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No solo por llamada: Santiváñez también le solicitó a Arana favores para “El Diablo” aprovechando los Consejos de Ministros, según resolución judicial
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Las solicitudes que habría hecho, entre agosto y setiembre de 2024, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al en aquel momento titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, para favorecer Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, con el traslado a un pabellón de régimen abierto en el penal El Milagro, de Trujillo, no solo se habrían limitado a una llamada.
En la transcripción de un conjunto de audios, atribuidos a Santiváñez, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, este utilizó las citaciones a las sesiones del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno para hablar con Arana, en la actualidad jefe del Gabinete Ministerial, sobre la situación de Salirrosas.
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Esto se consigna en la resolución judicial de impedimento de salida del país de Santiváñez, del 4 de junio.
El 16 de julio de 2021, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la sentencia en contra de “El Diablo” a 27 años y siete meses de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada por haber sido colaborador de la red criminal Los Injertos de K y K, uno de los brazos de Los Pulpos en La Libertad.
Marcelo Salirrosas fue internado en el penal El Milagro de Trujillo el 29 de diciembre de 2023, siete días después de su captura.
El programa “Panorama” reveló, el último domingo, una llamada del 9 de setiembre de 2024, atribuida a Santiváñez. Ahí le pide a Arana interceder a favor del sentenciado policía para que sea trasladado del Pabellón 15 (régimen cerrado) al Pabellón 13 (régimen abierto). En respuesta, la voz atribuida al primer ministro dijo: “ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”.
No obstante, esta comunicación no habría sido la única. Según la resolución judicial, a través de la cual, se dictó impedimento de salida del país en contra de Santiváñez en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias, este aprovechó encuentros que tuvo con el jefe de Gabinete Ministerial en Palacio de Gobierno y en una cena para insistir en el favorecimiento a su otrora patrocinado. Esto antes de la comunicación grabada.
Por ejemplo, ante la respuesta negativa del Tribunal Constitucional al hábeas corpus y a la aclaración solicitada por Marcelo Salirrosas, con el objetivo de lograr la anulación de su condena, un allegado a la familia del policía le solicitó a Santiváñez que realice gestiones para que sea llevado a un pabellón con “régimen abierto mientras dure el proceso”.
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Según los argumentos de la fiscalía de la Nación recogidos por el Poder Judicial, el entonces ministro del Interior mencionó “pero dime qué lugar y lo gestiono”.
Tras esto, “El Diablo” presentó un escrito y pidió formalmente su reclasificación en el penal. Esta situación le fue informada a Santiváñez.
“Acabo de compartir la nota con el ministro de Justicia”, fue la respuesta que brindó el titular del Mininter a la familia del expolicia preso. Sin embargo, en el documento judicial no se detalla si la comunicación fue mediante audio o un mensaje escrito.
“Estoy justo con el ministro de Justicia”
El 14 de agosto del año pasado, relató el Ministerio Público, el entonces ministro del Interior insistió con un intermediario de la familia de Marcelo Salirrosas que ya había hablado sobre el traslado de pabellón con Arana. “Estoy justo con el ministro de Justicia en Consejo de Ministros […] ahora le comento”, señaló Santivañez en un mensaje que consigna la fiscalía.
Luego de esto, Santiváñez pidió el nombre del penal donde estaba recluido “El Diablo”, así como nombres completos y el número de su DNI. “Me han dicho que van a disponer”, complementó.
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Antes de esa fecha, el cuestionado abogado ya le había enviado un mensaje a los familiares del sentenciado policía, donde les decía lo siguiente: “ya lo pedí al ministro de Justicia, señito estoy esperando respuesta”.
También dijo que “Vinci”, quien aún no se conoce quién es, iba “a hablar con el ministro de Justicia y ya le pedí por Miguel”. “Necesito que me diga exactamente qué cosa quiere, a dónde quiere ir”, añadió.
(Foto: El Comercio)
El 17 de agosto del referido año, Santiváñez les preguntó a los allegados al expolicía sí “aún no lo cambian de pabellón”. “Yo ya hablé con el ministro de Justicia y ya me aseguró que lo cambiaría de pabellón […] Solo estoy esperando que usted me confirme”, subrayó.
En otra oportunidad, los familiares de Marcelo Salirrosas le reclamaron al entonces titular del Mininter por la falta de resultados, a lo que este solo dijo “hoy tengo Consejo de Ministros y le voy a insistir al ministro de Justicia”. “Seño, ahora cenó con el MINJUS y le digo”, expresó.
“Favor con favor se paga” y la devolución
Elizabeth Alvarado, esposa de alias “El Diablo”, ingresó, por segunda vez, al Ministerio del Interior el 9 de setiembre, de acuerdo con el portal de Transparencia de la institución.
Según informó “Cuarto Poder”, uno de sus familiares entró a la oficina de Santiváñez con dos celulares, de los cuales solamente uno fue requisado por la seguridad del ministro. El otro fue usado para grabar una conversación de una hora.
La llamada de Santiváñez, en altavoz, a Arana fue difundida por el programa “Panorama”.
