

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional verá la solicitud de impedimento de salida del país contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el próximo martes 11 de marzo.
Según la resolución a la que accedió este Diario, la sesión se iniciará a las 9:30 a.m. y se requerirá la presencia virtual obligatoria del representante del Ministerio Público, del titular del Mininter y su defensa técnica.
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Ante la eventualidad de inasistencia de su abogado, el juzgado ofició a la Defensoría Pública para que asigne un letrado que asuma la defensa técnica de Santivañez Antúnez ante el pedido de la Fiscalía de la Nación.

El último lunes 3 de marzo el Ministerio Público allanó la vivienda de Santiváñez Antúnez. La diligencia se extendió por más de siete horas y se llevó a cabo sin presencia de efectivos de la Policía Nacional (PNP).
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Al respecto, el ministro precisó que el objetivo de la diligencia era la búsqueda de dispositivos electrónicos que pudieran estar relacionados con la investigación que afronta por el presunto delito de abuso de autoridad.
En este caso, fue el juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, quien autorizó el allanamiento y registro de la vivienda del titular del Mininter.
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El juzgado autorizó no solo el allanamiento a la vivienda y la oficina del ministro del Interior, sino también de otros inmuebles vinculados a otra persona.
Nueva denuncia
“Cuarto Poder” reveló el último domingo que dos testigos protegidos declararon ante la Fiscalía que Juan José Santiváñez recibió sobornos de sus clientes cuando ejercía como abogado, con el propósito de influir de manera ilícita en decisiones judiciales.
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Uno de los testimonios da cuenta de que Santiváñez habría solicitado US$ 60.000 para “arreglar” con los jueces encargados de resolver habeas corpus de un involucrado en el Caso Escuadrón de la Muerte.
Además, menciona a la exjueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, como un contacto clave dentro del Poder Judicial para los presuntos arreglos.
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En otro caso, el actual ministro del Interior supuestamente pidió dinero al general PNP Héctor Javier Amesquita para evitar, de manera ilícita, una medida coercitiva en su contra por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia del COVID-19.
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