Gobierno anunció proyecto para obligar a medios a difundir sus acciones contra la delincuencia en estado de emergencia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que su sector está trabajando también en un proyecto de norma legal mediante la cual los medios de comunicación tendrán que difundir, en estado de emergencia, las acciones y actividades que se vienen ejecutando desde el Ejecutivo contra la delincuencia.

Se trata de una iniciativa que modifica la Ley de Radio y Televisión y crea una franja informativa para los medios de comunicación.

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El anuncio se hizo desde el denominado “Cuarto de Guerra”, sobre las acciones del Gobierno para enfrentar la delincuencia tras la declaratoria de emergencia en Lima y Callao por el alto índice de criminalidad.

El titular del Minjusdh precisó además que su sector viene llevando a cabo la intervención de los penales de Lima y Callao y los centros juveniles en la ciudad capital, en el marco del estado de emergencia que rige en dichas jurisdicciones.

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“Próximamente haremos varias de estas acciones de control para mantener y ratificar el principio de autoridad en todos los penales del país”, precisó Arana.

La propuesta se da en medio de trabas a las libertades de expresión y de prensa, tal como reveló en un informe, en setiembre del año pasado, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).

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En su informe mensual de libertad de expresión, dicho gremio señaló que aquella vez más del 80% de los casos de agresión a las libertades de expresión y de prensa en el Perú provino del Poder Ejecutivo.

Medida cuestionada

Además, el pasado 13 de marzo el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que eleva las condenas de los delitos de calumnia y difamación y modifica el ejercicio del derecho de rectificación.

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La iniciativa representa una amenaza contra los periodistas y medios de comunicación, advirtió la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV).

La iniciativa plantea modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, para elevar las penas de los delitos de calumnia y difamación. Además, faculta a los jueces a imponer una reparación civil en favor del querellante.