A inicios de mayo, Fredy Hinojosa, jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, fue anunciado como vocero de la mandataria Dina Boluarte. En su primera entrevista, el abogado dijo que recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que la exministra de Desarrollo e Inclusión Social continúe siendo investigada por el llamado Caso Rolex “no es ningún blindaje”.
Hinojosa evitó, en reiteradas oportunidades, realizar una autocrítica sobre la administración de Boluarte. Esto a pesar del aumento de los índices de la pobreza en el país, entre otros.
— Hace apenas una semana, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo que la presidenta Dina Boluarte no tiene “nada que ocultar” y que ella comparecería ante la Fiscalía de la Nación “cuantas veces sea necesario”. ¿Por qué el Ejecutivo ha decidido, entonces, recurrir al TC para evitar que la mandataria continúe siendo investigada?
Es una acción estrictamente constitucional, democrática e institucional, en el sentido de que existiendo una controversia sobre la interpretación del artículo 117 de la Constitución le corresponde precisamente al Tribunal Constitucional dirimir esta polémica. Lo democrático en este país es recurrir a las instituciones competentes con la finalidad de establecer el imperio de la Constitución, ese es el objetivo al final de acción.
— La Corte Suprema de Justicia definió que un presidente en funciones sí podía ser investigado, al analizar la situación de Pedro Castillo. Y en el Congreso inhabilitaron a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por suspender la pesquisa al profesor. Es decir, hay antecedentes judiciales y parlamentarios que sí permiten la pesquisa preliminar a un mandatario en funciones. ¿Bajo qué argumentos el Tribunal Constitucional cambiaría el criterio?
Es cierto que el Poder Judicial puede emitir pronunciamiento dependiendo de cada caso en particular, pero el control de constitucionalidad en este país es una prerrogativa del Tribunal Constitucional. Y claro que existe una controversia, porque si analizamos los pronunciamientos del propio Ministerio Público con anterioridad al expresidente Pedro Castillo encontraremos de manera uniforme una decisión, en el sentido, que considera el Poder Ejecutivo es la auténtica interpretación del artículo 117 [de que no se puede investigar a un mandatario en funciones]. Existe una controversia y recurrir al Tribunal Constitucional es lo más democrático y una muestra de respeto a la institucionalidad. Esta es una práctica que impera en el Estado de Derecho, no podríamos decir lo mismo de un país dictatorial. Este gobierno respeta la constitucionalidad y las funciones de las instituciones. De manera, que no debe llamar la atención que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional para que dirima una controversia de naturaleza jurídica.
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— El ministro de Justicia y DD.HH., Eduardo Arana, afirmó que la Fiscalía de la Nación “ha traspasado los límites que corresponden a su función”. ¿Cuáles, por ejemplo?
No voy a pronunciarme respecto a declaraciones del ministro Arana […] El término vocero implica la transmisión de información institucional, no la opinión, que obviamente yo como abogado la tengo. Yo la puedo emitir, pero en un plano privado.
— En el acta del Consejo de Ministros del viernes 17 de mayo, se detallan los argumentos de la demanda competencial. Uno de ellos puntualiza que la Corte Suprema de Justicia “carece de competencia para autorizar” medidas, como allanamiento, registro domiciliario, registro personal, entre otros. La única presidenta objeto de estas medidas ha sido Boluarte. ¿El gobierno no está buscando un blindaje absoluto a favor de la jefa de Estado?
De ninguna manera, porque reitero que recurrir a una institución competente para dirimir una controversia de carácter constitucional no es ningún blindaje, más bien es el ejercicio de la institucionalidad. Este gobierno desde el inicio ha sido respetuoso del orden constitucional y de las funciones de las instituciones que sostienen el sistema democrático en el país.
— ¿No existe una contradicción, entre la postura inicial de la presidenta Boluarte, cuando dijo que ella respondería “con la verdad” por el Caso Rolex, con esta demanda competencial?
No existe ningún cambio de postura en la medida de que la presidenta de la República concurre y concurrirá las veces que sea citada por el Ministerio Público o por cualquier institución que tenga las funciones establecidas de acuerdo a ley. La decisión tomada por el Poder Ejecutivo constituye más bien el ejercicio de un sistema democrático. En democracia las instituciones tienen competencias y funciones, el respeto a esas funciones garantizan la vigencia de un Estado de Derecho.
"Recurrir a una institución competente para dirimir una controversia de carácter constitucional no es ningún blindaje", afirmó Hinojosa. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)
— Desde el 5 de abril último, la presidenta Dina Boluarte no brinda declaraciones a la prensa. ¿Por qué ha decidido mantener este prolongado silencio?
