El ministro de Justicia, Aníbal Torres, es hasta ahora el único integrante del Ejecutivo que se ha pronunciado sobre la designación, como embajador del Perú en Venezuela, de Richard Rojas después de que el Poder Judicial ordenó para él un impedimento de salida del país por seis meses.
“¿Cómo va a ir [a Venezuela] si el señor está impedido de salir del Perú por el Poder Judicial? El presidente no va a violar en absoluto una norma. Si hay esa resolución, no puede ser designado embajador”, dijo anoche en una entrevista con RPP.
Según el ministro Torres, el nombramiento oficial de Rojas no se concretó, pese a que el viernes pasado la cancillería informó que Caracas lo aceptaba como representante diplomático del Perú. El presidente Pedro Castillo no se ha pronunciado aún sobre este caso.
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Richard Rojas fue designado como nuevo embajador de Perú en Venezuela, pero no puede ejercer el cargo después de que el Poder Judicial ordenara seis meses de impedimento de salida del país por el caso de presunto financiamiento ilícito a la campaña de PL. El Estado peruano tendría que cumplir el mandato judicial. Richard Rojas –inicialmente propuesto como embajador en Panamá– es investigado por presunto lavado de activos debido al supuesto financiamiento ilegal a las campañas de Perú Libre.
Iván Lanegra, secretario general de la asociación civil Transparencia, sostuvo que la responsabilidad política en este caso recae principalmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“El nombre [de Richard Rojas] deriva de un acuerdo político dentro del Gobierno, la cancillería es muy cuidadosa de evitar una situación que genere alguna dificultad en las relaciones exteriores. Esta situación sin duda es mala para esa línea de acción que ha tenido siempre la cancillería. Sospecho que habrá alguna corrección”, afirmó.
Asimismo, Lanegra consideró que en adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores debería evitar situaciones como la provocada con el nombramiento de Rojas como embajador.
“No es que no haya habido antes embajadores o embajadoras que derivan de decisiones políticas del Gobierno. Eso ha pasado en todos los gobiernos que recuerdo, la diferencia está en que también en esos casos haces una evaluación de riesgos a fin de no comprometer la línea de la política de relaciones exteriores, para que no haya un problema como el que hemos visto; ahí sí hay una situación que corregir”, sostuvo.
Además, indicó que el ministro Óscar Maúrtua –quien se encuentra en una visita oficial en Colombia– debería explicar las medidas que adoptará “para que algo así no vuelva a pasar”.
“Sí es una situación que no le favorece al país en el plano internacional”, agregó Lanegra.
Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, consideró que el canciller es quien debe dar las explicaciones de lo ocurrido con Rojas.
“Ya había habido este rechazo del Gobierno Panameño y aun así se insistió con Venezuela. Explicaciones en cancillería debería haber y qué solución se va a dar”, aseveró.
Rotta reiteró la importancia de las declaraciones que dé Maúrtua sobre este caso. “Los ministros son los responsables políticos en sus sectores, eso está fuera de duda”, afirmó.
El congresista Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, consideró que la responsabilidad en el caso de Rojas es del presidente Pedro Castillo y del canciller Maúrtua.
“Es un ministro que es embajador de carrera, toda su trayectoria la está dejando cuestionar por un acto que no ha debido recomendar ni aceptar”, cuestionó.
Eduardo Castillo, vocero de Fuerza Popular, señaló: “Es necesario e importante escuchar al señor Maúrtua. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores [Ernesto Bustamante] ha tenido la iniciativa de invitarlo a la comisión para que vaya, esperamos las explicaciones del señor canciller”.
Jorge Montoya (Renovación Popular) opinó que el mandatario y el canciller son los responsables políticos por la designación de Rojas.
Richard Rojas fue designado como nuevo embajador de Perú en Venezuela, pero no puede ejercer el cargo después de que el Poder Judicial ordenara seis meses de impedimento de salida del país por el caso de presunto financiamiento ilícito a la campaña de PL. El Estado peruano tendría que cumplir el mandato judicial. 
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