Unos 60 mil casos por corrupción están en grave riesgo por crisis que golpea a las procuradurías

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“Sí, estamos totalmente colapsados. No es humano que cada abogado tenga que atender casi 1.000 procesos. No es justo, no es correcto y no es posible finalmente”, comentó a este Diario el procurador anticorrupción del Cusco, José María Gavancho Ninantay.

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Y aunque su testimonio podría parecer una excepción, lo cierto es que describe una situación de crisis que se repite en las distintas sedes descentralizadas a nivel nacional de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Una situación, sin embargo, que no todos se atreven a contar públicamente debido al temor a las posibles represalias a través del órgano disciplinario. Pero lo que está en riesgo no es algo menor.

En todo el país, hay en la actualidad 59.794 expedientes relacionados con delitos de corrupción de funcionarios, en los cuales esta procuraduría y sus distintas sedes a nivel nacional tienen la tarea de defender los intereses del Estado en cada uno de ellos. Tanto en indagaciones como procesos judiciales. Sin embargo, debido al colapso, el Estado puede quedar ahora en indefensión.

Mediante el Informe N°D000557-2025-JUS, suscrito el 18 de setiembre pasado, el procurador Mario Luna Ramos, encargado de todo el sistema anticorrupción, requirió a la PGE la habilitación urgente de recursos para asegurar la operatividad de las 37 sedes —en la lista, incluye a la sede central ubicada en Lima— durante el período que va de octubre a diciembre de este año.

En el documento, Luna expone la carga procesal de casi 60 mil casos que se viene asumiendo, de los cuales 769 son emblemáticos. “Sin embargo, dicha carga procesal a la fecha se encuentra en peligro de desatención debido a la limitada disponibilidad de recursos presupuestales para la contratación de personal en lo que resta del año 2025”, se advierte en el documento al que accedió El Comercio.

La insuficiencia de abogados por la cuantiosa carga procesal no es un tema reciente. Desde un tiempo atrás la defensa jurídica del Estado en materia anticorrupción viene afrontándose esencialmente con abogados contratados mediante la modalidad de locación de servicios; es decir, por recibos por honorarios y por tiempo limitado. Algo que en sí mismo debería generar alarma.

Según se detalla en el informe, hasta mayo pasado se contaba con 133 locadores (al cierre de 2024, eran 153). En junio, se redujo drásticamente a 32 hasta que finalmente en julio simplemente no se tuvo ninguno. Un hecho que generó una disminución en las acciones para asegurar el cobro de las reparaciones civiles, como se apunta en el documento.

Tras ello, la PGE autorizó la contratación de 108 locadores para el periodo agosto-setiembre. El informe, con fecha 18 de setiembre, alertaba a la gerencia de la PGE que, a partir del día siguiente, comenzaban a culminarse las órdenes giradas, advirtiendo que de no brindarse los recursos la carga por abogado podría llegar a los casi 900 casos en algunas jurisdicciones. Pero los recursos nunca llegaron y lo que se advertía se hizo realidad. O incluso peor.

El caso más crítico es La Convención, en donde actualmente no se tiene ningún abogado contratado para hacerse cargo de la defensa jurídica del Estado frente a los más de 1700 casos en total. “Efectivamente, esa es la triste realidad que estamos atravesando”, dijo el procurador Gavancho al confirmar esta situación.

En su caso, está a cargo tanto del Cusco como de la sede La Convención. Entre ambas sedes de la región, suman más de 4.700 los procesos a atender, por lo que al distribuir la carga entre los abogados que sí se tienen en Cusco dan más de 940 casos por cada defensor. Ante ello, Gavancho ha solicitado la declaratoria de emergencia de esa jurisdicción y el apoyo de la sede central de Lima.

En cuanto a casos por abogados, la situación es crítica también en Cañete, donde cada defensor está a cargo 869 casos en promedio; seguido de Callao, Lima Norte, Loreto y La Libertad, en donde la ratio supera los 750 casos por defensor [ver ranking].

SITUACIÓN DE LAS PROCURADURÍAS ANTICORRUPCIÓN:

En cuanto a únicamente por carga procesal, las sedes que tienen más casos son Junín (3717), Loreto (3014), Cusco (2840), Ayacucho (2772), Áncash (2543), Lambayeque (2512), La Libertad (2141), Puno (2094) y Huánuco (2070), respectivamente. En caso de la sede central de Lima, los más de 7.500 casos se reparten entre 35 abogados, una cifra que pone en evidencia la desigual distribución del personal.

“Los juicios son muy delicados y si no se tienen los recursos se van a empezar a quebrar los casos. El Estado no puede caer en indefensión. Tenemos que hacer malabares, salimos de una diligencia y hacemos hasta de mesa de partes. Estamos colapsados. Son 36 sedes descentralizadas, y todas tenemos el mismo problema”, explicó a El Comercio una de las fuentes consultadas que pidió la reserva.

Pero lo que ha desatado la indignación es la respuesta recibida a lo que se vive. Según varios testimonios recopilados por este Diario, en una reunión interna llevada a cabo la semana pasada, desde la sede central de la Procuraduría Anticorrupción se informó que la PGE había priorizado el presupuesto de los locadores para implementar la mudanza del local de la PGE. Y que esta situación se extenderá hasta diciembre.

“Dijeron: no hay plata y que probablemente esto va a ser hasta diciembre. ¿Una mudanza es más importante que contratar abogados para defender al Estado a nivel nacional? Indignó a todos”, cuestionó otra de las fuentes consultadas.

Este Diario se comunicó con el procurador anticorrupción Mario Luna; sin embargo, evitó brindar comentarios para este reportaje alegando no tener autorización y derivó al área de comunicaciones de la PGE.