No diría silencio, el día de hoy [jueves], hace algunas horas estuvimos en una actividad con un gremio muy importante, los de trabajadores de emoliente, tuvo un diálogo permanente. El lunes estuvo en una masiva actividad dialogando directamente…
— Sí, la presidenta tiene actividades públicas, da discursos, pero no es lo mismo. ¿Por qué no deja la prensa se acerque y le haga preguntas?
Los temas referidos a la gestión gubernamental son tratados, luego del Consejo de Ministros, el primer ministro conjuntamente con los responsables de los sectores involucrados en las principales decisiones brindan conferencias, donde los medios de comunicación realizan preguntas y las inquietudes que tengan. Y por aquellos temas ya muy particulares de la Presidencia de la República, se me ha encargado esta función adicional [la de vocero]. Y para aspectos que revistan una necesidad de una defensa técnica jurídica de la presidente, ella tiene su abogado, quien también absuelve las dudas que puedan tener los periodistas. El derecho de información que pueden tener los ciudadanos, en este gobierno se encuentra plenamente garantizado.
— ¿Es decir, la presidenta no responde a preguntas de la prensa porque quiere evitar que le consulten sobre el Caso Rolex?
No, no, de ninguna manera, porque repito, los aspectos referidos a esas investigaciones forman parte de una defensa técnica que es competencia del abogado. Los aspectos institucionales del gobierno los está absolviendo el primer ministro.
— En abril, la aprobación de Dina Boluarte cayó a 7%, según Datum. Esta cifra es la más baja registrada por un presidente en dos décadas. ¿Qué autocrítica debe realizar el Ejecutivo?
No, [esa cifra) es absolutamente intrascendente para la definición de las grandes políticas públicas en las cuales está involucrado este gobierno. En primer lugar, este gobierno actúa sobre un gran plan. El ciudadano observa y es consciente de lo que se viene haciendo desde el Ejecutivo, tenemos obras de gran envergadura. Luego de la culminación de obras como el puerto de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez, la siguiente etapa de Chavimochic, Chinecas, podemos hacer una larga numeración de obras. El gobierno está enfocado en el desarrollo nacional. Y en el corto plazo, tenemos resultados, aquí en Palacio de Gobierno estuvo presente la directora general de la Organización Mundial de Comercio. Ella ha saludado y felicitado a la presidenta por el manejo macroeconómico. El Perú hoy en día tiene la economía más sólida de América Latina superando a Brasil, México, Chile y, obviamente, a Argentina y Venezuela. Al ciudadano le interesa calidad de vida y esto está generando este gobierno.
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— Usted destaca el trabajo económico del gobierno, pero la agencia S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de Perú de ‘BBB’ a ‘BBB-’. Y también, la pobreza ha crecido. ¿En serio, no hay ninguna autocrítica que pueda realizar el gobierno?
Es que no es cierto, no es cierto que se señale que la calificadora le bajó. Basta hacer un contraste con las economías de los vecinos, veamos cómo están afectando los problemas internacionales a la economía de esos países. Veamos cómo está Venezuela, Argentina, Brasil y Chile en términos macroeconómicos. En estos momentos, el país tiene reservas internacionales netas por encima de US$73.000 millones. ¿Qué significa esto? Qué más o menos es un aproximado del 27% de nuestro PBI actual forma parte de esas reservas internacionales. Este gobierno está enfocado al futuro, estamos trabajando para generar un desarrollo sostenido para el país. Si fuese una administración de gobierno irresponsable fijada en el corto plazo, lo que haríamos es sacar todas las reservas internacionales y hacer un festín y el populismo por encima y podemos tener aplausos a corto plazo.
— Insisto, ¿no hay ninguna autocrítica que realizar? El INEI ha referido que los niveles de pobreza están casi igual que en pandemia.
Se ha señalado y eso es algo que es evidente, las manifestaciones violentas han generado un impacto en la economía y eso se ha dicho. Pero sobre la base de esas dificultades el país sigue avanzando y creciendo [...] Si usted analiza con objetividad más allá de los apasionamientos de la coyuntura diaria, nos vamos a dar cuenta que el país está encaminado y que tiene una dirección y orientación. En primer lugar, estamos hablando de paz social, que nos ha costado. Y, por otro lado, la reactivación económica y más infraestructura.
— Según el semanario “Hildebrandt en sus trece”, la presidenta Dina Boluarte se ausentó a fines de junio del 2023 durante 12 días para realizarse una cirugía estética. ¿Por qué durante esos días no tuvo actividades públicas y oficiales? La firma de documento se puede hacer de manera digital.
Y es que no es la firma de documentos, yo estoy seguro que si usted o cualquiera de nosotros suscribe un documento es porque ha hecho todo un análisis, ninguna persona, mucha menos la mandataria podría firmar un documento como un mero trámite. Estamos hablando de decretos de urgencia, de promulgación de leyes, resoluciones supremas, que implican un proceso de trabajo técnico, jurídico y de gobernabilidad. Los procesos de gestión implican fases, la primera es de planeamiento, luego pasamos a organizaciones y luego la ejecución. Cuando usted aprecia una actividad en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno es que detrás hubo una serie de procesos técnicos que se realizan en gabinete, donde la presidenta viene conduciendo.
