El abogado Daniel Soria acudió este miércoles a la sede de la Procuraduría General del Estado, en San Isidro, tras el fallo del juez Jonathan Valencia López, titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, que ordenó al gobierno de Pedro Castillo ejecutar la resolución que lo restituye como titular de dicha institución. Sin embargo, no se le permitió reasumir su cargo.
Su abogado, Joseph Campos, indicó que Soria ya es el procurador general y cualquier decisión contraria es “desobediencia al mandato judicial” y “usurpación de funciones”. En ese contexto, cuestionó la actitud de Javier León Mancisidor, quien se mantiene en el cargo de Procurador General del Estado.
Hasta el martes pasado, la postura del Gobierno era obedecer la orden judicial de reponer a Soria solo si se confirmaba en segunda instancia.
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El Gobierno lo retiró del cargo de procurador general en febrero pasado mediante una resolución suprema firmada por el presidente Pedro Castillo y el entonces ministro de Justicia y actual primer ministro, Aníbal Torres, horas después de que se conociera que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la contraloría adscrito al Ministerio de Justicia había hallado irregularidades en su designación, realizada en el 2020.
Pero la decisión del Gobierno se dio también luego de que Soria denunciara a Castillo ante el despacho de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el Caso Puente Tarata, aunque desde el Ejecutivo se negó que fuera una represalia.
Recientemente, el juez Valencia resolvió que la destitución de Soria debía anularse por no respetar lo dispuesto por la ley de la PGE para cesar a su titular.
Consultado por El Comercio, el abogado de Soria, Joseph Campos, dijo que de no acatarse la nueva resolución de reposición inmediata, se implementarán las medidas que establece el Nuevo Código Procesal Constitucional, “que incluyen multas, hasta la destitución del ministro de Justicia”. Pero añadió que esperan “una decisión saludable y responsable por parte del Ejecutivo”.
La resolución del juez Valencia señala que esta debe acatarse “bajo responsabilidad funcional y penal que conlleve el incumplimiento a un mandato judicial”.
Además, el magistrado consideró que no hay impedimento para que se revierta la medida en caso se revoque la sentencia en otras instancias.
Postura
De acuerdo con Joseph Campos, Soria “no quiere ser un elemento perturbador, no va a tomar represalias ni nada por el estilo. [...] Tendrá una actuación técnica y legal”.
En tanto, el abogado Javier León Mancisidor continúa en funciones como procurador general del Estado a pesar de que anunció su renuncia al cargo el pasado 9 de octubre.
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Ese mismo día, el ministro de Justicia, Félix Chero, aseguró: “En aras de la gobernabilidad y la institucionalidad democrática, procederemos a tramitar oportunamente la renuncia al cargo del PGE, de acuerdo a ley”. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no acepta oficialmente la dimisión.
Javier León es cuestionado por haber sido investigado por la fiscalía como parte de un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Zevallos ‘Lunarejo’.
Hasta el cierre de esta edición, el ministro Chero no respondió nuestros intentos de comunicación para conocer cómo actuará el Gobierno ante la orden del juez Jonathan Valencia.
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