El archivo del caso Chinchero y el ascenso político de Vizcarra, una crónica de Fernando Vivas

En primer lugar, sí es cierto que Sánchez (fiscal de la nación entre el 5 de julio del 2015 y el 7 de junio del 2018) archivó la investigación contra Vizcarra el 21 de febrero del 2018, un mes antes de que este sucedió a PPK el 23 de marzo. El 21 de febrero nadie sabía cuándo asumiría Vizcarra, pero desde que se frustró el primer intento de vacancia a fines de diciembre, la percepción generalizada era que su presidencia duraría poco. En el Congreso, César Villanueva era el vocero oficial de la coalición vacadora contra PPK y estaba en contacto con Vizcarra, entonces embajador en Canadá. Tan firme era la relación entre ambos que luego Vizcarra lo nombró su primer ministro.

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He escrito al fiscal Sánchez y a su ex asesor Alejandro Silva y no me responden. Sánchez volvió a ser FN por un brevísimo interinato cuando Benavides fue suspendida por la JNJ el 7 de diciembre pasado. Era el más antiguo y debía hacerlo pero su decisión y su estado de salud, según comentan sus allegados, era ceder el lugar al fiscal Juan Carlos Villena. Así lo hizo. Alejandro Silva, tras su temporada en el MP, pasó a ser asesor de Jorge Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el JNE me cuentan que dejó el puesto pero ha vuelto a ser contratado, esta vez como asesor externo. Quien sí me contestó fue el ex premier César Villanueva.

El ex primer ministro de Vizcarra está procesado por, presuntamente, haber recibido sobornos de Odebrecht por unas obras viales que la constructora hizo en la región San Martín cuando él era gobernador. Pasó una temporada en prisión preventiva por ello y ahora, en libertad, espera sentencia. Villanueva me pidió no hablar de su caso, pues las reglas de conducta se lo prohíben, pero contestó mi consulta por teléfono: “No conozco al sr. Alejandro Silva. No logro ubicarlo en la memoria y mucho menos una conversación en ese sentido [de archivar una investigación]”. ¿Conoce al fiscal Pablo Sánchez?. “Me reuní dos veces con él, pero ya cuando era primer ministro, por temas muy puntuales del Ministerio Público”.

Aunque no está mencionado en el relato de Jaime Villanueva, conversé con el fiscal José Domingo Pérez, pues fue él, entonces fiscal del sistema anticorrupción, a quien le tocó abrir la investigación del Caso Chinchero tras un pedido del procurador anticorrupción Amado Enco. No incluyó a Vizcarra, pues era un ministro aforado, pero derivó ese extremo del caso al FN Pablo Sánchez. Esto es lo que me contó Pérez: “No sé cuáles fueron los criterios por los cuáles se le retiró del caso [a Vizcarra]. A mi me pidieron más de una vez informes sobre el caso”. Hago una pausa para aclarar que los fiscales son autónomos para tomar sus decisiones pero, a diferencia del PJ, sus superiores sí les pueden pedir informes sobre lo que han realizado. Por supuesto, llama a suspicacia en interés de sus superiores en estar al tanto del caso. “Me llamó la atención que se le retirara [a Vizcarra]”, me remarcó Pérez y completó su relato: “Cuando subió Pedro Chávarry [reemplazó a Sánchez como FN el 7 de junio del 2018], designó a la fiscal Bernardita Téllez como coordinadora de las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios. Ella reasigna el caso pero no a su fiscalía de origen, a pesar de que yo seguía siendo fiscal anticorrupción; sino a la fiscal Zoila Sueno”.

Pérez había sido asignado al Equipo Especial Lava Jato en julio del 2018, razón por la cual no llamó la atención que el caso pasara a otras manos. Tampoco había llamado mucho la atención que Sánchez excluyera a Vizcarra en febrero del 2018, pues el entonces vicepresidente había tomado literalmente distancia de PPK asumiendo la embajada en Canadá. Se presumía que su relación con el caso era meramente formal y derivaba de su condición de MTC. Pero su participación no era tan simple. No podía serlo ante caso tan complejo. Vizcarra no había firmado la adenda (lo hizo su viceministra Fiorella Molinelli) por la cual el Estado decidió prestar al consorcio Kuntur Wasi el financiamiento que este no pudo obtener a tasas razonables; pero favoreció todo el proceso. La Contraloría objetó este esquema porque desnaturalizaba el concepto de APP (asociación público privada). Ositrán, el ente regulador, sí lo aprobó, pero su presidenta Patricia Benavente renunció y se reveló que uno de sus tres directivos estaba vinculado al lobby del proyecto. Tras el escándalo, la adenda se anuló, Vizcarra fue interpelado y renunció.

En el allanamiento que hizo Pérez de las oficinas de Kuntur Wasi hubo hallazgos que complicaron las cosas para todos. En una laptop perteneciente a José Balta del Río, cabeza del consorcio, se encontraron documentos que este no debía tener: las preguntas del pliego interpelatorio a Vizcarra y copias de un estudio que el Estado había pedido a la CAF, fechadas antes de su entrega formal. Estas evidencias no fueron conocidas por Sánchez cuando excluyó a Vizcarra. Por eso, cuando la fiscal Sueno se hizo cargo del caso y conoció los hallazgos de la laptop, decidió pedir en agosto del 2019, a la fiscal de la nación Zoraida Ávalos, que considere reabrir la investigación al entonces presidente Vizcarra pues había nuevos elementos. Le escribí a la fiscal Sueno y me respondió lo siguiente: “Solo le envié mi formalización en la que le remitía nuevos elementos de convicción para que los evaluara (…) Desconozco lo que resolvió la fiscal de la nación, no le corresponde a ella darme cuenta a mi”.