— ¿Por qué durante casi dos semanas no se vio a la presidenta en público en actividades oficiales?
El hecho de que una actividad sea pública implica la realización de una serie de procesos técnicos gubernamentales de gestión, que son fases a las que yo le llamó estáticas. En este caso, Presidencia de la República al haber generado decretos supremos viene ejerciendo con absoluta legalidad la función, por lo tanto, no tiene que llamarnos la atención.
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El factor Nicanor Boluarte
— La presidenta Dina Boluarte participó el 25 de marzo en una reunión con Carlos Morán. En esta cita, también estuvieron Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, quien entonces era abogado de la mandataria. ¿La jefa de Estado le ha confirmado su presencia en este encuentro? ¿Por qué fue?
Lo que he podido apreciar y creo que es un hecho de conocimiento público es que el señor Carlos Morán era patrocinado por el estudio jurídico Mateo Castañeda, la presidenta también, de forma tal que no tendría por qué llamarnos la atención de que dos personas patrocinadas por el mismo estudio jurídico en algún momento hayan coincidido en las instalaciones del referido estudio. Pero lo que sí de plano rechazamos desde la Presidencia es cualquier tipo de interferencia a una investigación, cualquier reunión clandestina y secreta es algo que se rechaza.
— Hubo un llamado a Morán por parte de Castañeda para que se reúna con la presidenta Boluarte y su hermano. ¿Usted quiere decir que fue un encuentro casual?
Reitero, desde la Presidencia de la República descartamos cualquier reunión ilegal, clandestina y orientada a interferir proceso alguno, es algo que se rechaza categóricamente.
— ¿No es sintomático que la orden de disolución del equipo policial que respaldó al Eficcop del Ministerio Público se haya ejecutado horas antes de la detención preliminar de Nicanor Boluarte?
Este es un acto administración que se ha realizado cumpliendo las formalidades y sobre todo con la base legal respectiva, esta es una decisión que le compete al Ministerio del Interior, como ya se dijo en su momento sobre la base de los informes técnicos de la propia Policía Nacional.
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— El expresidente Pedro Castillo intentó en diferentes momentos desactivar el equipo especial de la Policía que apoyaba al Eficcop. ¿Cómo se puede interpretar que haya sido Boluarte la que terminó cumpliendo este objetivo de su antecesor?
No voy a emitir comentario alguno sobre las acciones de un presidente de la República, no me compete.
— Según la investigación del Eficcop, Nicanor Boluarte es el cabecilla de “Los Waykis en la Sombra”, red criminal que instrumentalizó a los prefectos y subprefectos para constituir el partido Ciudadanos por el Perú. El Ministerio Público apunta a que la presidenta le otorgó a su hermano “un poder de facto”. ¿Ha sido así? ¿Qué medidas han adoptado en el Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior?
Los hechos que son materia de una investigación fiscal forman parte de la reserva del procedimiento sobre la base del cual se encuentra en un plano estrictamente fiscal y no corresponde emitir pronunciamiento alguno.
— ¿La presidenta Boluarte le entregó “un poder de facto” a su hermano?
De ninguna manera, tanto así que usted está en Palacio de Gobierno y todos los que estamos aquí somos funcionarios del Estado. Desde Presidencia de la República garantizamos que las decisiones gubernamentales son tomadas por los funcionarios competentes, con las facultades establecidas por ley y con los nombramientos, de acuerdo a nuestro sistema jurídico.
El hermano de la presidenta Dina Boluarte- de acuerdo con la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), dirigido por la fiscal superior Marita Barreto- es el presunto cabecilla de la organización criminal Los Waykis en la Sombra.(Foto: César Bueno | GEC)
La convivencia con Adrianzén
— De acuerdo con el portal de Transparencia de la Presidencia, usted, en abril último, tenía un sueldo de S/15,101. Ahí figura que usted renunció a su primer contrato el 28 de abril pasado. Y el 3 de mayo es usted presentado como portavoz de la Presidencia. Y, según Infobae, pasa a ganar más de S/25 mil. ¿Tuvo un aumento de salario por pasar a ser también vocero de Boluarte?
De ninguna manera, el cargo que yo desempeño es jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, este cargo está reconocido en una resolución suprema. Y antes de mi designación, este puesto tiene establecido un régimen de contratación que se denomina PAC, que es para personal altamente calificado. Hay una ley y reglamento que regula los requisitos para poder suscribir ese contrato PAC. Y este régimen se aplica de manera transversal en todos los ministerios.
