La situación del hermano de Dina Boluarte vuelve a complicarse. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) solicitó 36 meses de prisión preventiva contra un grupo de investigados por el caso conocido como ‘Waykis en la sombra’. Entre ellos está Nicanor Boluarte y el abogado Mateo Castañeda, quien ejerció hasta mayo pasado la defensa legal de la mandataria.
El requerimiento, elaborado por el equipo que lidera por la fiscal superior Marita Barreto, fue presentado el miércoles por la tarde ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), que tramita el caso.
También alcanza a los investigados Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y los hermanos Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar.
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La solicitud fue hecha por el equipo cinco del Eficcop, a cargo del fiscal provincial Carlos Ordaya. Previamente, el Ministerio Público formalizó la indagación, que avanzó a la fase de investigación preparatoria.
El juez Richard Concepción Carhuancho, quien viene conociendo el caso y ya dictó medidas como la detención preliminar de todos los indagados para los que hoy se requiere prisión preventiva, será quien evalue el pedido desde este viernes a las 2:30 p.m.
Parte del requerimiento del Ministerio Público
'Waykis en la sombra'
En este caso, la fiscalía investiga una presunta organización criminal liderada por Nicanor Boluarte. A él se le atribuye haber ejercido un “control de facto”, proveniente de la investidura de la presidenta, para gestar una organización dedicada al copamiento en las designaciones de prefectos y subprefectos en regionales, para que estos recaben fichas de afiliación y aportes económicos para inscribir al partido ‘Ciudadanos por el Perú’.
También se habrían ejercido las “influencias reales” para intervenir en las designaciones o contrataciones en Provías Descentralizado y en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), con el objetivo de “ejercer control sobre las instituciones y obtener ganancias ilícitas”; y se habrían desplegado acciones para neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte a través del abogado Mateo Castañeda, señalado como el “brazo legal” de la presunta organización.
El Comercio conoció que en su requerimiento de prisión preventiva, el Eficcop atribuye hasta cinco hechos delictivos a la presunta organización criminal encabezada por Nicanor Boluarte. Los tres primeros se relacionan a la designación de prefectos y subprefectos en San Martín, en Cajamarca y en otras regiones (Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco).
El cuarto hecho se refiere a las presuntas “influencias ilícitas” en Provías y el IPD. Allí se imputa a Nicanor Boluarte haber “captado y prometido” que Juan José Enciso -investigado en el caso ‘Intocables de la Corrupción’ y hoy testigo protegido- sea director de Provías Descentralizado, así como que Guido Flores Marchán sea presidente del IPD, ambos como “personas de confianza” y para “tener el control” sobre esas entidades.
Sobre el IPD, la fiscalía advierte al menos una designación y siete contrataciones de locadores “a conveniencia de la presunta organización criminal”. En ambas tramas, la fiscalía sitúa al investigado Víctor Hugo Torres Merino, amigo de la infancia de los hermanos Boluarte, como “mando medio” para esos fines. Según consta en el pedido de prisión, Torres Merino se ha acogido a la colaboración eficaz.
Ha declarado sobre cómo las designaciones de prefectos y subprefectos se hacían bajo indicaciones de Nicanor Boluarte, el “apoyo” que tenían que dar estos funcionarios para la “formación del partido”, y cómo él mismo fue favorecido por el hermano presidencial con contratos en el Midis, sector en el que Dina Boluarte era ministra.
Adicionalmente, la investigación cuenta con al menos otros dos colaboradores eficaces y un testigo protegido.
El hecho cinco bajo investigación son los presuntos ofrecimientos de Mateo Castañeda a integrantes del desactivado equipo policial de apoyo al Eficcop , los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano, para “neutralizar” las investigaciones fiscales a Nicanor Boluarte. Por ello, el abogado se le atribuye el rol de “brazo legal” de la organización. Adicionalmente, se le atribuyen otras acciones destinadas a entorpecer las pesquisas del Eficcop.
Los otros investigados para los que se pide prisión preventiva son Jorge Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General del Gobierno del Interior, señalado como “operador”; Zenobia Herrera Vásquez; el exprefecto de Cajamarca Noriel Chingay y el hermano de este, Jorge Chingay. Estos tres son señalados como “mandos medios”.
Mateo Castañeda y Nicanor Bolaurte conversan luego de la revocatoria de sus detenciones preliminares. Foto: Poder Judicial
Este Diario conoció que adicionalmente a estas imputaciones, la fiscalía alega que existe peligro procesal de parte de estos investigados. Es decir, riesgo de que fuguen o de que obstruyan las investigaciones. Estas incluyen presuntos avisos respecto a que el Eficcop iba a allanar la casa o las oficinas de Nicanor Boluarte o las acciones atribuidas a Mateo Castañeda como supuesto “brazo legal”.
