La justicia plebiscitaria, la columna de Jaime de Althaus

De la misma manera como expresé en su momento que la detención preventiva de Nadine Heredia y Ollanta Humala era un exceso, considero que, con mayor razón aun, porque ni siquiera ha ejercido función gubernamental, la detención preliminar de Keiko Fujimori y otras personas es un abuso. Salvo por razones muy excepcionales, nadie debe perder su libertad si no es después de un juicio que demuestre su culpabilidad. El propio TC así lo ha establecido.

Según Pérez y Concepción Carhuancho: “…se habría constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht…, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (Ejecutivo), beneficios normativos (Legislativo) y/o favorecimiento judicial (Judicial)…”.

Es decir, se acusa por un delito que se consumaría en el futuro (retribuir con obras…) y además controlando el Poder Judicial. ¿Cómo se puede acusar a alguien por algo que no ha ocurrido, que hipotéticamente ocurriría en el futuro? Son alucinaciones.

El meollo del texto, sin embargo, está dedicado a identificar a personas que figuran como aportantes a la campaña y que declaran que no aportaron, otros que no tendrían los medios para el aporte que hicieron, así como dos cocteles y una rifa que, sin mayor prueba, se afirma habrían sido medios para disfrazar el millón de dólares dado por Odebrecht. Pero la defensa ha desvirtuado diciendo que estos eventos ocurrieron en diciembre del 2010 y las supuestas entregas habrían ocurrido luego del 10 de mayo, según un correo del ex funcionario de Odebrecht Luiz Mameri.

Como fuere, si se disfraza el aporte, se presume, entonces, lavado de activos. Pero para que haya lavado de activos, no solo debe probarse la ilicitud de los fondos, sino que quien los recibe debe saber o presumir que tienen un origen ilícito. ¿Podía un partido político conocer el 2010 que el aporte de una empresa como Odebrecht provenía de fondos ilícitos? Por eso, es absurdo que Yoshiyama y Bedoya hayan negado haber recibido el dinero, a no ser que sea por la vergüenza que significa recibir tamaña cantidad de una empresa extranjera, algo inaceptable.

Pero, si no es delito, ¿por qué entonces disfrazar la donación? Por la sencilla razón de que las empresas grandes, que siempre han aportado a campañas electorales, no quieren que se sepa que donaron. Y entonces los partidos simulan otros ingresos. Aquí hay una gran hipocresía, porque siempre ha sido así. Y no es que esté bien, pero no constituía delito si no había narcotráfico o alguna otra actividad criminal en el origen de los fondos.

Aquí se están forzando las cosas para convertir a algunos partidos en organizaciones criminales, algo inadmisible en una democracia, pero que se ejecuta con el aplauso de sectores de la opinión pública y mediática. Nos vamos deslizando al terreno de la justicia plebiscitaria, abanderada por la dupla Pérez-Concepción Carhuancho, donde el debido proceso es reemplazado por una inquisición judicial supuestamente justiciera, muy peligrosa.