La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), en respuesta a las consultas de El Comercio, contradijo las declaraciones del presidente Martín Vizcarra sobre la licitación que en el 2013 ganó el consorcio Obrainsa-Astaldi, cuando este era gobernador regional de Moquegua.
A través de dos correos electrónicos enviados a este Diario, Unops negó que hubiese elegido al ganador o hecho el estudio de mercado y haber fijado el monto de la obra “Línea de conducción 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego, I etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo”.
Fue el gobierno regional
El último domingo, en entrevista con “Panorama”, Vizcarra negó que la empresa Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) le haya hecho un pago ilícito de S/1′000.000 por dicha licitación y rechazó “categóricamente” la declaración que el aspirante a colaborador eficaz N° 10-2018 dio al fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, y que fue revelada por este Diario.
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Vizcarra señaló que el proceso de licitación por el Proyecto Lomas de Ilo, en Moquegua, que ganó el consorcio Obrainsa-Astaldi, lo realizó Unops y que tenía “completa reserva de todo el proceso”. “Ellos [Unops] son los que llevan todo el proceso y lo mantienen con absoluta reserva hasta que, finalmente, dicen cuál es el ganador. Nosotros, en este y cualquier proceso, no tenemos acceso a la información. ¿Por qué lo hicimos así? Precisamente por transparencia”, agregó.
El Comercio consultó a Unops sobre la licitación que ganó el consorcio Obrainsa-Astaldi y este organismo respondió a través de dos correos enviados el 14 y 15 de octubre último. “La decisión de adjudicar a la empresa ganadora siempre la tiene la entidad, en este caso, el Gobierno Regional de Moquegua (GRM). Unops se encargó de comunicar los resultados de la licitación a la empresa y al Seace, manteniendo informado de esto a la entidad”, respondieron ayer a este Diario.
Indicaron que el proceso fue “por encargo” y que el trabajo culminó con “la asistencia técnica, notificación y la presentación del informe de recomendación para su adjudicación”. Remarcaron que “la administración y gestión total del contrato fue realizada por el GRM”.
El jefe del Estado también ha dicho que “una vez que Unops tiene el expediente y el encargo del gobierno regional, a través del consejo, hacen su propio estudio de mercado y determinan cuál es el costo de una obra de esa magnitud y complejidad”.
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Sin embargo, Unops refutó esta afirmación y aclaró que “no fue responsable de realizar el estudio de mercado o establecer el monto del valor de la licitación”. Indicaron que como parte de la evaluación de ofertas, “analizó la razonabilidad del precio cotizado, mediante técnicas de estimación”, que justificaran el valor de la obra.
Unops precisó que tuvieron “reuniones de coordinación” con el entonces gobernador regional (Vizcarra) y otros representantes del GRM. “Del 2013 al 20, Unops prestó asistencia al GRM en la gestión de licitaciones internacionales”, añadió a El Comercio.
La entidad confirmó, además, la autenticidad de los correos electrónicos que intercambiaron con los representantes del consorcio Obrainsa- Astaldi en el 2014. El aspirante a colaborador eficaz ha entregado estos documentos –todos los e-mails– al equipo especial Lava Jato.
Los correos
Este Diario accedió a los correos enviados entre Unops y Obrainsa-Astaldi antes de la buena pro de la obra. El 4 de noviembre del 2013, Narciso Armas, subgerente de Licitaciones de Obrainsa, recibió un mensaje desde el correo institucional de Karina Ruiz, asociada en adquisiciones de Unops, quien los citaba a una reunión para ese mismo día.
Armas confirmó y precisó que iría con el representante legal común del consorcio, César Bayro Orellana, con Elard Tejeda Moscoso, Giovanni Peirano y Carlos Valderrama. Ruiz respondió que había recibido el correo.
Según pudo conocer El Comercio, el aspirante ha declarado que “en dicha reunión, los funcionarios de Unops les hicieron saber que habían revisado su oferta y, de acuerdo con sus políticas, les solicitaron que la reevalúen para ver si se podría hacer un ajuste de precios y de ser posible que presenten un nuevo presupuesto”.
Las reuniones
Culminada la reunión entre Unops y el consorcio Obrainsa-Astaldi, dice el aspirante, Tejeda “se comunicó telefónicamente [...] con Martín Vizcarra para expresarle su preocupación” por la nueva oferta económica solicitada.
Durante la llamada, según el relato, Vizcarra le hizo saber a Tejeda que se encontraba en Lima, “que estaba informado” de las ofertas a Unops y le ofreció acudir a las oficinas de Obrainsa.
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“Esa reunión se realizó entre los días 4 o 5 de noviembre del 2013”, según el aspirante. De acuerdo a su versión, Vizcarra “fue incisivo” al señalar que la convocatoria se había hecho sin indicar el valor referencial, y “que le iba a brindar una información privilegiada” que consistía en señalarle que el GRM “tenía un presupuesto de S/90′000.000”.
En ese momento, Vizcarra le indicó a Tejeda que para adjudicarles el contrato era “indispensable que presenten una nueva propuesta que no debía exceder los S/81′000.000”. Obrainsa-Astaldi había presentado una propuesta económica de S/86′454.818,06. Vizcarra –dice el aspirante– le indicó a Tejeda que, tras la evaluación de Unops, “le informaban los resultados antes de realizar la adjudicación para que manifieste su no objeción”.
Antes de finalizar la reunión, “Vizcarra le requirió un pago a Tejeda por el apoyo otorgado […] al haberles manifestado el monto máximo a ofertar”. “El porcentaje del 2% solicitado [por el hoy mandatario] equivalía a S/1′016.212,76”, precisó.