Los funcionarios contratados por PAC deben cumplir una serie de formalidades. En mi caso, se emite una resolución y asumo el cargo inmediatamente. Luego tengo que presentar un expediente en cumplimiento a la norma. Es decir, acreditar credenciales académicas, mis títulos en Derecho y en Ciencias Administrativas y una maestría. También la experiencia en puestos similares. Entonces, la PCM y el MEF deben cruzar esta información. Una vez concluido el procedimiento, se me remite un nuevo contrato, a través del cual me incorporan al régimen PAC. Mis antecesores también han estado en el mismo régimen.
— ¿Existe alguna incomodidad o discrepancia entre usted y el primer ministro, Gustavo Adrianzén? Se lo comento porque el jefe del Gabinete Ministerial, en reiteradas oportunidades ha referido que él, después de la presidenta, es el vocero oficial del gobierno.
Por supuesto que estamos de acuerdo con ello, y para nada [hay discrepancias]. Al contrario, hay una coordinación, en general, con todos los miembros del Ejecutivo. Pero en la medida de que el jefe de Gabinete Técnico desarrolla sus funciones, circunscrito a las actividades previamente establecidas, no hay ningún tipo de discrepancia. Nosotros suscribimos plenamente las declaraciones del primer ministro, él tiene un mandato constitucional. El presidente del Consejo de Ministros tiene a su cargo la relación con otros poderes. Por eso, cuando se me pregunta sobre eso, no me corresponde. Tampoco defino las políticas públicas. No existe la mínima discrepancia ni superposición de funciones con el primer ministro. Él es el portavoz autorizado del gobierno, quien le habla es jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia.
— ¿Pero usted es portavoz de la Presidencia de la República?
No, no soy portavoz, nunca dijimos portavoz, soy vocero…
— ¿No es el sinónimo de portavoz?
No, no, en derecho y sobre todo en gestión pública existe el principio de legalidad, un funcionario público solo puede hacer aquello que por ley está autorizado. Si realiza una función que no está autorizado por ley incurre en una desviación, una irregularidad. Entonces, cuando hablamos de portavoz estamos hablando de funciones específicas e inherentes del presidente del Consejo de Ministros. Pero cuando hablamos de vocería, se trata de una acción comunicacional. Por ejemplo, usted va donde un ministro, o un asesor, un director general, y estos le dan una entrevista, en ese momento se convierten en un vocero.
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— La figura de un portavoz presidencial es inusual en el Perú. ¿No le resta peso político al primer ministro? ¿Cómo es que puedan convivir?
Es que no hay ningún tipo de colisión, tampoco discrepancias, tenemos absoluta claridad del ámbito de nuestras competencias, de acuerdo a la ley. El presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del Ejecutivo, con funciones claramente establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las acciones comunicacionales que realizó desde mi posición son absolutamente legales. En primer lugar, quien le habla ostenta una posición dentro del Estado, soy el jefe de Gabinete Técnico, existe una resolución suprema que me designa como tal y en el marco de mis atribuciones comunicó las acciones específicas y puntuales de la Presidencia de la República.
— ¿Cómo así la presidenta Dina Boluarte lo elige su portavoz? Usted no es comunicador, sino abogado y administrador.
Bueno, en base a un análisis de la necesidad de comunicar y transparentar con la mayor amplitud las diferentes acciones que se vienen realizando desde el Ejecutivo. Y es cierto, y entiendo la labor de los medios de comunicación, entiendo la cotidianeidad de la política y la necesidad que hay por levantar algunos temas que generen cierto nivel de audiencia y lectores. Pero desde el gobierno hay otra prioridad, necesitamos ingresar a la ciudadanía temas de interés, como la lucha contra la anemia, el uso del arroz fortificado.
— ¿Ha llevado media training? ¿Cómo se ha preparado?
No, pero mi vida profesional está dedicada a la gestión pública, mis estudios […] Cuando uno habla desde el corazón, fluye, no tenemos que estructurar ni mucho menos tener un libreto y entender la gestión pública como el ejercicio de un servicio.
— Según informó “Cuarto Poder”, durante su administración en Qali Warma más de 100 proveedores de alimentos operaban con certificados falsos. Y que usted en vez de denunciarlos, cambió el manual de compras para que no se les inhabilite...
En primer lugar, este tema surge con una comunicación que remite el Instituto Nacional de la Calidad (Inacal), comunica al MIDIS, a Qali Warma y a la procuraduría. Luego, el programa identifica los certificados falsos y comunica a la procuraduría. La denuncia se basa en el testimonio de un empresario que presentó documentos falsos, se le resolvió el contrato y se le impidió que siga contratando con el Estado. Y, además, sobre esos hechos, que vienen desde 2021, la contraloría realizó una auditoría y no estableció ninguna responsabilidad ni administrativa ni de nada en mi contra. Y la fiscalía dispuso que se archive el caso.