Pero en la resolución judicial que dicta impedimento de salida del país en contra del hoy ministro de Justicia, también se incluye la transcripción del momento en que el ex asesor presidencial afirmó que está analizando presentar un recurso por “incongruencia” de los fallos en el TC en contra de “El Diablo” y que planeaban “acogerse” a la sentencia que favoreció a Eber Juárez Moya, alias “Juárez”.
“Juárez” también fue sentenciado a 27 años y siete meses de prisión por sus nexos con Los Injertos de K y K. Pero el Tribunal Constitucional le ordenó a la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad emitir un nuevo pronunciamiento en febrero de 2024.
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Santiváñez- de acuerdo con el Ministerio Público- señaló en la referida cita que ahora gracias a su cargo [ministro del Interior] tenía más posibilidades de resolver el Caso de “El Diablo”, mencionando sus contactos en el Tribunal Constitucional, que había hecho favores con una “escolta” y que “favor con favor se paga”.
El recurso de “incongruencia” no fue presentado y el 21 de octubre de 2024, un allegado a la familia de Marcelo Salirrosas le solicitó al hoy ministro de Justicia que les devuelva el dinero entregado.
Santiváñez accedió y entre 31 de octubre y el 20 de noviembre de ese año, a través de tres depósitos bancarios, les retornó S/78,400. Este dinero, según el testigo protegido N°02-2025, habría sido para que el abogado busque ejercer influencias en el TC y lograr la liberación del policía.
(Foto: El Comercio)
Precisamente, en un audio difundido por “Cuarto Poder”, el cuestionado abogado le solicitó a la esposa de alias “El Diablo” tiempo para reunir este dinero.
“Señito, qué tal, cómo está, este...un favor, justo acabo de conversar con una persona que me tiene un dinero y dice que recién me va a abonar el jueves. El viernes ya a más tardar le debo estar abonando, por favor, sin falta, ya le he demostrado que no le voy a fallar”, manifestó.
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La hipótesis del Ministerio Público apunta a que Santiváñez continúo ejerciendo como abogado en la sombra del policía condenado a 27 años y siete meses de cárcel, mientras fue asesor, viceministro de Orden Interno y ministro del Interior.
En la audiencia, donde se evaluó el impedimento de salida del país para el hoy ministro de Justicia, el fiscal adjunto supremo Luis Ballón detalló que su oficina ha logrado obtener 77 archivos de audio, 34 imágenes y archivo PDF y más de 1,000 mensajes de WhatsApp que el exministro del Interior intercambio desde su celular con personajes allegados a Marcelo Salirrosas.
La Fiscalía de la Nación investiga a Santiváñez por tres hechos: tráfico de influencias al personal y magistrados del Tribunal Constitucional; tráfico de influencias vinculado al presidente del INPE; y tráfico de influencias vinculado a Arana.
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“No se nos ha entregado el audio original”
Carlos Caro- abogado del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos- dijo que ha revisado la información que les brindó la Fiscalía de la Nación y que en el expediente no está el audio atribuido a su cliente y a Arana. “Si está en la carpeta fiscal, no nos lo han entregado, es difícil emitir un pronunciamiento técnico así”, manifestó.
En diálogo con El Comercio, Caro dijo que, en la audiencia de impedimento de salida del país, solo se leyeron transcripciones y que su defensa ha solicitado la entrega de los audios, al ser consultado sobre si su patrocino solicitó o no en diferentes oportunidades a Arana el traslado de “El Diablo” a otro pabellón del penal El Milagro.
(Foto: Archivo GEC)
/ MARIO ZAPATATambién dijo que será Santiváñez el que decida si asiste o no a un peritaje de voz.
En una entrevista en el podcast “Eso háblalo”, ofrecida la noche del domingo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos reconoció que se reunió con la esposa de Marcelo Salirrosas, cuando estaba al frente del sector Interior. Pero remarcó que también lo hizo con la familia de otros policías procesados.
Santiváñez dijo que la señora le contó que su esposo estaba en el pabellón 15 del penal El Milagro, en Trujillo, “que él había detenido” y por esa razón, “pedía que fuera trasladado” a otro sector. “¿Eso es ilegal? Eso en absoluto es ilegal […] Mi estudio patrocinaba este caso desde el año 2021 o 2022″, agregó.
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Desde el Parlamento, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) ha comenzado a reunir firmas para presentar una moción de censura en contra de Arana, tras la difusión de su audio con Santiváñez.
La parlamentaria afirmó que un primer ministro que “ha violado” sus deberes de probidad, no merece seguir en el cargo. Agregó que Arana y Santiváñez “han buscado favorecer a un delincuente”, en referencia a “El Diablo”, policía sentenciado a 27 años y siete meses de prisión por colaborador con la red criminal Los Injertos de K y K.
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Al cierre de esta nota, ni la presidenta ni el jefe del Gabinete Ministerial se han pronunciado sobre este nuevo escándalo que remece al Ejecutivo.
El ministro de Salud, César Vásquez, en cambio, negó que las grabaciones hayan generado inestabilidad en el gobierno. “Estamos trabajando firmes, más unidos que nunca, estamos acostumbrados. Si cada denuncia implicaría una renuncia, nos quedaríamos sin funcionarios. La presidenta confía y defiende a todos sus ministros”, manifestó.
