Por cerca de dos horas, un equipo de la fiscalía de la Nación, encabezado por el fiscal Orlando Lara Vásquez, realizó una diligencia en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a raíz de los contratos que obtuvieron en el Estado dos allegadas al premier Alberto Otárola tras visitas a su despacho.
La diligencia —que comenzó el martes 19 de setiembre minutos antes de las 9:00 a.m.— también se realizó simultáneamente en la sede de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y el Ministerio de Defensa (Mindef), entidades desde donde giraron las órdenes de servicios por más de S/100.000 a favor de las dos amigas del jefe de Gabinete.
Se trató de diligencias previas de exhibición de documentos, antes de decidirse si se inicia una investigación formal por este caso en el Ministerio Público.
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“El despacho de la fiscalía de la Nación viene realizando diligencias previas a fin de recabar documentación e información en tres entidades (…) Eso es todo lo que se les puede informar, la investigación es reservada”, dijo el fiscal Lara a la prensa tras salir de la PCM.
Sin embargo, fuentes de El Comercio confirmaron que el caso también se está viendo a nivel de la Contraloría General de la República. Desde el lunes, los órganos de control vienen indagando tanto al interior de Devida como del Mindef sobre las órdenes de servicio.
Este diario accedió a los oficios en donde se designó a los dos equipos auditores que estarán a cargo de estas pesquisas en ambas entidades.
#LOÚLTIMO Contraloría también viene indagando en el Ministerio de Defensa y Devida las órdenes de servicio giradas a favor de las amigas del premier Alberto Otárola por más de S/50 mil cada una. @Politica_ECpe
— Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) September 19, 2023
Según el dominical “Panorama”, se emitieron dos órdenes de servicio en marzo pasado a favor de Rosa Rivera Bermeo en Devida —organismo adscrito a la PCM— por un total de S/54.000, una semana después de visitar al jefe de Gabinete en su oficina. La primera fue el 10 de marzo, mientras que la segunda corresponde al 31 de marzo.
Además, en el Mindef se emitieron dos contratos a favor de Yaziré Pinedo Vásquez por S/53.000, después de visitarlo cuando era titular de ese sector, de acuerdo con el dominical. La primera orden se giró el 2 de febrero de este año, mientras que la segunda fue el 3 de mayo último.
NIEGA TODO
Sobre estos casos, el jefe del Gabinete Alberto Otárola aseguró que “no se ha cometido ningún acto irregular” y también que “se está cuestionando de que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios con ellos”.
“¿Qué cosa quieren? ¿Que existan reuniones clandestinas? Qué tiene de malo que una persona se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos, si interesa o no a la institución”, señaló Otárola el lunes en el programa “Nunca es Tarde” de RPP.
Sin embargo, también señaló que a las implicadas las conoció en una reunión y que “no las he vuelto a ver más”. “Lo que sucede es que han cometido el delito de visitar a la Presidencia del Consejo de Ministros”, ironizó.
“Yo recuerdo que hemos hablado de varias cosas, pero muy puntuales. Pero ninguna de ellas tiene relación con ningún servicio para el Estado, eso lo puedo asegurar”, indicó en otro momento.
¿Implicancias penales?
Para los abogados penalistas Enrique Ghersi y Andy Carrión, en este caso se podría investigar el presunto delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Este podría llegar a ser sancionado con hasta ocho años de cárcel, al tratarse de un alto funcionario público el que estaría implicado.
“[Podría configurase] Tráfico de influencias, que podría ser en este caso agravado, que llega hasta ocho años de prisión, tratándose de un primer ministro en funciones. Pero claro, eso está sujeto a corroboración, tiene que haber todo un proceso de análisis de la evidencia”, explicó el abogado penalista Enrique Ghersi a El Comercio.
“La fiscalía puede comenzar investigando el delito de tráfico de influencias, pero eso no implica que si, en el transcurso hay indicio de otro delito, podría ampliarse e incluirse otro. Si hubo un pago (para efectuar contrato), el delito de soborno o cohecho, por ejemplo”, comentó a este Diario, por su parte, el penalista Andy Carrión.
Ambos especialistas coincidieron en que, al tener la prerrogativa de antejuicio, en caso decidirse abrirse una investigación por parte de la Fiscalía de la Nación, solo podría avanzarse hasta la etapa preliminar.
“Claramente lo dice la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros, para ser acusado, requiere que le levanten el fuero. Es decir, hasta la preliminar puede avanzar el Ministerio Público. Pero si ya quiere formalizar una investigación preparatoria, que equivale una acusación ante el Poder Judicial, ahí sí requiere la autorización del Congreso”, acotó Ghersi.
Carrión agregó también que, a nivel de la Fiscalía de la Nación, solo podría tenerse como eventual investigado al premier Otárola, mientras que las pesquisas a las beneficiadas y otros funcionarios eventualmente implicados tendría que verse en una fiscalía común, como la Anticorrupción, en donde se determinaría su responsabilidad.
“Si es que se decide incluir a otros implicados de menor rango, ya esos tendrían que ser investigados por las fiscalías ordinarias, porque no tienen ese privilegio de antejuicio que tiene el premier. (...) Lo que hace la fiscalía, si es que identifica a las favorecidas, es enviar a las fiscalías ordinarias para que ellas sean las que abran investigación”, subrayó.
Sobre las acciones que podría realizar el Ministerio Público, Carrión comentó, por ejemplo, que de iniciarse una investigación preliminar podría, eventualmente, requerirse el levantamiento del secreto de las comunicaciones, a fin de verificar un el cruce de llamadas entre el jefe del Gabinete y los funcionarios a cargo de la emisión de las órdenes de servicio.
“Podría ahí haber ciertas irregularidades que, indiciariamente, demostrarían el privilegio que tuvieron para obtener estos contratos”, aseveró.
En tanto, el abogado penalista Vladimir Padilla consideró que podría configurarse los delitos de peculado y/o colusión, los cuales se sancionan con entre ocho y 20 años de prisión, respectivamente. Agregó que una investigación preliminar podría darse en la Fiscalía de la Nación por hasta ocho meses, y de ahí decidirse si se formaliza o si se archiva.
“[Sobre] Otárola no podría pedir ninguna pedir ninguna medida de coerción, toda vez que para eso tendría que primero levantarse su fuero. En cambio, contra las otras dos personas podría pedir detención preliminar”, explicó Padilla a este Diario.
