El Poder Judicial evalúa este jueves desde las 5:30 p.pm el pedido del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) de 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Girao y Abel Hurtado, exasesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La misma medida de prisión preventiva pidió contra el abogado José Luis Castillo Alva, los empresarios Mirtha Gonzales Yep y Giancarlo Valer Enciso, el oficial de la PNP Jorge Rodríguez Menacho y el exfuncionario del Ministerio Público Jorge Luis Palomino Quesada.
A todos ellos, el Eficcop los investiga por el presunto delito de organización criminal y otros.
Según la hipótesis fiscal, los siete integraron una supuesta red liderada por Benavides. Esta habría negociado los votos de congresistas a cambio de archivarles investigaciones fiscales y habría direccionado contrataciones públicas a cambio de sobornos.
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Girao, Castillo, Valer, Rodríguez y Palomino permanecen en la carceleta de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en la Prefectura de Lima. Ellos fueron detenidos de manera preliminar el pasado 23 de abril, como parte de la operación Valkiria XI.
Los cinco permanecerán bajo custodia de la Diviac hasta que se resuelva su situación jurídica.
En tanto, Hurtado y Gonzales están libres por decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones, que revocó sus órdenes de detención preliminar la semana pasada.
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluará el pedido de prisión preventiva este jueves 9 desde las 5.30 p.m., en audiencia presencial.
Chávez analizará si en cada caso se cumplen los tres presupuestos para dictar la prisión preventiva. Estos son la existencia de graves y fundados elementos de convicción para estimar la comisión de un delito, que la posible pena a imponerse sea mayor a cuatro años de prisión y que existe peligro de fuga u obstaculización de la justicia.
En investigación
Según la hipótesis fiscal, Benavides contó con Girao como “un operador político en la sombra” ante diferentes congresistas para evitar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo su poder.
Girao también habría recibido sobornos a cambio de gestionar la destitución de fiscales que investigan el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
En tanto, Hurtado es señalado como “operador” de la presunta red criminal. De acuerdo con el Eficcop, “habría participado en proyectos delictivos” para influir en decisiones de congresistas en procesos constitucionales, con la finalidad de “obtener beneficios particulares”.
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El abogado Castillo cumpliría el rol de “coordinador y operador” de la presunta red. Su objetivo, según la fiscalía, fue lograr la destitución de los fiscales que llevaban una investigación en su contra por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Su pareja, Gonzales Yep, participó “activamente en acciones de concertación” para remover a fiscales, de acuerdo con el Eficcop. Además, habría sobornado al oficial Rodríguez para favorecer a Benavides en un proceso que le sigue la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Además, el empresario Valer es señalado de concertar con los exasesores de Benavides para direccionar compras del Ministerio Público. Habría trasladado “las coimas cuantiosas” de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. para ser entregadas a la red de Benavides.
Por último, Palomino, desde la gerencia de logística del Ministerio Público, de la cual era titular, habría concertado con Villanueva y Girao para favorecer a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú con la compra de equipos de cómputo por más de S/7,5 millones.
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