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Este viernes, la Comisión de Ética del Congreso fue instalada luego de varios días de dilación. Este grupo de trabajo es clave para investigar y sancionar casos como el de Guido Bellido, quien fue denunciado por haber hecho un comentario misógino contra la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País); y el de Héctor Valer (Somos Perú-Partido Morado), quien también agredió con sus comentarios a los legisladores Héctor Ventura y Leslie Olivos (Fuerza Popular).
Sin embargo, los congresistas que integran esta comisión no coincidieron en señalar si el caso Bellido sería prioritario para investigar.
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El grupo de trabajo será presidido por la congresista Karol Paredes (Acción Popular), quien en conversación con El Comercio dijo que no puede opinar de manera adelantada sobre cuándo podrían atender el caso Bellido. “En caso de tener la documentación vamos a tratar los temas, pero no puedo dar un juicio adelantándome”, respondió.
Asimismo, resaltó que el trabajo será en equipo y, por ello, “no puedo emitir un juicio personal”. “Tenemos que tener la información que corresponda. No puedo adelantarme sobre Bellido, ni de Valer, ni otra persona mientras no tengamos los insumos [...] tenemos que tener la información y el pedido”, reiteró.
De otro lado, comentó que la prioridad de la comisión “es recuperar la confianza de la ciudadanía”. Como primera actividad, el grupo armará la próxima semana el plan de trabajo para atender los casos “que lleguen de manera documentada. Lo que se puede garantizar es que no habrá preferencias para nadie”, agregó Paredes.
Sobre la dinámica del trabajo, la congresista señaló que se tendrá en cuenta todos los casos. “Uno por oficio, gravedad, no es solo tiempo sino en función a los que van llegando”, dijo. Además, comentó que aún no tienen ningún caso presentado.
“Nosotros no estamos entrando a blindar a nadie. Queremos hacer un trabajo donde no solo el Congreso sienta la confianza, también la población. Tenemos que emitir las sanciones en función a la investigación”, concluyó Paredes, quien es acompañada en la mesa directiva por la vicepresidenta, María Agüero (Perú Libre); y el secretario Diego Bazán (Renovación Popular).
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Sin puntos en común
La Comisión de Ética es integrada por 17 congresistas de diferentes bancadas, siendo el más numeroso el bloque de Perú Libre.
📣 Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo de sesiones 2021-2023. pic.twitter.com/IXa0ed2GgI
— Congreso del Perú (@congresoperu) September 10, 2021
El congresista Flavio Cruz, uno de los miembros titulares del grupo de trabajo, dijo a este Diario que no podría “adelantar una opinión” respecto al caso que involucra a su también colega partidario, el ministro Bellido.
“No puedo adelantar opinión, menos mencionar nombres de personas. No es correcto en ningún caso”, declaró. Pero añadió que la comisión tiene que respetar el debido proceso y defensa.
Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), también integrante del grupo, respondió sobre el caso Bellido que “si vamos a ceñirnos al tema de la temporalidad, obviamente sí [se debe atender]. En mi opinión personal, sí debería”.
Añadió que su bancada presentó una queja formal por las expresiones del congresista Valer. Durante la sesión del viernes, solicitó se inicie de oficio una investigación en su contra.
De otro lado, dijo que para evitar blindajes la comisión debe “olvidarse de los colores políticos”. “La Comisión de Ética debe ser impermeable, intachable”, concluyó.
El segundo representante de Acción Popular en la comisión, el congresista Luis Aragón, dijo que no tiene “ninguna prioridad. Que vengan los casos que tengan que venir”.
En cuanto al caso Bellido, si debe ser el primero en ser abordado en el grupo de trabajo, respondió que “si ha sido el primero en ser presentado, porque se atiende de acuerdo a la fecha, que sea atendido”.
“Si es que es el primero en ser presentado, que sea atendido”, agregó. Pero reiteró que los pedidos deben estar formalizados en la comisión y tener en cuenta el orden en que se pueden haber presentado.
En tanto, la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú), indicó que “todos los casos son importantes y merecen la misma atención”.
Consultada sobre la situación de Guido Bellido, respondió que “todos los casos son prioritarios. En la Comisión de Ética debemos ver cómo los atendemos con el cuidado y urgencia. Lo que sucedió en la Comisión Agraria [con Valer] también es un caso importante, así que no me atrevería a señalar qué es más importante”.
Adicionalmente, mencionó que cada caso tiene particularidades, pero “habría que ver situaciones donde se presentan flagrancias”, y también que si hay hechos anteriores deben ser tratados. “En el caso de Bellido, está en el debate político y debe ser atendido con el mayor cuidado y prontitud del caso”, finalizó.
Una larga historia de blindajes
Las miradas siempre apuntan a la Comisión de Ética, debido al papel cuestionable que cumplió en los últimos periodos parlamentarios al blindar a los denunciados, ya sea dilatando la vista de los casos o no acordando ninguna sanción, pese a las evidencias.
Las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta recomendar la suspensión de 120 días de legislatura.
Como se mencionó en un anterior informe, el Congreso pasado no sancionó a ningún congresista contra los que se presentaron denuncias ante la Comisión de Ética. Hubo solo dos recomendaciones de suspensión —por 3 y 10 días—, y amonestaciones públicas, pero que no fueron vistas por el pleno del Congreso.
La comisión, además, tuvo dilaciones para continuar con su trabajo. Por ejemplo, el primer informe final de la Comisión de Ética tomó 255 días para ser emitido desde que el caso investigado fue reportado.
En la primera quincena de julio, cuando la Comisión de Ética concluyó su trabajo, archivó seis expedientes relacionados a denuncias contra cinco entonces legisladores. Estos involucraban a Alberto de Belaunde (Partido Morado), Martha Chávez, César Combina (APP), Rosario Paredes y Cecilia García (Podemos Perú). En el caso de Chávez, se trató de la denuncia por presunta discriminación contra Vicente Zevallos.
En cuanto al caso de García, fue por “presuntamente haber revelado el número de celular personal del denunciante e investigar agravios en su contra” y por “presunta agresión verbal a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, durante la sesión del pleno del 8 de marzo del 2021”.
Debido a que se trataba de congresistas que no iban a ejercer funciones en el actual Congreso, los casos fueron pasados al archivo.
Así como hubo demoras, la anterior Comisión de Ética también desestimó al menos 20 casos, muchos de ellos en medio de la polémica. Desde el 18 de junio del 2020, cuando la Comisión de Ética empezó funciones, el grupo ha desestimado más de veinte casos contra congresistas. Además, si bien había 19 investigaciones en proceso, no habían sanciones ejecutadas. Estos fueron los casos archivados durante el Congreso pasado.
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