Las seis personas para las que se pide esta prisión preventiva previamente recibieron en mayo una orden de detención preliminar por 10 días, que luego fue revocada en segunda instancia.
Aquella vez, la sala de apelaciones consideró que no había suficiente peligro procesal para confirmar esa medida. Por entonces, Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y el resto negaron las imputaciones fiscales y rechazaron pertenecer a una organización criminal.
"No hay justificación"
El Comercio llamó y envió mensajes a Luis Vivanco, defensor legal de Nicanor Boluarte en este caso, para tener su postura frente al pedido de prisión preventiva. Sin embargo, el abogado se excusó de declarar.
Previamente, en declaraciones brindadas a Canal N luego de ser notificado sobre la solicitud de prisión preventiva, el abogado afirmó que esta es “innecesaria”. “No hay una razón que justifique la imposición de una prisión preventiva contra mi patrocinado y menos aún, intentar un plazo de 36 meses. Tengo la tesis personal de que hay una especie de obsesión procesal [del Ministerio Público] contra mi patrocinado y este pedido obedece a eso”.
Vivanco aseguró que Nicanor Boluarte “cuenta con todos sus arraigos” y no ha cometido “ningún acto, ninguna acción que haga suponer que va a entorpecer la acción de la justicia. No se justifica esta prisión preventiva”. En esa línea, remarcó que el Poder Judicial revocó en segunda instancia la detención preliminar de su defendido.
Adicionalmente, el abogado dijo a RPP que solicitarán al juez que la audiencia se aplace, al advertir que el pedido completo de la fiscalía tiene más de 30 mil páginas. Pese a ello, indicó que él y su defendido se presentarán a la audiencia de este viernes y que “cual sea el resultado, mi patrocinado lo va a acatar”.
¿Quién es quién)
En mayo, cuando se dictó la detención preliminar El Comercio publicó un informe sobre quién es quién en la red criminal los 'Waykis en la sombra'. Ahí se detalló lo siguiente:
Jorge Luis Ortiz Marreros
Fue designado como director general de Gobierno Interior del Mininter el 28 de diciembre de 2022. Es decir, cuando la presidenta Boluarte tenía apenas 21 días en Palacio de Gobierno y en medio de las protestas sociales. Tenía como función en la DGIN “planificar y conducir el proceso de designación, capacitación y evaluación de autoridades políticas como funcionarios de confianza”.
Zenovia Griselda Herrera Vásquez
Según la pesquisa del Eficcop tuvo el rol de coordinadora y operadora de los 'Waykis en la Sombra' en la región San Martín. A pesar de no ser funcionaria pública, tuvo como facultad “elegir o seleccionar” a los prefectos y subprefectos de San Martín, Ucayali y Loreto con el objetivo de utilizarlos para la recolección de firmas para el partido Ciudadanos por el Perú (CPP). Era secretaria regional del CPP y conocía a Nicanor Boluarte porque había sido compañera en el colegio de la esposa de este.
Noriel Chingay Salazar
Considerado como “coordinador y operador” de la presunta red. Fue nombrado en febrero de 2023 como prefecto regional de Cajamarca y desde ese cargo captó a una serie de personas de confianza para designarlos como subprefectos “para el copamiento” de esta institución en su región.
La hipótesis del Eficcop también apunta a que Chingay Salazar habría recaudado dinero ilícito producto de cobro de cupos a los interesados en ser nombrados prefectos provinciales.
Jorge Chingay Salazar
El Ministerio Público le atribuye el rol de operador y enlace en los 'Waykis en la Sombra' debido a que “aprovechando el vínculo de amistad y proselitista” con Nicanor Boluarte “participó en coordinaciones ilícitas” para que su hermano Noriel Chingay Salazar sea designado como prefecto regional de Cajamarca.
Tras su liberación, Nicanor Boluarte fue visto el último 28 de julio entre los invitados a la sesión del Congreso en la que Dina Boluarte dio su mensaje a la nación de cinco horas. En tanto, Mateo Castañeda renunció a la defensa de la presidenta. Recientemente, el Eficcop lo denunció ante una fiscalía penal, acusándolo de haber revelado la identidad de Enciso Torres como testigo protegido.
Según un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio, Jorge Ortiz Marreros continuaba coordinando con prefectos, pese a la investigación fiscal y a pesar de haber dejado su cargo en la Dirección General de Gobierno Interior.