Por su parte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, dijo que el Gabinete Ministerial “está sólido” y que seguirá trabajando “con miras al desarrollo del país”.
Castro sostuvo que estos audios deben ser tomados “con mucha cautela y responsabilidad”. “Nosotros creemos en la presunción de inocencia del ministro (Santiváñez)”, finalizó.
El punto de vista
El ex procurador José Ugaz consideró que un funcionario de alto nivel no puede hacer gestiones particulares de defensa de un cliente que tuvo antes de ingresar al Estado.
“La defensa por sí misma es incompatible [con el cargo de asesor, viceministro o ministro]. Seguir haciendo gestiones para apoyar a quien fue tu patrocinado con otros funcionarios es tráfico de influencias”, explicó.
En comunicación con El Comercio, Ugaz también dijo que si Arana aceptó realizar el favor solicitado por Santiváñez también constituye un tráfico de influencias agravado, que está sancionado con hasta ocho años de cárcel.
“[Estos audios] son simplemente la confirmación de una actitud sistemática de Santiváñez, que se hizo conocido antes de que la presidenta se le ocurriera nombrarlo como ministros, por ser el abogado de policías o ex policías vinculados a la corrupción y al crimen organizado, ya ese solo hecho debió impedir esa designación. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte lo hizo”, remarcó.
El ex abogado del Estado refirió que en el caso de Santiváñez, el presunto tráfico de influencias “se consuma con la sola llamada” a pedirle a un ministro de Estado el cambio de un reo a otro pabellón.
A su turno, Karla Cárdenas, abogada penalista del Estudio Linares, dijo que se estaría frente a una figura de presunto tráfico de influencias y cohecho por parte de Santiváñez.
“Santiváñez ya es investigado por este hecho, y tiene un impedimento de salida del país. La fiscalía lo que debe hacer ahora, a partir de estos elementos y de que hay testigos protegidos, acreditar que hubo un tráfico de influencias. Y determinar si el dinero [entregado] fue utilizado para interceder en una demanda. Este tipo de conductas no pueden quedar impunes”, expresó a este Diario.
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El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía también refirió que los audios entre Santiváñez y Arana pueden configurar un presunto tráfico de influencias. Y si el hoy primer ministro accedió al pedido del censurado exministro del Interior, esté podría ser investigado por omisión de funciones, de manera complementaria.
Andía advirtió que lo más probable es que el titular de Justicia y Derechos Humanos “vaya a realizar una defensa bastante agresiva” y que busque “invalidar los audios”.
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“Su abogado ya ha salido a decir que los audios deben pasar por un peritaje. La defensa que tendrá será muy agresiva. Pero si se logra corroborar las grabaciones, su caso se complica bastante. Y se debe verificar si la persona [“El Diablo”] fue trasladada o no”, dijo a diálogo con El Comercio.
El origen: detención y sentencia de “El Diablo”
Desde que juró como ministro del Interior, Santiváñez tuvo serios cuestionamientos por su pasado como abogado de policías con problemas judiciales. “¿He defendido a algún efectivo policial involucrado en un acto de corrupción con organizaciones criminales? A ninguno para que usted sepa”, respondió a la prensa en enero último, tras el atentado con dinamita de la sede de la fiscalía en Trujillo (La Libertad).
No obstante, a inicios de marzo, el programa “Panorama” reveló que Santiváñez fue abogado de dos suboficiales de la Policía Nacional sentenciados por integrar la organización criminal Los Injertos de K y K, brazo de Los Pulpos. Ellos son Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo” y Eber Juárez Moya, alias “Juárez”. Es decir, el entonces titular del Mininter mintió.
La madrugada del 18 de agosto de 2016, la Policía Nacional y el Ministerio Público intervino a los sicarios, traficantes de terrenos y extorsionares de la referida red criminal. Se allanaron tres penales en Trujillo y Lima. Y se detuvo a 22 personas, entre ellas a “El Diablo” y “Juárez”. Ambos, de acuerdo a las investigaciones, habían sido colaboradores de Los Injertos de K y K.
El 16 de julio de 2021, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la sentencia en contra de Marcelo Salirrosas de 27 años y siete meses de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada, a raíz de sus nexos con el brazo de Los Pulpos. “Juárez” también fue condenado a la misma pena.
Tras este revés judicial, “El Diablo” contactó con Santiváñez para que lo patrocinara y este presentó una casación ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto la sentencia en contra de su nuevo cliente. No obstante, este fue declarado inadmisible el 17 de agosto de 2021.
El 17 de mayo de 2022, el hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos aparece nuevamente como abogado de ambos policías sentenciados. Interpuso ante del Tribunal Constitucional dos demandas de hábeas corpus en contra de los magistrados de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. ¿La finalidad? Que se deje sin efecto las condenas en contra de sus patrocinados.
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de “Juárez” y le ordenó a la sala emitir un nuevo pronunciamiento, pero rechazó el recurso a favor de “El Diablo”. La decisión fue adoptada el 16 de febrero de 2024 (pero se publicó en el portal del TC el 7 de marzo).
