargo de una entidad” y que “pueden ser en materia de educación, agua, pistas y veredas”.

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El 27 de octubre del 2021, el cuestionado exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva nombró a Víctor Valdivia director ejecutivo de Provías Descentralizado, un organismo ejecutor de obras viales que maneja un presupuesto de S/772 millones.

El Comercio advirtió entonces que Valdivia tiene al menos nueve denuncias e imputaciones de diversa índole en los distritos fiscales de Lima y Ayacucho.

En noviembre, un mes después de su nombramiento, Valdivia renunció al cargo y fue reemplazado por Walter Pineda.

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En tanto, el 1 de abril, el entonces titular de Salud Hernán Condori designó a Carlos Cantorín Camayo coordinador general del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).

Pronis es un ente adscrito al Ministerio de Salud que tiene como principales funciones formular, elaborar y ejecutar en el país proyectos de inversión pública. Este año, según fuentes de esta cartera, maneja un presupuesto de S/825 millones .

Este Diario reveló que, en el 2018, Cantorín fue sentenciado a cuatro años de prisión por colusión, pero la disposición fue anulada. Sin embargo, mantiene investigaciones fiscales en curso en Junín.