También busqué a la fiscal Ávalos, pero esta vez no tuve suerte. El resto del caso se los puedo contar gracias al ex procurador general del Estado, Daniel Soria, con quien sí conversé. Soria, por su función, estaba especializado en los casos de altos funcionarios (los aforados) y no se olvidó de Vizcarra y rastreó lo que hizo Sueno. Resulta que el 18 de noviembre del 2020, Ávalos decidió no atender la recomendación de la fiscal Sueno. Según recuerda Soria, el argumento central fue que esta le listó los elementos de convicción pero no los contextualizó. Digamos que aquí hubo un malentendido, sino discrepancia o pretexto, entre el límite de lo que tiene que hacer un fiscal ante un aforado y lo que lo que la FN puede esperar de una subalterna.

Lo que contrarió a Soria es que esa resolución de Ávalos, fechada el 18 de noviembre del 2020 (días después del 9 de noviembre en que Vizcarra fue vacado), no se notificó ni a la procuraduría general ni a la procuraduría anti corrupción. Él recién se enteró de la decisión de la FN un año después, en el 2021, cuando indagó por la suerte del ex presidente. De ahí que decidió formalizar un pedido para que, en atención a esos nuevos elementos ya presentados por la fiscal Sueno, se le reabriera investigación por Chinchero. Lo anunció en un comunicado de prensa. La respuesta fue negativa.

Cuando Zoraida Ávalos afirma que sí llegó a presentar una denuncia constitucional contra Vizcarra, no se refiere al Caso Chinchero sino al Caso Richard Swing. La ex FN Patricia Benavides no metió el diente a Vizcarra y el actual Juan Carlos Villena aún está atribulado viendo lo que sale de la caja de pandora abierta por Villanueva. En el comunicado del MP del jueves 15 en el que se abre investigación a la congresista Ruth Luque y a otros implicados en una de las varias tramas; hay párrafos adicionales que refieren indagaciones “respecto a otros hechos vertidos por Jaime Villanueva” y “otras personas” dejando un amplio margen dentro del cual podría entrar este caso.

Algunos dirán, ‘ya que importa, Vizcarra está más comprometido en los casos de Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, de cuando fue gobernador’. Allí ya está lista la acusación. Y están apareciendo revelaciones abrumadoras sobre su participación en el Caso Los Intocables de la Corrupción y las coimas que habría recibido siendo presidente. Pero ese razonamiento selectivo no puede aplicarse en el sistema judicial. Cada caso importa pues hay hechos y coacusados sobre quienes debemos conocer la verdad. La fiscal Sueno me dijo: “Yo investigué a los no aforados y el caso está con una acusación que envié al PJ, en espera de pasar el control respectivo”. Entre los 13 implicados, están Fiorella Molinelli, entonces viceministra del MTC, Alfredo Dammert Lira del directorio de Ositran, José Carlos Balta, el gerente de Kuntur Wasi, Ximena Zavala, y Patricia Teullet, además de funcionarios del MTC y el MEF.

Finalmente, cabe una nueva investigación para dilucidar si Pablo Sánchez excluyó a Vizcarra del Caso Chinchero por una decisión técnica tomada en su debido tiempo o en verdad quería allanarle el camino a la presidencia. Podría indagarse si recibió presiones a través de uno de sus asesores, o de varios, o de muchos interesados en que Vizcarra suceda a PPK. Entre estos últimos y en lugar preponderante estuvo –ironía histórica- el fujimorimo, entonces aliado del inminente presidente y luego su enemigo mortal.

La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos nos llamó luego del cierre de esta crónica y nos contó su participación respecto a este caso. Nos dijo que, en efecto, recibió un pedido de la fiscal Zoila Sueno para volver a incluir a Vizcarra en el Caso Chinchero, pero esto no estaba debidamente sustentado, pues solo mencionaba tres elementos de convicción. Así se lo explicó al procurador Soria, cuando este se interesó en el caso.

Entonces, Soria pidió formalmente a la FN la inclusión de Vizcarra y Ávalos pidió a Sueno un informe sustentado sobre el tema. Este le fue entregado a la FN el 23 de marzo del 2022, pocos días antes de que dejara el cargo el 29 de marzo.

El 31 de marzo, en un acta de entrega de gestión a Pablo Sánchez (que cumplió un breve interinato hasta que asumió Patricia Benavides el 20 de junio del 2022), Ávalos deja constancia del informe de la fiscal Sueno como tema pendiente. Por cierto, la fiscal Sueno fue promovida en agosto del 2022, en la gestión de Benavides, a fiscal superior en el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales que estaban a cargo de Marco Huamán en lo que duró esa gestión. La posibilidad de que se vuelva a incluir a Vizcarra en este caso está ahora en manos de la gestión del FN Juan Carlos Villena. Documentamos esta parte del relato con el acta de traspaso de Ávalos a Sánchez y su respuesta al pedido de Soria.

El 5 de enero de 2023, mientras el país estaba enfocado en las protestas sociales en contra del gobierno y del Congreso, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, rechazó la solicitud hecha por el procurador general del Estado para reabrir la investigación a Vizcarra Cornejo por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, a raíz del Caso Chinchero.