El Comercio accedió al documento enviado por el consorcio a Unops con la nueva propuesta. “Esperamos pueda ser aceptada por Unops y por el GRM”, escribieron. Esta era de S/80′981.173,34. El 25 de noviembre del 2013, la Unops, por encargo del gobierno regional, les comunicó que ganaron la buena pro y el contrato con el GRM fue firmado el 6 de diciembre de ese año.
La entrega del millón
El 27 de enero del 2014, el aspirante a colaborador asegura que Tejeda se comunicó telefónicamente con Vizcarra, para indicarle que “ya tenía parte de su encargo y que se apersone a las oficinas de Obrainsa”, en San Isidro. Como Astaldi era el socio mayoritario del consorcio, Tejeda le recomendó a Giacomo Orsatti que conociera a Vizcarra porque era importante. “La reunión se llevó a cabo entre los días 27 o 28 enero del 2014 en las oficinas de Obrainsa”, manifestó. El hoy presidente “fue recibido por la secretaria Carmen Ríos Quintana”.
En la declaración se señala que en esta reunión participaron Vizcarra, Tejeda, Orsatti y Bayro Orellana. Cuando estos dos últimos se retiraron de la reunión, Tejeda aprovechó “para entregar los S/ 400.000 en efectivo dentro de un sobre manila” al entonces gobernador regional. “Vizcarra se retiró con el dinero”, remarcó. El dinero había sido cobrado a través de un cheque del BBVA por el conserje de Obrainsa, Tobías Puerta Gutiérrez.
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El testigo protegido afirmó también “que la segunda entrega de dinero en efectivo fue acordada entre el señor Elard Tejeda y Martín Vizcarra en la primera semana de abril de 2014, la cual se realizó solicitando nuevamente los fondos a Obrainsa para ser atendido con cargo a la cuenta de dividendos de accionistas”. Indicó que “apenas” se confirmó la disponibilidad se procedió a cobrar el cheque N° 000241968 del Banco BBVA Continental, emitido el 4 de abril del 2014 por S/600.000. Este también fue girado a nombre de Puerta Gutiérrez, encargado de cobrar el dinero en efectivo y de entregárselo a Tejeda.
Posteriormente, añade, el gerente general de Obrainsa se comunicó telefónicamente con Vizcarra para informarle que fuera a su oficina. “Entre los días 4 al 7 de abril 2014, por la tarde, se realizó la [segunda] entrega en un sobre manila conteniendo los S/ 600.000 en efectivo, que fueron recibidos personalmente por Vizcarra Cornejo”. En total, a Vizcarra, según el colaborador, se le entregó S/1′000.000 en efectivo.
Alberto Retamozo: la entidad decide a quién contrata
“La entidad tiene la última palabra”, precisó el abogado Alberto Retamozo, experto en contrataciones del Estado. “Unops decide quién termina primero, pero la entidad otorga la buena pro”, agregó.
Remarcó que Unops no hace el estudio de mercado y que se guían del valor referencial que les da una entidad. “Si dicen que no lo han hecho, es porque no lo han hecho. Es un organismo internacional que tiene una serie de normas internas y códigos de ética”, explicó.
Agregó que si la entidad no contrata sin una razón “suficiente y sustentada”, los funcionarios pueden incurrir en responsabilidades. “La decisión tiene que estar fundamentada”, dijo.
La respuesta de Palacio
La Oficina de Prensa de Palacio de Gobierno señaló que lo que dijo el presidente el domingo fue “que Unops es quien hace la evaluación y recomienda a quién adjudicar. De allí para adelante es responsabilidad del gobierno regional”. “También dijo en la entrevista que el valor referencial lo daba el GORE y luego Unops evaluaba bajo esas propuestas y recomendaba”, añadieron.
“El presidente ha ofrecido toda su disposición de dar información que soliciten las entidades competentes. Desde ahora no dará una entrevista únicamente sobre este tema”, agregaron.
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Depende de Unops
El Comercio consultó a la contraloría General de la República sobre estos hechos. En su respuesta señalaron que el “primer problema” es que los organismos internacionales tienen “privilegios e inmunidades diplomáticas, razón por la cual estamos sujetos a su buena disposición de entregarnos la información que requerimos”. Ello a diferencia de lo que ocurre con las licitaciones de obras realizadas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. “Dependemos de la buena voluntad del organismo”, indicaron.
El segundo problema, según refirieron, es que al no utilizar la Ley General de Contrataciones ni ninguna otra norma peruana para realizar el proceso de selección, son los mismos organismos internacionales quienes establecen las reglas con las que se llevan a cabos dichos procesos, “siendo muchas veces muy discrecionales, lo cual en la práctica impide la fiscalización a cargo de la Contraloría, porque no existe un estándar normativo para determinar la legalidad o no del proceso”.
El tercer problema para la contraloría es que este órgano de control supervisa la actuación de los funcionarios públicos. “En los procesos de licitación que son encargados a organismos internacionales, la participación de funcionarios públicos es marginal, porque son los funcionarios contratados por dichos organismos quienes llevan a cabo el proceso de licitación”, concluyeron.
Dato
En esta licitación, se presentaron dos postores: el consorcio Obrainsa- Astaldi con S/ 86′454.818 y el consorcio San Invercon, (conformado por las empresas San Martín Contratistas Generales e Inversiones Construcción e Inmueble Invercom) con S/ 249′100.628,89.
Citas y referencias
- Cuestionario respondido por correo electrónico enviado por Unops el 14/10/2020
- Pregunta adicional respondida por correo electrónico enviado por Unops el 15/10/2020
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