Betssy Chávez: ¿cuál es su situación tras la decisión del PJ de rechazar su prisión preventiva?

En tanto, la Fiscalía de la Nación ha anunciado que presentará en los próximos días su apelación por escrito contra esta resolución. Se prevé que allí se insista para que, en segunda instancia, el Poder Judicial imponga 18 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez y el resto de investigados.

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En su resolución leída este miércoles, a cuya versión escrita accedió El Comercio, el titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria determinó que la evidencia presentada por la fiscalía vincula a Betssy Chávez “específicamente con la materialización del mensaje emitido [por Pedro Castillo] para subvertir el orden constitucional”.

Para el magistrado, la exministra no solo estuvo en el despacho presidencial antes, durante y después del mensaje de Pedro Castillo, sino que las declaraciones de testigos y las cámaras de Palacio de Gobierno “ponen de manifiesto una actuación proactiva en favor de la emisión del referido mensaje”.

Esto constituye el nivel de “sospecha grave” necesitado como primer requisito para imponer una prisión preventiva. Sin embargo, el juez consideró que no se cumplió el otro requisito: la existencia de alto peligro de fuga o de obstaculización a las investigaciones. Por ello, solo optó por imponerle comparecencia con restricciones.

El magistrado concluyó que la exministra “cuenta con arraigo domiciliario, familiar, educativo y laboral; que además no se advierte acto de entorpecimiento del presente u otro proceso u investigación”. Para esto, durante el debate entre las partes por el pedido de prisión, se advirtió que había consignado una dirección en Tacna como su lugar de residencia, ciudad donde también -afirmó- trabaja y estudia.

“Si bien la pena a imponerse es grave y el domicilio de la investigada queda cerca en la frontera, tales circunstancias resultan insuficientes para advertir la existencia de un peligro de fuga en la magnitud requerida para sustentar la imposición de una medida de prisión [...] Corresponderá imponer una medida menos gravosa que asegure la presencia y sujeción de la imputada Chávez Chino al presente proceso.”, afirmó el juez.

¿Qué imposiciones implica esta medida menos grave? En esto consiste la comparecencia con restricciones de Betssy Chávez:

En el proceso por rebelión

Reglas impuestas a Betssy Chávez

1

Obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside (el departamento de Tacna) sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. 

2

Obligación de realizar el control virtual por parte del juzgado supremo, el último día hábil de cada mes para justificar sus actividades, iniciando el día 02 de mayo 2023.

3

Obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citada. 

4

Prohibición de comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación. 

5

Pagar una caución económica ascendente a 100 mil soles. El pago debe hacerse en el Banco de la Nación dentro del plazo de 3 días de notificada la decisión que declara consentida o ejecutoriada la resolución.

Esto también se aplica para Roberto Sánchez y para Willy Huerta, con la diferencia de que ellos quedaron prohibidos de salir de Lima y Callao. También varía el monto de sus cauciones: S/ 50 mil para el congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo, y S/ 80 mil para el exministro del Interior.

Para el juez, la prohibición de ausentarse de sus localidades obliga a los investigados “a permanecer circunscritos en el perímetro territorial de su domicilio a fin evitar el peligro de fuga y permitir un control exacto de su ubicación”. “Si los investigados desean ausentarse de la localidad donde residen, se considera idóneo que ello sea autorizado por este juzgado”, detalló.

“Esta regla de conducta es idónea para evitar razonablemente el peligro de fuga [...] [Las reglas] permitirán asegurar los fines del proceso, evitando las dilaciones que pudieran existir por la ausencia del imputado a los correspondientes actos de investigación y los actos que obstaculicen la averiguación de la verdad; no existiendo otro medio menos dañoso que pueda cumplir este objetivo”.

El 8 de marzo, la Superintendencia de Migraciones emitió una alerta informativa preventiva contra Betssy Chávez y los otros dos exminitros, a pedido de la congresista Patricia Chirinos. Por entonces, la denuncia constitucional contra ellos por este caso, que eventualmente permitió pidió prisión preventiva para los investigados, todavía está siendo tramitada en el Congreso.

El 16 de marzo, el mismo juez Checkley ordenó 15 días de impedimento de salida del país a pedido de la Comisión Permanente del Congreso, que seguía tramitando la denuncia constitucional. Sin embargo, dicha medida ya expiró. El Comercio consultó a Migraciones sobre si sigue vigente la alerta, pero hasta el cierre de esta no hubo respuesta. La defensa de la exministra tampoco respondió a una consulta al respecto.

El abogado Jefferson Moreno comentó a El Comercio que la prohibición de salir de una localidad no implica la emisión de una alerta del juzgado a Migraciones. “Normalmente los jueces solo ofician a migraciones solo si hay un impedimento de salida del país, no cuando es una restricción de salir de la localidad. Si pese a la restricción se va, lo que pasaría es que se revoca la comparecencia y se le da prisión”, indicó.

En efecto, en la resolución a la que accedió este Diario no se dispone ninguna notificación a Migraciones, como sí ocurre cuando se emiten órdenes de impedimento de salida del país.

El penalista Julio Espinoza comentó a El Comercio que si un investigado con esta prohibición sale de su localidad sin permiso del juez, “se arriesga a que luego lo requieran o lo persigan por incumplir la regla”. “Pero también es cierto que no existe en el país o en el sistema de la Policia un registro de impedimento de salida del departamento, menos de provincia”, advirtió.

Sobre el cierre de la audiencia de lectura de resolución, la fiscalía apeló la decisión del juez Checkley. Con ello, se prevé que el Ministerio Público insista, en segunda instancia, para que la Corte Suprema imponga prisión preventiva a Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta.

“Los fundamentos [del recurso de apelación] vamos a presentarlos por escrito dentro del plazo y una vez nos notifiquen con la resolución integral”, dijo la fiscal Galinka Meza. El plazo previsto por la ley es de cinco días una vez notificada la resolución. En este caso, según conoció El Comercio, la resolución escrita fue notificada este jueves.

Con el recurso presentado, el juez deberá verificar que cumpla los requisitos formales para admitirlo y elevarlo a la Sala Penal Superior Permanente de la Corte Suprema, que actúa como segunda instancia en este caso. Este tribunal, que es presidido por el juez supremo César San Martín, también deberá admitir el recurso y luego convocará a una audiencia. Se estima que esto tome entre dos semanas a un mes.

Por su parte, la defensa de Betssy Chávez y de los otros dos exministros investigados también han apelado, pero solo para reducir el monto de la caución impuesto por el juez. Sus apelaciones deberán seguir el mismo proceso y deberían ser discutidas en la misma audiencia. En ambos casos, será la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la que tendrá la palabra definitiva.

Otros casos

Betssy Chávez enfrenta otras dos investigaciones y una denuncia constitucional

Hay otros casos que también involucran a Betssy Chávez. El 10 de abril, la fiscal de la nación presentó una denuncia constitucional contra Betssy Chávez para poder seguir investigándola por los presuntos delitos de negociación incompatible (aprovechamiento indebido del cargo) y tráfico de influencias agravado. Es por supuestamente favorecer a familiares de su pareja, Abel Sotelo Villa, con diversos trabajos en el Estado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta este miércoles de la denuncia y se prevé que en una próxima sesión de vote su admisión.

Adicionalmente, la exministra tiene una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito en torno a la compra de un inmueble.