El Poder Judicial rechazó la solicitud del expresidente Martín Vizcarra para viajar en calidad de presidente honorario y vocero del partido Perú Primero a las regiones Loreto, Piura, Áncash e Ica.
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Mediante una resolución, la jueza Margarita Salcedo, del 5. ° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, argumenta que Vizcarra Cornejo “se encuentra impedido de organizar un partido político al encontrarse inhabilitado por el Congreso”.
“Declarar infundada la solicitud formulada por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En consecuencia, no autorizo el desplazamiento del referido procesado hacia las regiones de Loreto, por los días 11 al 13 de noviembre de 2023; Piura, por los días 24 al 26 de noviembre de 2023; Áncash, por los días 28 al 30 de diciembre de 2023; e Ica, por los días 12 al 14 de enero de 2024″, se lee en la Resolución N.° 174.
En el documento también se resalta que el exmandatario “se encuentra impedido de ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza”.
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Como se recuerda, Martín Vizcarra tenía la intención de viajar a Loreto desde el 11 al 13 de noviembre, a Piura del 24 al 26 de noviembre y a Áncash del 28 al 30 de diciembre del 2023. Asimismo, pensaba viajar del 12 al 14 de enero del 2024 a Ica.
Vizcarra solicitó permiso para estos viajes debido a que se encuentra con mandato de comparecencia con restricciones. Y es que, debe acatar reglas como el de “no ausentarse de la localidad en la que reside, sin previa autorización de la autoridad judicial”.
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Al exmandatario se le acusa de haber recibido supuestos sobornos por parte de empresas vinculadas al caso ‘Club de la Construcción’ a cambio de los proyectos Lomas de Ilo y ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua.
Por este caso, dicha instancia del Poder Judicial viene llevando a cabo la audiencia de control de acusación contra Martín Vizcarra. La fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión para el expresidente por el delito de cohecho pasivo propio.