Este Diario solicitó una entrevista con la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, pero no fue posible. A través de respuestas por escrito, la PGE indicó que ante el informe emitido por la procuraduría anticorrupción se ha reiterado este martes al Ministerio de Justicia que, a su vez, gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de recursos adicionales, vía crédito suplementario.

Según se indicó, la procuraduría anticorrupción cuenta con 204 plazas de personal —202 bajo la modalidad CAS, 1 bajo el DL N°276 y 1 bajo la Ley Servir— “cuyo financiamiento de la planilla anual se encuentra presupuestado”. Y que el plazo de aprobación del financiamiento para la contratación de servicios profesionales adicionales se encuentra supeditado a la aprobación de recursos adicionales por parte del MEF, lo que se requiere desde julio.

Asimismo, se negó que se haya redirigido presupuesto de la procuraduría anticorrupción, el cual —se indicó— representa el 23% del propuesto total de la PGE. “No se ha redirigido o desfinanciado el presupuesto de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. El monto destinado a la mudanza del local institucional se encuentra programado por la PGE”, se puntualizó.

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¿Qué acciones ha tomado la Procuraduría General del Estado tras la emisión de este informe elaborado por la Procuraduría Anticorrupción? ¿Por qué, pese a la gravedad de lo descrito, aún no se concreta la contratación del personal necesario y se sigue poniendo en riesgo los casos?

Con la finalidad de reforzar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, mediante oficio N° D00151-2025-JUS/PGE-PG de fecha 30/04/2025 se propuso al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) un proyecto de Decreto Supremo para una transferencia de recursos a favor de la Procuraduría General del Estado (PGE) por el monto de S/ 886 957, destinado a financiar intervenciones de la Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado en las investigaciones y procesos en materia de criminalidad organizada. Dicha solicitud fue atendida con el DS N° 177-2025-EF el 23/08/2025.

Adicionalmente desde el mes julio se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación de recursos hasta por el monto de S/ 11 millones, destinados a financiar la operatividad institucional y el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General del Estado. Dicha solicitud se encuentra en evaluación.

Además, se encuentra en trámite una solicitud de recursos adicionales por S/ 1.1 millones al MINJUSDH, en el marco del artículo 18.1 de la Ley N° 32185, para el financiamiento de la implementación de políticas públicas de lucha contra la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, entre otras.

Finalmente, ante lo informado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción con el Informe N° D00587-2025-JUS/PGE-PPEDC, se ha reiterado al MINJUSDH, mediante Oficio N° D000405-2025-JUS/PGE-PG, de fecha 07/10/2025, se gestione ante el MEF, la asignación de recursos adicionales mediante crédito suplementario, que incluye el financiamiento para la contratación de servicios profesionales para la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Además, con el Informe N° D00545-2025-JUS/PGE-OPPM se da respuesta a lo informado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

Cabe resaltar que, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, cuenta a la fecha con 204 plazas de personal, de las cuales 202 se encuentran contratadas bajo la modalidad CAS, 01 bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 276 y 01 bajo la modalidad de la Ley SERVIR, cuyo financiamiento de la planilla anual, se encuentra presupuestado.

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¿Cuál es el plazo estimado para la incorporación de los locadores requeridos?

El plazo para la aprobación del financiamiento para la contratación de servicios profesionales adicionales, mediante locación de servicios, para la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, se encuentra supeditado a la aprobación de la asignación de recursos adicionales, vía crédito suplementario, solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas, en julio de 2025.

Sin perjuicio de ello, se viene gestionando ante el MINJUSDH la asignación de recursos adicionales en el marco del artículo 18.1 de la Ley N° 32185, para el financiamiento de la implementación de políticas públicas de lucha contra la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, crimen organizado entre otras.

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¿Se ha iniciado algún procedimiento administrativo-sancionador a raíz de esta situación, considerando el impacto que podría tener en el sistema de defensa jurídica del Estado?

El procedimiento administrativo sancionador, conforme a la Ley N° 27444, se inicia cuando existe una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia, es decir por una posible infracción funcional o incumplimiento legal.

Considerando que la PGE cuenta con un presupuesto de S/ 105,3 millones, el cual se encuentra comprometido en 94% y ejecutado en 70%; por toda fuente de financiamiento. El saldo por ejecutar (S/ 32 millones), corresponde a la planilla de personal por pagar entre los meses de octubre y diciembre (S/ 23.5 millones) y obligaciones contractuales (en bienes y servicios) por S/ 8.5 millones para el mismo periodo. En lo que se refiere a la especifica de gasto “Locación de servicios realizados por persona natural” cuenta con una ejecución del 82% a la fecha y corresponde a servicios que cubren las necesidades de toda la PGE.

En este orden de idea, no existe un incumplimiento en la ejecución de los recursos y aquellos que resultan necesarios han sido solicitados por los mecanismos que prevé la normatividad vigente.

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¿A dónde fue destinado el presupuesto originalmente previsto para contratar a dicho personal? Según distintas fuentes recogidas por este Diario, desde la Procuraduría General del Estado se habría informado a la Procuraduría Anticorrupción que dicho monto fue redirigido para cubrir los gastos asociados a la mudanza del local institucional.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción cuenta con un presupuesto de S/ 24.1 millones, el cual representa el 23% del presupuesto total de la Procuraduría General del Estado. Dicho presupuesto asignado, cubre el financiamiento de la planilla anual de 204 plazas de la citada procuraduría, bajo la modalidad CAS, Decreto Legislativo N° 276 y Ley SERVIR.

No se ha redirigido o desfinanciado el presupuesto de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. El monto destinado a la mudanza del local institucional se encuentra programado por la Procuraduría General del Estado.