Martín Vizcarra: su segundo juicio por corrupción y los otros nueve expedientes por los que aún debe responder

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Tras cinco años de investigación y un año de juicio oral, Vizcarra Cornejo fue condenado por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, un caso que se remonta a su gestión como gobernador regional (2011-2014). De todo su entramado judicial, este era el expediente más avanzado, y el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional confirmó su responsabilidad por el delito de cohecho pasivo propio.

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Además de la pena de 14 años en su contra —de los 15 que había solicitado inicialmente el Ministerio Público— la justicia le impuso nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/ 2.3 millones por concepto de reparación civil.

Sin embargo, de ambos proyectos en Moquegua, también se desprende un segundo caso judicial que le sigue en avance, y que recientemente superó la etapa de control de acusación. Este expediente aborda los pactos colusorios entre el exgobernador y los representantes de las constructoras Obrainsa e ICCGSA; es decir, no solamente la entrega del dinero, sino toda la trama para concretar el acuerdo ilícito.

En este proceso, el fiscal Germán Juárez Atoche requiere otros diez años de prisión para Vizcarra por el delito de colusión simple: cinco años por el Caso Lomas de Ilo y otros cinco por el Caso Hospital de Moquegua. Y desde la procuraduría también se requiere el pago de más de S/37 millones por concepto de reparación civil.

El pasado 24 de noviembre, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Alcocer Acosta, emitió el auto de enjuiciamiento, declarando la validez formal y material de la acusación presentada por el Ministerio Público.

El abogado penalista Carlos Caro explicó a El Comercio que, tras emitirse el auto de enjuiciamiento, la defensa aún puede apelar y suspender temporalmente el proceso, lo que podría entramparlo por alrededor de seis meses.

De no presentarse tal recurso, el caso pasará directamente a un tribunal de juzgamiento encargado de conducir el nuevo juicio oral. Caro estimó que, al tratarse de hechos similares, la sentencia podría demorar aproximadamente un año.

Agregó que, en caso de una eventual condena, las penas se ejecutarían en paralelo y no podrían sumarse, debido a que no fueron juzgadas en un mismo expediente. En la práctica, ello implica que se descontarían sobre la pena más alta, fijada en 14 años.

“La sumatoria es posible siempre y cuando se dé en el mismo proceso. Pero en este caso al ser hechos relacionados, pero juzgado en paralelo, se va a sentenciar también de forma paralela. Es decir, se ejecuta en paralelo y, por lo tanto, va descontando uno del otro”, aseveró.

No obstante, además de ese caso, hay otro proceso que en estos momentos se encuentra en etapa de control de acusación y que se sigue en la misma región de Moquegua. En mayo de este año, el fiscal anticorrupción de Moquegua, Emilio Salas Apaza, formuló acusación en contra de Vizcarra en el Caso Chirimayuni.

En este expediente, el exmandatario está comprendido en su calidad de exgobernador, junto al exgerente regional —y luego exministro en su gestión— Edmer Trujillo. Se le atribuye haberse apropiado de más de S/238 mil en favor de un consorcio en el marco de la supervisión de la obra Construcción de la Infraestructura de Riego Represa Chirimayuni.

“El investigado tenía conocimiento que el Consorcio Chirimayuni no prestó el servicio de supervisión externa en los meses de julio y agosto del año 2011, sin embargo, permitió que se abone la suma de S/238,777.12 en provecho del consorcio”, se sostiene en la acusación.

Fuentes de El Comercio confirmaron que el caso aún viene siguiéndose en la etapa de control de acusación.

A estos expedientes judiciales, se suman unos cuatro casos que se encuentran en distintas etapas al interior del Congreso de la República y que van desde el presunto delito de falsedad genérica hasta por organización criminal. Este último —cuya pena es la más grave— tiene que ver con el Caso Los Intocables de la Corrupción.

A inicios de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio cuenta de la denuncia presentada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión simple y agravada en contra de Vizcarra.

Según la tesis fiscal, el exmandatario habría encabezado una red que habría direccionado obras desde Provías Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Por ese motivo, en enero de 2024 varios exfuncionarios fueron detenidos.

También obran en el Congreso los casos respecto al Caso Vacunagate y por la adquisición de las pruebas rápidas en la pandemia del COVID-19. En el primero, donde se le atribuye el presunto delito de concusión por su vacunación irregular, también está comprendida la exministra de Salud Pilar Mazzetti. El 4 de noviembre pasado, la SAC aprobó un informe final que recomienda su acusación.

Asimismo, en julio pasado, la SAC también admitió a trámite otra denuncia contra Vizcarra por las irregularidades en la compra de las pruebas rápidas y donde se le atribuye presunta colusión agravada. En este expediente también figuran los exministros Víctor Zamora (Salud) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas).

Un cuarto caso que pesa en el Congreso contra el expresidente está relacionado con el delito de falsedad genérica y de omisión de consignar declaraciones en documentos. Esto, por haber negado que su empresa CyM Vizcarra Ingenieros Contratistas fuera proveedora de Odebrecht.

Finalmente, existen otros tres expedientes en etapa de investigación fiscal. Entre ellos destaca el Caso “Richard Swing”, sobre la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. En este proceso, la fiscalía anticorrupción apeló ante la Corte Suprema una resolución que previamente había rechazado ampliar el plazo de la investigación.

Los otros dos casos se encuentran en etapa preliminar: uno por un presunto aporte de US$ 100 mil a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, y otro por un presunto direccionamiento en favor de Obrainsa cuando Vizcarra fue ministro de Transportes. Ambos están a cargo de la fiscalía anticorrupción.