Dina Boluarte: Advierten que cambios a directiva sobre regalos vulneran el Código de Ética de la Función Pública

La decisión de Palacio de Gobierno de flexibilizar la lista de regalos, donaciones y cortesías que puede recibir la presidenta Dina Boluarte fue defendida el lunes 21 por al menos dos ministros de Estado: César Sandoval (Transportes y Comunicaciones) y Juan Alcántara (Justicia).

Sandoval afirmó que la directiva se refiere a los obsequios que la población tiene por costumbre entregar a las autoridades como reconocimiento. “Si eso está transparentado en una norma, es porque es legal. [...] Nosotros no estamos haciendo nada por debajo de la mesa”, dijo en diálogo con la prensa, desde Chiclayo.

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Por su parte, el ministro de Justicia intentó restar importancia al cambio normativo. “Es simplemente la regularización de una situación”, dijo en entrevista con Canal N. Alcántara aseguró que la medida se sustenta en informes técnicos de las oficinas de Integridad, Administración y Asesoría Jurídica de Palacio.

“Son regalos simbólicos en actos oficiales. Creo que ya está aclarada esta situación. Le pido a la prensa que interprete correctamente lo que dice la norma”, añadió.

La decisión fue oficializada mediante la Directiva N° 004-2025-DP/SSG, publicada a inicios de julio. Esta regula el “tratamiento de regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares en el Despacho Presidencial” y reemplaza una versión anterior más restrictiva.

ESTA ES LA DIRECTIVA:

Entre los cambios más relevantes, la directiva permite a la mandataria recibir obsequios de comunidades rurales durante visitas oficiales, así como regalos entregados por gobiernos locales, regionales, instituciones nacionales o internacionales sin fines de lucro, siempre en el marco de actos protocolares.

Además, se abre la puerta para que Boluarte reciba regalos y cortesías provenientes de su entorno familiar, amical o laboral dentro del Despacho Presidencial, por motivos como cumpleaños, aniversarios, logros académicos o profesionales, conferencias u otras fechas conmemorativas.

La norma también autoriza que funcionarios del Despacho Presidencial puedan aceptar invitaciones, viajes o estadías financiadas por entidades nacionales o internacionales para participar en conferencias, capacitaciones o actividades de trabajo, siempre que lo hagan en representación oficial.

No obstante, especialistas consultados por este Diario coincidieron en alertar que la directiva vulnera la ley del Código de Ética de la Función Pública.

La ley prohíbe a los servidores públicos “mantener relaciones o aceptar situaciones donde los intereses personales, laborales, económicos o financieros puedan entrar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones”.

“Regalos sin límites”

Consultado por este medio, el excontralor general Fuad Khoury señaló que “se abre el abanico para que [la presidenta] pueda recibir donaciones o regalos sin límites”.

Khoury destacó que ningún funcionario público tiene esa ventana abierta. “Si bien el ministro [Sandoval] ha precisado que son regalos relacionados con las costumbres de los pueblos y similares, también tenemos la excepción a la que se refiere el artículo 11”.

El excontralor advirtió que la norma debilita el sistema de control. “Se libera a la presidencia y a todos los funcionarios del despacho presidencial de tener que reportar los regalos, donaciones y cortesías”, precisó.

Al ser consultado si esta directiva vulnera el Código de Ética de la Función Pública, señaló: “La respuesta es sí”. Además, consideró que la medida es riesgosa: “No es oportuno y creo que la están asesorando mal. ¿Qué sentido tiene sacar una norma de esta naturaleza? Ya existe una norma general sobre los regalos, que rige para todos los funcionarios públicos. Y aquí lo que están haciendo es salirse de esa norma general”.

Khoury cuestionó el trasfondo del documento:“Quien redactó la norma desconoce los principios de transparencia y ética de la función pública y le genera un ruido al despacho de la presidencia. O pensando mal, está bien redactado para efectos de buscar que reciban las dádivas que se suelen entregar. Uno va a un pueblo y le pueden regalar un poncho de vicuña que vale tres mil dólares o una orfebrería de oro y plata”.

Finalmente, sugirió una corrección inmediata: “Creo que se debe arreglar precisando el monto. [...] Que pongan un límite”.

Posibles conflictos de interés

En la misma línea, el especialista en prevención de la corrupción Samuel Rotta advirtió que la norma resulta incompatible con la legislación vigente: “Vulnera, en particular, el Código de Ética de la Función Pública, que tiene una serie de disposiciones al respecto. [...] Hay ahí una incoherencia con ese código, que es una ley. Eso claramente tendría que ajustarse”.

Consultado sobre si esto podría abrir la puerta a conflictos de interés, señaló: “Sí, sin duda”.

Rotta explicó que la regulación de obsequios y hospitalidades debe evitar cualquier influencia indebida. “El principio es muy simple: no queremos que se influya indebidamente en la toma de decisiones o en las acciones de una persona con capacidad de decisión. [...] Si introduces una excepción muy amplia o ambigua, en realidad estás desvirtuando el objetivo de la regulación”, dijo.

Citó ejemplos internacionales para ilustrar las buenas prácticas: “En algunos casos hay organizaciones que han tomado a rajatabla que nadie puede recibir regalos. En otros casos hay topes; por ejemplo, nadie puede recibir regalos que valgan más de siete libras en el Parlamento inglés; en otros casos se registra y no será tu propiedad, sino que le pertenecerá a la institución”.

Rotta también advirtió sobre casos en los que los obsequios pueden ser maliciosamente utilizados: “Si al año siguiente de ser elegido alcalde o nombrado director en un ministerio, comienzas a recibir regalos de personas con las que no tenías contacto desde hace más de una década, eso sí genera preocupación. Y en esos casos debería haber al menos una obligación de reportarlo”.

El especialista añadió una advertencia legal: “Si se detecta una situación sospechosa de influenciar indebidamente en una autoridad o funcionario, no solo la Contraloría, sino también la Fiscalía podría y debería actuar, pues se podría estar ante un soborno disfrazado de regalo”.